En este sexenio ha crecido el asesinato de presidentes municipales que —según un conteo hecho por Alcaldes de México— suman aproximadamente 34 decesos, y la misma suerte han corrido por lo menos una docena de ex ediles. Ante estos hechos, autoridades locales han formulado varias propuestas para resguardar su seguridad y la de sus familiares, e incluso, extender las medidas de protección a ex funcionarios públicos.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) —que aglutina a los munícipes que militan en el Partido Acción Nacional (PAN) y que preside el edil poblano Eduardo Rivera Pérez— ha promovido la compra de seguros de vida para presidentes municipales y sus familias, por lo que incluso la organización alcanzó un acuerdo con la empresa Argos Aegon para contratar sus servicios en condiciones preferenciales.

José Arturo Yáñez Romero, consultor y experto en planes y programas de prevención del delito —quien ha escrito libros por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) entre otras organizaciones especializadas—, lamenta que los poderes Legislativo y Ejecutivo no ponderen como una emergencia nacional la muerte de estos servidores públicos.

Refiere que propuestas como las de la ANAC no son nuevas, sino que iniciaron con el Gobierno Federal al contratar escoltas, vehículos y equipo de protección personal, y recuerda que, incluso, a los ex presidentes de la república se les paga una manutención y también se les ofrecen guardaespaldas, un ejemplo que han retomado gobernadores y presidentes municipales del país.

CON CARGO A CONTRIBUYENTES

Más allá de la carga financiera que implican estas disposiciones para las arcas locales, existe un amplio margen para la discrecionalidad porque al parecer “no hay una ley que lo limite, hacen lo que quieren”, indica Yáñez Romero. Recuerda que, antes de los alcaldes, el terror empezó en el gobierno del ex presidente Vicente Fox contra los agentes policiacos.

Por lo pronto, la empresa Argos Aegon se reserva los detalles sobre una posible compra colectiva de seguros de vida, pero ha trascendido que la cantidad o prima que podrían heredar los munícipes, en caso de fallecimiento, se fijará conforme al tamaño y el riesgo del ayuntamiento, aunque e ha establecido un monto mínimo de 500 mil pesos.

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) —que preside el alcalde priista de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz— admite que el peligro aumenta en las circunscripciones lejanas e incomunicadas. Sin embargo, al opinar sobre la necesidad de reforzar sus medidas de protección personal, los munícipes que militan en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tienen una posición unánime.

Mario García Valdez, edil electo de San Luis Potosí, San Luis Potosí, dice “que es algo necesario, dadas las condiciones en las cuales se están desempeñando los alcaldes. Hay lugares y comunidades donde están expuestos completamente”.

Argumenta que en las grandes ciudades los funcionarios públicos tienen más apoyo, de modo que “una medida así (como la que propone ANAC) podría generar tranquilidad a la familia y que, ante hechos lamentables, no quede en el abandono sin ningún tipo de ayuda”.

Considera que el asunto sobre la seguridad de los munícipes debe ser planteado al inicio de cada gestión local, para así establecer las condiciones de contratación de seguros, aunque en su opinión “debería ser una política o directriz nacional”.

¿TRATO DE EXCEPCIÓN?

En cambio, el alcalde electo de Tlalnepantla, Estado de México, Pablo Basáñez, no está de acuerdo y explica sus razones: “Cuando uno asume esta responsabilidad sabe que hay riesgos y tiene que asumirlos tal y como son. No creo que al servidor público haya que darle un trato de excepción, salvo las seguridades básicas que uno debe tener.”

Considera que los servidores públicos deben ser solidarios con la sociedad que también padece las consecuencias de la criminalidad. “Como presidentes municipales tenemos que dar el ejemplo de un estilo de vida modesto y también de servidores públicos que estén del lado de la comunidad”.

Tampoco considera necesario generar más gastos a las administraciones locales. “Todos los servidores públicos de cualquier nivel ya tienen un seguro de vida y creo que no tendría que ser un seguro especial, sino los seguros que las nóminas de los ayuntamientos ya consideran para todos los empleados y creo que es el mismo que debe tener el presidente municipal.”

PRIMERO, REFORZAR POLICÍAS

José Arturo Yáñez considera que la solución para los alcaldes no debe ser un seguro de vida, tampoco “quedarse con ocho o seis agentes por seis años después de que concluye un periodo gobierno, como aprobó hace unos meses el Congreso del estado de Puebla, para el ex gobernador y algunos funcionarios de seguridad pública de la entidad”.

La mitad de los 217 municipios poblanos cuenta con un cuerpo policiaco de 5 a 15 elementos. De modo que la falta de fuerzas policiales es un punto de vulnerabilidad de los gobernantes locales, así que antes de pensar en medidas especiales, deberían “preocuparse por los agentes municipales, por ofrecerles mejores condiciones laborales y una buena capacitación, no la que reciben del instructor exprés, compadre del alcalde”, opina el consultor en políticas de seguridad pública.

Yáñez Romero lamenta que los alcaldes se encuentren en medio de dos o más fuegos, pero considera aún más triste que estos funcionarios no sometan a discusión este grave problema en el foro correcto, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El experto opina que la ANAC “actúa contrariamente a la ética del Gobierno Federal” y expone sus argumentos: “Tenemos una situación de muy alta gravedad en el país, donde los actores de más inmediata atención al público están sufriendo estos embates de muerte, a cargo de los grupos delictivos. Pero resulta incomprensible que los que comparten el partido del presidente de la república quieran protegerse del resultado que tienen las políticas del Gobierno Federal”.

CRECE 15% VENTA DE AUTOS BLINDADOS

Por lo pronto, ante las amenazas, atentados y agresiones consumadas por el crimen organizado, los munícipes y los gobernadores siguen adelante con la organización de estrategias para salvaguardar su integridad y la de sus familias.

El director comercial de Grupo WBA Blindajes Alemanes, Esteban Hernández, refiere que “la industria del blindaje automotriz en México ha aumentado su relación con gobiernos de todos los niveles, pero destacadamente ahora con presidentes municipales”.

Tan sólo este 2012 se elevó, entre 25 y 30 por ciento, el número de alcaldes que adquirieron una unidad blindada. “Hemos tomado la decisión de contar siempre con camionetas Suburban, nivel 5, listas para entregar, ya que en su gran mayoría se van a entidades de gobierno.”

Este año habrá 3,200 autos blindados más en el país, cantidad 15 por ciento superior respecto de 2011, de ahí que el sector público se ha convertido en un comprador importante, lo que no sucedía hace tan sólo 10 años.

Entrevistado a parte, Alexander Tabares, director comercial de la empresa de ropa blindada Miguel Caballero, señala que en México existen muchos políticos, entre ellos presidentes municipales, que cada día compran más este tipo de productos, cuyo costo oscila de 900 a 3,900 dólares, según el nivel del blindaje y las características de la prenda y su línea.