► Por Carlos Santiso*

En América Latina, una región cada vez con más jóvenes, más urbanizada y más conectada, la transformación digital ofrece innumerables oportunidades para adaptar las instituciones a las demandas de la sociedad civil y las aspiraciones crecientes de las clases medias.

Si bien los escándalos de corrupción llenan las primeras planas de los periódicos latinoamericanos, no hay evidencia empírica de que se haya incrementado en las últimas décadas. Lo que sí está claro es que continúa en niveles inaceptablemente altos para una región de ingreso medio-alto como América Latina.

En una escala de 0 a 100 (donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto), el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional sitúa al grueso de países latinoamericanos con resultados menores a 50 puntos. Además, el costo de la corrupción puede representar 2 por ciento del PIB mundial, hecho que por un lado limita las aspiraciones de desarrollo social, y por otro exacerba el descontento ciudadano. De hecho, en el origen de la “trampa del ingreso medio” en la que se encuentra la región, según sostienen muchos analistas, está la debilidad de las instituciones y la persistencia de altos niveles de corrupción.

Esta breve radiografía describe un escenario un tanto pesimista, pero como casi todo en la vida, siempre podemos ver luz al final del túnel. Y en este caso las nuevas tecnologías (o sus diversas aplicaciones a problemas existentes) irradian cierta esperanza.

Por ejemplo, la automatización de procesos, la digitalización de servicios, la optimización de sistemas de gestión pública y de rendición de cuentas pueden contribuir a minimizar las oportunidades de malversar fondos en la provisión de beneficios sociales, licitaciones públicas o inversiones en infraestructura.

Son varios países de la región los que están impulsando reformas agresivas para digitalizar sus gobiernos. Uruguay y México, por ejemplo, son ahora miembros del grupo selecto de los nueve países digitales más avanzados, el D9, que integraron en 2018. Paralelamente, Panamá ha logrado progresos importantes en su transformación digital, según el índice de gobierno electrónico de Naciones Unidas. Además, seis países de la región, encabezados por México y Brasil, están entre los 20 gobiernos con mayores datos abiertos. No alcanzamos, sin embargo —ni de lejos—, el grado de madurez digital comparable con líderes como Dinamarca o aquellos con los progresos más fulgurantes como Estonia.

En América Latina, una región cada vez con más jóvenes, más urbanizada y más conectada, la transformación digital ofrece innumerables oportunidades para adaptar las instituciones a las demandas de la sociedad civil y las aspiraciones crecientes de las clases medias. Pero si analizamos el grado de implantación digital en los estados (así como en las empresas) tendremos que concluir que queda un largo camino por recorrer. Es más, si paramos de pedalear, nos caemos en una carrera digital mundial que se hace cada vez más veloz y en la cual los demás países del mundo, en particular Asia, están invirtiendo cada vez más.

Se trata de tener estados más agiles, abiertos e innovadores. Para lograrlo, será necesario incidir en estos aspectos clave: la expansión del gobierno digital y la innovación pública; la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites; la promoción de la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

Las medidas técnicas y las iniciativas políticas son imprescindibles para contribuir a restaurar la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, y también para reducir los sonados casos de corrupción a los que América Latina nos ha acostumbrado en los últimos años. Y también, posiblemente, logren contrarrestar la resignación latinoamericana ante la corrupción.