Inaplicable ley migratoria.

por | Ene 1, 2013 | Enero 2013, Expediente Abierto | 0 Comentarios

Carlos BustamanteLa nueva Ley de Migración es una iniciativa avanzada con muchos aspectos positivos para garantizar el derecho a la seguridad personal de los migrantes, sea cual sea su situación jurídica en nuestro país.

Sin embargo, el estatuto legal adquiere una pesada y costosa responsabilidad que la hace inoperante en los municipios por donde corren las rutas de tránsito hacia Estados Unidos, además de que contradice el espíritu de garantía y protección de los derechos humanos con el que se creó, afirman autoridades locales, investigadores y organizaciones civiles.

Carlos Bustamante Anchondo, alcalde de Tijuana, Baja California, y presidente de la Comisión Binacional México-Estados Unidos para asuntos locales, de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), celebró que la Ley obligue al Estado Mexicano a garantizar la seguridad de los migrantes, pero aclara que “la Federación debe absorber los gastos que significa apoyar a los extranjeros, porque los municipios no tenemos facultades ni dinero para cubrirlos”.

Extranjeros alojadosEl 28 de septiembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley de Migración, que entre otros aspectos incluye plazos y procedimientos para la entrega de visas y condiciones migratorias a los extranjeros en nuestro país, procedimientos especiales para mujeres, niños y ancianos, así como las etapas de los controles de confianza que se deben aplicar a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).

Adolfo LabordeAdolfo Laborde Carranco, director de la carrera de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, considera que la Ley y su reglamento cumplen más con el interés del gobierno de México de respetar los compromisos establecidos en el Plan Mérida —firmado con Estados Unidos que los derechos humanos de los extranjeros, mayoritariamente centroamericanos.

La Ley de Migración “institucionaliza una política de control policiaco, pues ante la situación actual de Centroamérica se ve difícil que un ciudadano hondureño de bajos recursos solicite un permiso para transitar por nuestro territorio, y en el supuesto que se lo den, es obvio que México tendría que compartir con el gobierno estadounidense la identidad de esa persona, para cotejar si es una amenaza terrorista o del crimen organizado”.

Lo anterior va a ser un trámite muy difícil y complicado, por lo tanto los flujos de extranjeros van a ser los mismos, por las rutas conocidas, acota el a cademico.

IGNORAN A MUNICIPIOS.

Carlos Bustamante, quien es copresidente de la Asociación Binacional junto con el alcalde de El Paso, Texas, John Cook, considera que la ley reformada cuenta con principios loables, como el hecho de que, independientemente de su situación legal, los migrantes tengan derecho a servicios de educación y salud, así como a la procuración y administración de justicia.

Sin embargo, advierte que dichas estipulaciones son difíciles de aplicar si no hay dinero en los ayuntamientos por donde transitan los migrantes.

El alcalde asegura que “en las condiciones actuales los municipios fronterizos están imposibilitados para alojar a todos los migrantes que a diario son deportados. Por ejemplo en Tijuana son menos de 500, ya que han bajado a 350, esto sin contar con que ahora sí nos dice Estados Unidos si son criminales o no”.

La pasada administración federal —que emitió la nueva ley— “no quiso escuchar a los munícipes, ni tampoco reconocer las limitaciones presupuestales, sin contar los problemas de inseguridad que dejan a las localidades personas que fueron deportadas y que sólo traen consigo su camisa en la espalda, mientras que la familia y el empleo se quedó en Estados Unidos”, comenta el munícipe.

Carlos Bustamante agrega que el desempleo en la Unión Americana ha disminuido los cruces fronterizos, pero que han recrudecido los patrullajes en la frontera norte, por lo que los hondureños, salvadoreños y nicaragüenses optan por quedarse en México, lo que a su vez implica alimentarlos, vestirlos y curarlos.

“Esperamos que el INM venga aquí y no se queden nuestras observaciones nomás en el escritorio. Estamos muy optimistas de que el nuevo gobierno lo hará, porque es el primero que recibe a los alcaldes y nos habló de un gobierno municipalista”, refiere el tijuanense.

PRIMERO, DEPURAR AL INM.

Brend ValdésBrenda Valdés, coordinadora del Programa de Migración, Desarrollo y Ciudadanía Binacional de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, considera que si bien la nueva Ley de Migración es un gran acierto, ojalá que se pueda cumplir. “Habrá que empezar con la depuración del INM y después su profesionalización, y tener mucho más cuidado con el proceso de selección para evitar que se cuelen criminales.”

La experta considera que el gobierno de Enrique Peña Nieto será el que evalúe los resultados, por lo que habrá que esperar para juzgar ampliamente la Ley y conocer quién estará a cargo del INM.

Brenda Valdés estima que la nueva Ley es un avance jurídico para el país, pero considera que se limita a ser un control o gestor de los flujos de personas. En su opinión, el Reglamento le permite al estatuto legal tener sentido operativo, pero se queda atrás en lo referente a solucionar de manera definitiva la violación de los derechos de los migrantes.

COMBATIR LA TRATA.

TrenEn este sentido, Bustamante Anchondo es de la opinión de modificar nuevamente la Ley, para que el Gobierno Federal se haga cargo de su operación financiera y no se la delegue a los gobiernos municipales.

Hasta el cierre de esta edición, los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) analizaban la posibilidad de hacer comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del INM, para que presenten un informe sobre casos de secuestro en masa y violación a los derechos humanos de migrantes.

En lo que se enviaban los exhortos, la senadora Luz María Beristain Navarrete señaló que los funcionarios del INM están directamente involucrados en la trata de extranjeros. “Ellos lo están promoviendo”, acusó ante la prensa.

Mara Rivera

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