Ante la situación de violencia que vive el país, un tema relevante es el de la seguridad pública: qué se hace en esta materia, cuánto se gasta, quién lo gasta y cómo lo gasta. Sin embargo, a nivel municipal reina la opacidad; no es posible responder a estas preguntas ni evaluar los recursos destinados a este respecto debido a que no hay rendición de cuentas.
Es poco lo que se puede averiguar sobre el destino del dinero. Por ejemplo: se tiene conocimiento de que, en los municipios, las instituciones de seguridad pública son muy heterogéneas en infraestructura tecnológica y recursos humanos. Algunas capitales de los estados tienen 100 policías, mientras que otras localidades cuentan con menos de ocho; además no se invierte lo suficiente en profesionalización del personal, ni en modernización del equipo.
Con información a cuentagotas, el resultado es la desconfianza de la sociedad en las instituciones y, particularmente, en las policías, explica en entrevista César Castañeda, consultor del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El Imco elaboró el estudio “Índice Municipal de Información Presupuestal 2010”, con base en la información de 373 municipios, que concentran 85 por ciento del PIB nacional y en los que se cometen cerca de 90 por ciento de los delitos.
Es una muestra urbana y representativa de localidades no rurales, asegura Castañeda, coautor de la investigación. “Nuestro estudio revisa sólo el presupuesto, porque consideramos que éste es el eje sobre el cual se rigen las finanzas públicas y muestra si hay o no transparencia.”
SUELDOS DE 4 MIL PESOS
¿Qué arrojó el análisis? Que sólo 18 municipios urbanos desglosan en su presupuesto el número de plazas de la policía y únicamente 13 dan a conocer el tabulador de sueldos de los elementos policiacos. Además, se observaron grandes diferencias de un municipio a otro en los sueldos percibidos.
Incluso en localidades con alta incidencia delictiva, las percepciones son menores que en aquellas donde no se cometen tantos ilícitos. Por ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, un policía municipal gana en promedio 4,800 pesos al mes, mientras que en Atizapán de Zaragoza, 8,200 pesos, y en Zapopan, 9,050.
A partir del tabulador de plazas, “nos damos cuenta de diversas anomalías. En Culiacán el sueldo de un policía municipal se complementa con una compensación que no es igual para todos, pues va de los 2,300 pesos anuales para algunos, hasta 94 mil para otros”, dice el especialista. ¿Cuál es el criterio para otorgar diferentes cantidades? “No lo sabemos porque hay opacidad en los datos”, asevera Castañeda.
DATOS HISTÓRICOS
Esta información también permite detectar buenas prácticas. “Por ejemplo, en Zacatecas, con el tabulador de plazas podemos comparar cuántos elementos había en 2008, en 2009 y en 2010, y por posición (comandante, policía, etcétera), así como analizar el comportamiento del gasto”, afirma el consultor del Imco.
A decir de César Castañeda, las buenas prácticas en seguridad pública dejan ver a qué se debe el incremento en el gasto, por ejemplo. Sin embargo, dada la delicadeza del tema, “consideramos que con conocer el número de plazas de la policía y la remuneración de ellas ya sería un gran avance”.
Para elaborar el estudio los investigadores tomaron como fuente de información los sitios de Internet de los municipios. Lo que encontraron es que, de los 373 municipios analizados, sólo en 144 hay un sitio web disponible, en 83 no existe, en 57 no funciona y en 89 sí se cuenta con él pero sin suficiente información.
“De los que no tienen página de Internet no es posible saber nada, a menos que vaya uno y haga la solicitud de información, lo cual no garantiza una respuesta positiva. En esos municipios reina la opacidad”, advierte el experto.
Otro resultado importante del estudio fue descubrir que no hay continuidad, pues sólo 67 municipios publicaron en sus sitios de Internet información sobre seguridad pública en los años 2009 y 2010. Por tanto, no es posible saber cómo evoluciona el comportamiento.
ORDENAR SIN OCULTAMIENTOS
Asimismo, los expertos encontraron un desfase en la información: el destino del gasto municipal —en los casos en los que fue posible conocerlo—se libera dos años después de que se ejerció; es decir, en 2010 se supo lo que se hizo con el dinero de 2008, y lo que se haga con los recursos de 2011 se averiguará hasta 2013. Esto se debe a que el ciudadano común sólo puede obtener la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y con dos años de desfase.
Castañeda admite que en materia de transparencia, “estamos mal en los municipios, por lo menos en seguridad pública”. ¿Qué habría que hacer? Poner muy claros los supuestos o las condiciones para clasificar la información bajo los conceptos de seguridad pública o seguridad nacional, que muchas veces ponen de pretexto las autoridades para ocultarla.
“No pedimos las bases de datos de los delincuentes y policías, pero sí nos pueden dar a conocer el número de policías, sin nombre y apellido, y cuánto ganan. Son pequeños pasos que no son tan complicados, pero no se tiene la disposición. Falta voluntad política”, comenta Castañeda. A las acciones mencionadas también sería útil añadir la conformación de mecanismos efectivos para planear, monitorear y evaluar la política pública en materia de seguridad
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