Los bajos niveles de recaudación de ingresos de los municipios y la alta dependencia de recursos transferidos pone de manifiesto la débil situación financiera que estas entidades gubernamentales tienen para hacer frente a la creciente demanda de servicios públicos de sus comunidades. Ante este panorama, surge la inquietud legítima de sus gobernantes, de buscar alternativas que les permita incrementar y fortalecer sus finanzas públicas.

Se considera subir las tasas fiscales o crear nuevos impuestos; sin embargo, desisten de esta posibilidad dado el riesgo de generar o agravar un enfrentamiento político en los Congresos Locales, así como por el temor de enfrentar rechazo social a un incremento de impuestos. Otras autoridades recurren al financiamiento crediticio; lo cual tampoco es la mejor opción, sobre todo cuando las obligaciones crediticias que se contraen no se fincan en la capacidad real que tienen los municipios para hacerles frente.

Estoy convencido que las dificultades financieras de los municipios no se resuelven dotándoles de nuevas fuentes de ingresos o de mayores recursos, sino apoyándoles para lograr una mayor eficiencia administrativa en la recaudación de sus fuentes de ingresos como en las funciones técnico catastrales de su competencia.

Los catastros municipales son la base para la determinación y cobro equitativo del impuesto predial, que es la principal fuente de ingresos de los municipios, no obstante que su rendimiento recaudatorio se encuentre por debajo de su propio potencial.

Elevar la capacidad administrativa de los catastros municipales implica avanzar tanto en el establecimiento de estándares de competencia laboral para procesos y funciones catastrales y registrales, como en la implementación, gradual pero firme del servicio civil de carrera para personal vinculado a dichas tareas.

La aplicación de políticas de esta naturaleza contribuiría al desarrollo profesional de los servidores públicos a desempeñar con eficiencia los procesos catastrales y de recaudación fiscal, así como a dar mayor seguridad y certeza laboral al trabajador, de tal forma que la continuidad en su trabajo no se ponga en riesgo, con motivo de los relevos constitucionales de gobierno o de cualquier otro cambio en los mandos directivos de las dependencias responsables de esas funciones. Para cumplir con dicho propósito se requiere de recursos financieros y presupuestales que hagan posible la ejecución de programas integrales de capacitación, actualización y desarrollo del personal de los catastros municipales.

Una opción para financiar el desarrollo profesional, podría ser el establecimiento de una estrategia financiera consistente en la constitución de un fondo destinado a la certificación de competencias laborales en temas catastrales y hacendarios. Dicho fondo se podría establecer en cada entidad federativa y tendría un carácter tripartito en donde la Federación, estados y municipios aporten por igual una cantidad equivalente a 1 por ciento de la recaudación anual del impuesto predial.

En resumen, la profesionalización del personal de los catastros municipales y de las áreas encargadas de cobrar los impuestos, aunado a una buena dosis de voluntad política de las autoridades municipales y legislativas, contribuiría a elevar sustancialmente la recaudación del impuesto predial; baste señalar que según datos oficiales del Inegi, los valores catastrales se encuentran en promedio a nivel nacional en 43 por ciento, respecto de los valores de mercado.