Cuando ocurre algún siniestro, las autoridades locales son la primera instancia que debe acudir en auxilio de la población. Hoy día, 95 por ciento de los ayuntamientos dicen contar con una Unidad Municipal de Protección Civil; sin embargo, la mayoría de esas instancias se compone de una oficina con una o dos personas y recursos que sólo alcanzan para el pago de salarios.

Laura Gurza Jaidar, directora General de la consultora Servicios Especializados en Gestión Integral de Riesgos, refiere que los cuerpos locales de protección civil aún se enfrentan a limitantes como carencia de infraestructura y equipo, escasa capacitación de personal y falta de continuidad en los programas de gobierno cada vez que cambia una administración.

Por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reporta que sólo 23 atlas municipales de riesgos han sido publicados en línea; es decir, que menos de 1 por ciento de los 2,445 ayuntamientos del país cuenta con este instrumento.

Gurza, quien se desempeñó como coordinadora General del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado, explica que las competencias de las instancias municipales ante un desastre están consignadas en la Ley General de Protección Civil.

La legislación establece que si los cuerpos de seguridad locales se ven rebasados en sus capacidades técnicas, operativas o financieras, pueden solicitar auxilio al gobierno estatal, y si las acciones de éste tampoco son suficientes, entonces se pide el apoyo del Gobierno Federal. La ex funcionaria menciona que la responsabilidad de los ayuntamientos los obliga a tomar sus previsiones, asignar sus propios instrumentos financieros de prevención de desastres y actuar con base en sus capacidades.

 

RECURSOS LIMITADOS

El diputado Alfonso Durazo, quien preside la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, explica que la creación de mapas de riesgo, la integración de políticas públicas en los planes municipales de desarrollo y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para atender las emergencias son acciones prioritarias para los alcaldes en materia de prevención de desastres. Sin embargo, las crisis financieras por las que atraviesan las entidades Fuente: Ley General de Protección Civil. y, en ocasiones, las limitaciones fiscales de cada una les impiden cumplir a cabalidad con lo que exige la legislación.

El legislador refiere que, según datos del último Censo Nacional de Gobierno, elaborado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en casi 60 por ciento de los más de 2 mil casos de desastres naturales que ocurrieron en el país en 2010, las autoridades municipales fueron las primeras en atender las emergencias. Sin embargo, asegura que las crisis finaniceras por las que atraviesan los ayuntamientos y los endeudamientos que rebasan su capacidad de pago, entre otras limitaciones económicas, hacen difícil que este orden de gobierno pueda cumplir con lo que la ley estipula.

“Esperamos que en los próximos años se pueda fortalecer el Atlas Nacional de Riesgos con los atlas estatales y que, a su vez, los municipios puedan beneficiarse de esta base de datos compartida; no obstante, aún existen ayuntamientos con limitaciones tecnológicas tan simples como la disponibilidad de equipos de cómputo. Eso dificulta un aprovechamiento óptimo de la información que aportan los estados y la Federación”, apunta el diputado.

BUENAS PRÁCTICAS

Pese a este panorama, Edgar Mohar Kuri, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Protección Civil —un organismo que agrupa a instituciones públicas y privadas en la materia—, asegura que no todo es negativo, pues ha habido avances sustanciales a nivel municipal. El directivo menciona, a manera de ejemplo, que hasta hace algunos años, los gobiernos locales no contaban con personal especializado en estos temas. En cambio, hoy existe gente capacitada laborando en los ayuntamientos.

“Sucede que cuando vemos el tamaño de los retos magnificamos las limitaciones. El desarrollo no ha sido parejo porque hay municipios donde la estructura, el crecimiento y la capacidad técnica es prácticamente nula, pero otros están muy avanzados para atender alguna emergencia, sobre todo las grandes ciudades como Puebla, Puebla; Monterrey, Nuevo León; Querétaro, Querétaro, y León, Guanajuato, entre muchas otras que cuentan con estructuras bien desarrolladas y recursos financieros suficientes”, explica.

También hay municipios que han avanzado en materia de prevención de desastres, debido a que, por su ubicación geográfica, están más expuestos a fenómenos meteorológicos. Las entidades que se encuentran en zonas costeras, cerca de volcanes o en crecientes de ríos, suelen incluir a la protección civil entre sus prioridades.

San Felipe, Yucatán, es un ejemplo. Cada año, los cerca de 1,800 habitantes de esta localidad, ubicada en la costa, empacan sus enseres domésticos y se mudan a refugios para protegerse de los huracanes que llegan a las playas del sureste mexicano. Asimismo, resguardan en bodegas alrededor de 400 embarcaciones para evitar que el mal tiempo afecte la pesca de langosta, pulpo, cazón y mojarra, que es la principal actividad económica de los lugareños.

EXPERIENCIA CIUDADANA

San Felipe forma parte del Proyecto de Manejo Integral de Riesgos de Desastre en el Sureste Mexicano, a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En colaboración con las autoridades locales, el organismo internacional brinda asesoría, diseña y aplica métodos de organización para la prevención y atención de riesgos en comunidades de 196 municipios de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

“Naciones Unidas instruye a promotores y asesores en protección civil. Posteriormente los contrata para trabajar en el mejoramiento de las capacidades del personal que labora en los ayuntamientos. El objetivo es ayudar en la construcción de planes y protocolos de respuesta apropiados para cada municipio”, agrega Xavier Moya García, director de la Oficina para la Península de Yucatán y Tabasco del programa que coordina el PNUD.

El organismo de la ONU colabora en las cabeceras y comisarías de los ayuntamientos con personas de la localidad, a quienes se les explica cómo hacer un análisis de riesgos que pueda ser útil en la elaboración de los atlas municipales o documentos similares.

Con ello se busca contar con la información suficiente para que las autoridades y la población puedan tomar decisiones. Los habitantes de las comunidades aportan su experiencia para ubicar las zonas donde los fenómenos naturales pueden ocasionar algún desastre, así como para calcular su periodicidad. La siguiente etapa consiste en planear acciones preventivas.

PREPARAR A LA POBLACIÓN

Otro ejemplo de buenas prácticas en materia de prevención ocurre en la ciudad de Zacatecas. Hace tres años, las autoridades de la capital zacatecana atendían en promedio 454 reportes de conatos de incendios en viviendas y negocios, provocados en su mayoría por fallas en instalaciones eléctricas. Esta situación afectó a cerca de 200 familias y 65 inmuebles fueron declarados como pérdida total.

En 2011 el ayuntamiento se incorporó al programa Municipio Seguro, a cargo de la Segob, para preparar a los ciudadanos en caso de desastre. Con ayuda de la dependencia federal, la Unidad de Protección Civil Municipal y la Asociación Internacional de Cobre (ICA, por sus siglas en inglés), el gobierno local instauró el programa Vivienda Segura y Negocio Seguro.

El alcalde de Zacatecas, Arnoldo Rodríguez Reyes, explica que mediante este programa los brigadistas municipales revisan las instalaciones eléctricas de las viviendas y negocios de la ciudad, hacen observaciones que deben corregirse en un plazo menor a 30 días hábiles y colocan una calcomanía de acuerdo con el nivel de riesgo.

Gracias a estas acciones, en 2012 se logró reducir 72 por ciento el número de incendios provocados por fallas en las instalaciones eléctricas, además de que no se registraron conflagraciones en época invernal y se ahorraron cerca de 6 millones de pesos (mdp) en pérdidas económicas.

El edil menciona que, hasta el momento, se han verificado 3,227 casas habitación y 887 negocios. Asimismo, 33 por ciento de los inmuebles comerciales han obtenido una calificación de alto riesgo, a cuyos propietarios se les ha dado un plazo de 15 a 30 días hábiles para corregir los problemas más graves.

Rodríguez Reyes menciona que para complementar este programa, el municipio de Zacatecas creó otro llamado Brigadistas Comunitarios, mediante el cual se imparten cursos de capacitación a los ciudadanos con el fin de crear conciencia y prepararlos para actuar eficazmente durante los primeros minutos de una emergencia, que son vitales para evitar pérdidas humanas y materiales.