A diferencia de lo que ocurre en Francia, España o Argentina, la asociación entre ayuntamientos en México no es una práctica común

En los últimos 40 años se han aprobado una serie de reformas constitucionales para asignar y quitar funciones entre los diferentes órdenes de gobierno, lo cual derivó en que los municipios se encargaran de la prestación de diferentes servicios públicos.

Por ejemplo, derivado del Acuerdo Presidencial del 29 de octubre de 1980 y la Reforma Constitucional de 1983, los municipios asumieron la responsabilidad del abastecimiento de agua potable y saneamiento, que antes estaba en manos del Gobierno Federal. Algo similar ocurrió con la recolección de residuos sólidos y alumbrado público.

Asociación entre municipios de un mismo estado
Procedimiento: 1.-Los cabildos designan una comisión de síndicos regidores que emite una justificación de la asociación y elabora un anteproyecto de convenio de asociación y reglamento.
2.-El dictamen y el anteproyecto de convenio y reglamento son sometidos a aprobación del cabildo.
3.- Se firma el convenio
4.- Se instalan los órganos internos.
Fuente: Inafed.

Sin embargo, hay casos de municipios que, por sí solos, carecen de los recursos, infraestructura y capital humano para cumplir en tiempo y forma con esos grandes retos, sobre todo cuando los problemas van en ascenso.

Derivado de los servicios que debían atender los municipios, en 1999 se emitió una reforma constitucional que permitió a los municipios mexicanos asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos. Fue así como se formalizó y legitimó en México la figura de intermunicipalidad.

EL FACTOR POLÍTICO

Después de un año de iniciar esa reforma, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó 527 experiencias intermunicipales en el país. Sin embargo, el propio Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) del Gobierno Federal, reconoce que en México no existe un mecanismo que dé seguimiento a dichos convenios, lo cual habla del poco interés en dicha opción.

Por ello, Leticia Santín del Río, especialista en administración pública, indica que este mecanismo ha sido desaprovechado, aunque es posible identificar casos de éxito.

La experta con posgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) de Madrid, advierte que uno de los obstáculos que limitan la intermunicipalidad es el factor político, sobre todo cuando se unen municipios encabezados por alcaldes de diferentes fuerzas políticas y el interés partidista se antepone al objetivo común.

Santín del Río explica que la estrategia para concretar un acuerdo intermunicipal es, primero, identificar un problema común entre varias alcaldías, luego definir derechos y obligaciones de los municipios y crear un organismo público descentralizado encargado de la operación del proyecto, cuyo consejo esté conformado por los presidentes municipales, el director del organismo y, en su caso, representantes del estado y del Gobierno Federal.

Asimismo, garantizar la disposición de recursos para el desarrollo del proyecto, en el cual podrían participar los congresos locales para blindar las partidas para este tipo de mecanismos, que pueden ser utilizados para diferentes servicios, como recolección y tratamiento de residuos, transporte público, preservación del medioambiente y planeación urbana, entre otros.

RESPONSABILIDADES POR ATENDER

La recolección y tratamiento de residuos es uno de los grandes retos que deben atender los municipios, y sobre todo los de menor tamaño, por lo que el mecanismo de intermunicipalidad se erige como la opción para que las alcaldías potencialicen sus capacidades y atiendan un problema en común.

Asociación entre municipios de varios estados
Procedimiento: 1.-Los cabildos designan una comisión de síndicos regidores que emite una justificación de la asociación y elabora un anteproyecto de convenio de asociación y reglamento.
2.-Los presidentes firman un protocolo de solicitud de aprobación a las legislaturas locales de los estados.
3.-Se somete a aprobación de los cabildos.
4.- Desinfección y control de plagas
5.- Se firma el convenio.
6.- Energía
Fuente: Inafed.

Hoy día, México genera 40 millones de toneladas de basura, condición que lo coloca como el décimo generador de residuos a nivel mundial, según datos del INEGI. Sin embargo, sólo 100 de los 2,445 municipios que existen en el país realizan algún tipo de tratamiento de la basura, según la Asociación Mexicana de Empresas Ambientales (Amexa).

Este escenario implica grandes retos para los ayuntamientos, en donde muchos no han salido airosos, lo cual se evidencia en que sólo 62 por ciento del total de la basura que se genera en el país tiene una disposición final en rellenos sanitarios o que más de 20 por ciento de la población carece de servicios de recolección de basura a través de un camión especializado.

Asimismo, de acuerdo con datos del INEGI, la generación de residuos sólidos urbanos va en aumento. Mientras que en 2001 se producían 31.48 millones de toneladas, en 2010 aumentó a 39.05, lo que implicó un incremento de 840 mil toneladas por año.

Sin embargo, aun cuando la Constitución Política mexicana establece que los municipios están en facultad de coordinarse y asociarse “para la más eficaz prestación de los servicios públicos”, lo cierto es que ese mecanismo está subutilizado en México, lo que se traduce en oportunidades que se dejan pasar.

“No se ha aprovechado, si tomamos en consideración lo que han logrado países como España o Francia, incluso Argentina en América Latina, en donde realmente esta herramienta se está potenciando extraordinariamente”, sostiene Leticia Santín del Río.

ALIANZA ENTRE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Un factor decisivo para el desarrollo de proyectos bajo un esquema intermunicipalista es la participación del sector privado, particularmente para garantizar la oportuna y eficiente entrega de los servicios públicos.

En ese sentido, Alfonso Chávez Vasavilbaso, consultor independiente en materia de empresas del sector ambiental, destaca la necesidad de establecer un marco legal que garantice y defina claramente los límites y alcances de responsabilidades, obligaciones y derechos de las empresas que participen en proyectos bajo este mecanismo, especialmente frente a los eventuales cambios en la titularidad de las presidencias municipales.

“Independientemente de los cambios que se pueden dar, porque involucramos a varios municipios que no necesariamente tienen el mismo color político, es necesario definir un esquema de concesión que a lo largo del tiempo permita continuar en el proyecto y no se afecte por los cambios”, afirma el también ex presidente de la Amexa.

En ese contexto, destaca las oportunidades que podrían lograrse con la reforma política aprobada en diciembre de 2013, que incluyó la reelección de alcaldes a partir de 2018, toda vez que una posible mayor permanencia de los ediles al frente de los ayuntamientos les resultaría atractivo para emprender proyectos a largo plazo, como el caso de rellenos sanitarios, cuya expectativa de vida es de 20 años.

Hay municipios que carecen de recursos, infraestructura y capital humano para cumplir por sí solos con sus obligaciones

 

Chávez Vasavilbaso comenta que otra área de oportunidad consiste en difundir el mecanismo de intermunicipalidad entre ayuntamientos de menor tamaño, pues ha sido poco aprovechado, sobre todo entre alcaldías con alta densidad poblacional.

SUMA DE SINERGIAS

Un ejemplo de que en México se pueden superar las posiciones partidistas y perseguir un bien común es el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste (Simar-Sureste), localizado en el sur del estado de Jalisco.

La asociación está conformada por 10 municipios de esa entidad (Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, La Manzanilla de la Paz, Tuxcueca, Tizapán El Alto, Concepción de Buenos Aires, Teocuitatlán de Corona, Santa María del Oro) y uno de Michoacán (Marcos Castellanos), con participación del gobierno jalisciense y del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Este proyecto, expone Francisco Javier Galván, director general de Simar-Sureste, inició operaciones en 2008 y se creó para lograr el desarrollo e institucionalización de las prácticas de gestión integral para modernizar y mejorar los servicios públicos en materia de prevención y gestión de residuos sólidos, bajo los principios de cooperación y economía de escala.

Actualmente, el proyecto, que se encuentra en el municipio de Mazamitla, dispone de un relleno sanitario regional, otro sanitario clausurado y saneado, nueve tiraderos a cielo abierto clausurados, cuatro centros de acopio de residuos valorizables, una planta de selección de residuos sólidos, oficinas generales del organismo público, un centro intermunicipal de formación ambiental y 28 vehículos de recolección.

Entre los resultados alcanzados a través de este mecanismo destaca el hecho de que en la actualidad se logra una recaudación de 22 mil toneladas de basura al año, mientras que en 2008 se reportaban 16 mil; pero sobre todo, ha logrado romper paradigmas: que es posible alcanzar acuerdos en México entre autoridades de diferente extracción partidista.