Cada entidad federativa establece en su marco jurídico los límites y alcances de los acuerdos que celebran con actores privados, por lo que los especialistas sugieren establecer criterios básicos generalizados que faciliten la colaboración.

► Por David Ramírez Vera
Fotos: DREAMSTIME

El contexto social en el que se encuentra el país exige que los procesos que fomentan el uso de la tecnología y digitalización en el gobierno se realicen con mayor velocidad. Es por lo anterior que los institutos públicos encargados de la creación de proyectos tecnológicos y de innovación en los estados se vean sobrepasados, tanto por los recursos que les son destinados como por los trabajos que se tienen que realizar para impulsar esa área.

La innovación tecnológica implica un constante cambio y una aceleración paulatina en la investigación, desarrollo y adaptación de conocimientos a las realidades de cada región y la difusión de lo ya descubierto.

Una de las alternativas que pueden aprovechar las instituciones de innovación y desarrollo tecnológico son los convenios de colaboración, que se han vuelto cada vez más constantes. Netzer Díaz, Director General del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) asegura que el esquema de colaboración es una alternativa viable, en la que “los institutos locales y estatales de innovación tecnológica han podido dar solución a ciertas problemáticas e impulsar el desarrollo.”

En México hay estados y municipios que no cuentan con los recursos necesarios para implementar proyectos de innovación tecnológica o digital, es por ello que “en coordinación de gobiernos estatales y municipales ha sido posible llevar a cabo innovaciones tecnológicas y digitales”, comenta Netzer.

TERRENO PAREJO

Las asociaciones realizadas por los institutos estatales de innovación y tecnología obedecen a la necesidad de desarrollar ese tipo de proyectos, que con recursos propios son difícilmente ejecutables, por ello es que en colaboración con otras instituciones públicas, universidades y la iniciativa privada se generan acciones que permiten acortar la brecha digital en regiones donde sería difícil lograrlo con recursos propios.

Los convenios de colaboración entre gobiernos locales y actores privados pueden abarcar varios objetivos, desde ofrecer incentivos laborales a la población, así como para el desarrollo de talentos, la creación de proyectos de inversión en infraestructura, hasta el aprovechamiento de tecnologías de la información para potenciar el turismo.

Algunos ejemplos de estos acuerdos son el convenio que la empresa Cartwheel Galaxy Inc. firmó con el gobierno del estado de Durango para invitar a jóvenes egresados a desarrollar su potencial en nuevas tecnologías; el convenio de colaboración que concretaron el gobierno de Yucatán y la empresa Cisco Systems Inc. para trabajar de manera conjunta en el proceso de digitalización del estado y el convenio entre el gobierno del estado de Guerrero y la plataforma digital de comercio de habitaciones y departamentos Airbnb para, entre otras cosas, para promover la llegada de visitantes y diversificar la oferta turística.

No obstante, la celebración de convenios de este tipo también debe superar barreras de carácter administrativo, ya que como apunta Patricia Elena Gracia Herrera, Directora de Servicios Tecnológicos del estado de Oaxaca, cada entidad establece en su legislatura y en sus reglamentos los límites y los alcances de los convenios.

Con respecto a lo anterior, Netzer Díaz asegura que el CIAPEM trabaja para que existan reglas básicas generalizadas que faciliten la colaboración, incluso entre los estados, “sin olvidar ni minimizar los puntos principales que se tienen que cuidar, como el uso de información privada de los ciudadanos, información de uso exclusivo del gobierno que pueda llegar a favorecer a terceros y en los descubrimientos.”

Una de las demandas más importantes de la ciudadanía tiene que ver con la eficiencia de los servicios y trámites que se realizan en las oficinas de las dependencias de gobierno; llevar a cabo un trámite ante las instancias gubernamentales correspondientes es un proceso que, según información del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su Índice de Competitividad Estatal y Urbana 2018, es ineficiente y en el que se requiere un inversión importante de tiempo. La digitalización de los gobiernos estatales y municipales es una de las recomendaciones que se destaca en dicho estudio para que una entidad pueda ser competitiva.

“La conversión de un gobierno de papel a un gobierno digital es una realidad que tiene que ser adoptada por los gobiernos municipales y estatales para prestar un servicio de mayor calidad y con una experiencia satisfactoria para los usuarios, es decir, los ciudadanos que cada día fomentan la intercomunicación con las autoridades por medio de los aparatos electrónicos”, apunta Netzer.

Según información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los trámites en México son demasiado complicados: 73 por ciento de ellos requirieron más de dos horas en su elaboración y más de una hora de interacción con el servidor público para finiquitarlos, lo que impide que el gobierno destine esfuerzos en otras áreas.

“Desarrollar plataformas electrónicas gubernamentales que sean accesibles y amigables con los usuarios y adecuadas para todos los servicios, así como trámites que puedan ser efectuados por esa vía, es una necesidad que los ciudadanos demandan”, lo cual, sostiene, no representa que la totalidad de los servicios deban ser realizados forzosamente por esa vía, sino que puedan hacerse de ambas formas.

ALCANCES Y LÍMITES

Patricia Gracia Herrera asegura que los convenios de colaboración han dado buenos resultados, una muestra es que hoy día “se han suscrito convenios colaborativos con institutos académicos, con privados y con otros actores públicos. Oaxaca se encuentra en una ruta de digitalización con el propósito de automatizar y mejorar los servicios a la ciudadanía, lo que nos lleva a un cambio de paradigma con respecto al uso de las tecnologías”. Contar con visiones y puntos de vista diferentes que fomenten un mayor desarrollo es una de las principales características con las que se ha encontrado la realización de los convenios, apunta la funcionaria.

“Entre las consideraciones que se toman en cuenta para poder acercarnos y concretar un convenio de colaboración, ya sea con un actor privado o público, destaca que tengan una autoridad en el ramo y representatividad académica reconocida. En la iniciativa privada, buscamos que sean expertos en temas de tecnología a una escala mayor, y principalmente nos regimos por la ley de adquisiciones, con la cual se piden especificaciones técnicas y que cumplan con las características requeridas para cada situación, certificaciones y experiencia del personal involucrado en el área a desarrollar”, asegura Patricia Herrera.

Siguiendo el ejemplo de una universidad, ya sea pública o privada, “tiene que ser reconocida por el estado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre su matriculado debe tener carreras relacionadas con las tecnologías, posteriormente se establece comunicación con las autoridades académicas para ver cuáles son los intereses en común y así se determina si se debe o no continuar con el proceso. En cuanto a la iniciativa privada, el acercamiento se puede dar por medio de licitaciones, concursando únicamente quienes cumplan con los requerimientos establecidos conforme a la ley”.

Con los privados el tema es más complejo, ya que “la línea entre una colaboración con la iniciativa privada y que se pueda convertir en un proyecto o una relación de servicios de índole contractual y comercial es muy delgada, por lo que hay que ser más cuidados, determinar hasta dónde podemos involucrarnos sin que el convenio se preste a otros usos y cuidar la información delicada tanto de los descubrimientos del proyecto como de los ciudadanos”.

Se tiene que prestar atención en la legislación propia, continúa Patricia, “qué es permitido y hasta dónde, cuidando de no vulnerar ni pasar más allá de lo que la propia legislación concede, se debe cuidar que no se dé información privilegiada que pudiera favorecer a un tercero sobre los demás”.

En cuanto al gobierno entrante, “no ha habido cambios circunstanciales, por lo menos en lo que a Oaxaca se refiere, nosotros seguimos trabajando como se ha hecho, si se llegan a dar los cambios no representa disminuir los esfuerzos, el estado tiene un proyecto a futuro y una agenda establecida de trabajo”.

Algunos tips Para complementar de manera existosa la generación de convenios entre la iniciativa pivada y los gobiernos estatales, en materia de innovación, los especialistas recomiendan: ► Generar acercamientos entre los institutos públicos de innovación y las universidades e institutos tecnológicos. ► Aprovechar el conocimiento de los expertos para generar una visión diferente y fresca de las soluciones a los retos que se buscan superar. ► Elaborar un catálogo de necesidades, con la finalidad de analizar las estrategias que se pueden resolver de manera independiente, y determinar cuáles requieren acciones conjuntas entre institutos, universidades e iniciativa privada. Fuente: Elaboración propia con información de los especialistas entrevistados.