En México existen restricciones políticas y legales a la actividad político-partidista de los funcionarios públicos que difícilmente se encuentran en otros países democráticos. Eso se debe, fundamentalmente, al largo período histórico que el país vivió bajo un sistema de partido hegemónico, en que el partido gobernante ponía sin el menor pudor los recursos del Estado al servicio de sus fines electorales, y que le garantizaban —mientras la hegemonía duró— la garantía del triunfo en la mayor parte de los cargos de elección popular. Evidentemente, al tratarse de un partido hegemónico —es decir, que comparte la arena política con partidos de oposición legalmente reconocidos— y no de un partido único, era menester ir compartiendo el poder con los partidos de oposición. Pero eso se hizo de la periferia hacia el centro —es decir, sacrificando los cargos menos relevantes— y a lo largo de un período muy amplio —1946-2000—. Pero la característica esencial de la hegemonía partidista —echar mano de los recursos estatales para favorecer al partido del gobierno en la liza electoral— se mantuvo al menos hasta 1997, cuando el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió su larga hegemonía, lo que se reflejó en su pérdida de la mayoría absoluta de la Cámara baja del Congreso de la Unión, y en su derrota en la capital de la República. Además, en virtud de la reforma electoral del año anterior (1996), la autoridad electoral quedó totalmente fuera del ámbito del poder ejecutivo, impidiendo que el partido gobernante pudiera diseñar u organizar los comicios o sus resultados a conveniencia.

Se asume que el régimen de partido hegemónico no era democrático, justo porque una de las reglas esenciales de la democracia política es que el partido gobernante dispondrá de los recursos estatales —humanos, financieros, institucionales— para desempeñar sus responsabilidades, pero no para incidir o inclinar la balanza electoral en su beneficio. Al perder el PRI su hegemonía en 1997, ya nada garantizaba que en la siguiente elección presidencial (en 2000) pudiera conservar el poder presidencial, precisamente porque se había renunciado a utilizar nuevamente los recursos del Estado (al menos de manera determinante) a favor del partido. El presidente Ernesto Zedillo había ofrecido marcar una distancia fundamental entre el PRI y el Estado, promesa que en general cumplió. El principal candidato opositor, Vicente Fox, exigió que el presidente “sacara las manos de la elección” para no alterar la equidad de la elección, como había ocurrido desde el surgimiento del PRI (y por cierto, aun antes de ese suceso). Así lo hizo Zedillo, con lo que estableció un precedente fundamental en la historia mexicana, mismo que contribuyó a reforzar la incipiente confianza electoral, construida penosamente en los años previos.

La indebida intervención de Fox

Una vez ocurrida la primera alternancia pacífica del poder en la historia de México (2000), se esperaba que el nuevo mandatario renunciaría también al uso político-electoral de los recursos del Estado. No lo hizo. Solicitó al Congreso de la Unión el desafuero legal del jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por un desacato judicial relacionado con una infracción administrativa de poco relieve, lo que logró. Desde luego, tal solicitud se presentó como un acto de estricta observancia de la ley, pero en la medida en que se percibiera como un acto políticamente orientado, entonces se podría inferir que se recurría nuevamente a los recursos del Estado —la Procuraduría General de la República, en este caso— para fines electorales —eliminar de la contienda presidencial de 2006 al candidato de la oposición mejor ubicado—. Como además el desafuero no se había aplicado a otros personajes, presuntos responsables de delitos más graves, entonces la sospecha de que el procedimiento contra López Obrador era más una acción político-electoral que la estricta y aséptica aplicación de la ley, se extendió a la abrumadora mayoría de la opinión pública. Desde luego, la izquierda y sus partidos quedaron convencidos de que así había sido, con lo cual implícitamente se rompió el frágil pero real acuerdo democrático que los partidos habían signado durante el gobierno del presidente Zedillo.

Ya durante la propia elección, el presidente Fox decidió no seguir el camino de Zedillo seis años atrás, consistente en “sacar las manos de la elección”. No hay elementos probatorios para sugerir que Fox o algún gobierno estatal emanado del PAN hayan utilizado recursos públicos para apoyar al candidato blanquiazul, en cuyo caso se habría incurrido en un delito electoral —tipificado en el Código Penal— penado legalmente. Pero Fox hizo múltiples declaraciones públicas y en tiempo hábil —no durante sus descansos o días libres— para apoyar velada, pero inequívocamente, al candidato de su partido, o arremeter contra el candidato opositor con más probabilidades de triunfo: López Obrador. En estricto sentido, eso no era ilegal, como muchas veces alegó Fox. Pero políticamente tenía la consecuencia de arrojar una sombra sobre la equidad del proceso electoral, justo por la larga tradición mexicana de injerencia ilícita del gobierno sobre los comicios; la intervención declarativa de Fox no era, pues, ilegal, pero sí políticamente muy imprudente. Y pese a que no había ilegalidad de por medio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí consideró que se configuraba una causal de nulidad, a partir de una jurisprudencia del propio tribunal conocida coloquialmente como “causal de nulidad abstracta”.

Efectivamente, en uno de los fallos que inspiraron dicha tesis jurisprudencial (relativo a la elección de gobernador en Colima, 2003, que fue anulada), se lee:

La equidad en las oportunidades en materia de comunicación y difusión para los partidos políticos constituye, entre otros, un elemento esencial para una elección democrática, la cual no puede preservarse cuando un servidor público del máximo nivel Ejecutivo, o dentro de la demarcación en que tiene verificativo la elección, se pronuncia a favor de determinado candidato y/o en detrimento de los contendientes, de manera incesante, frecuente, deliberada y a través de los medios oficiales o informales o bien, institucionales o no, que en razón de su cargo tiene a su alcance.

Pese a ello, el Tribunal decidió validar la elección por considerar que la indebida injerencia de Fox, aceptada como tal por los magistrados electorales, no alcanzaba a ser determinante en el resultado final —algo que se evaluó sólo a partir de intuiciones e inferencias no cuantitativas—. La participación electoral de Fox dejó un precedente negativo, contrario al establecido por Zedillo.