Aun con el Decreto Presidencial, que en 1953 reconoció en la mujer el derecho de votar y ser votada, todavía no se logra que sea equitativa la participación política en los cargos de elección popular del país y mucho menos en comunidades de los pueblos originarios.
En las localidades indígenas, bajo el manto de los usos y costumbres, hay discriminación de género y esquemas patriarcales que las dejan fuera, a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se afirma que “hombre y mujer son iguales ante la ley”.
Sobre todo en Oaxaca donde hay 570 municipios, 418 de los cuales se rigen por usos y costumbres indígenas. Sin embargo, éste no es un fenómeno exclusivo de este tipo de comunidades; hay muchos otros municipios en el país que esconden exclusiones aún dentro del sistema de partidos políticos que prevalece en México, asegura el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Víctor Leonel Juan Martínez.
Los casos más conocidos son de mujeres oaxaqueñas, pero también hay incidentes en Veracruz y Chiapas. En casi todas las comunidades indígenas hay historias de discriminación, falta de respeto a los derechos individuales, maltrato y otras formas de violencia, agrega la directora nacional de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Orozco.
POR LOS DERECHOS POLÍTICOS
Hay muchas historias en las que, después de años de tocar puertas, finalmente éstas se abrieron. Un ejemplo es San Mateo del Mar, Oaxaca, donde las mujeres lucharon durante dos décadas para que se les reconocieran sus derechos políticos.
En diciembre de 2010, Reyna Gutiérrez Luis ganó una regiduría en esa comunidad en la que inició la lucha junto con su hermana Roselia. Fue así que el primero de enero de este año, Gutiérrez Luis tomó posesión del cargo en San Mateo del Mar, en donde se le reconoce por ser maestra bilingüe de preescolar de la etnia.
Hay otro caso en San Juan Juquila, donde dominan las mujeres en la asamblea comunitaria, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la comunidad indígena. Sin embargo, aunque juegan un papel político importante, hasta la fecha no ocupan un lugar en el cabildo.
En 2007, Eufrosina Cruz, del municipio de Santa María Quiegolani, quiso ser presidenta municipal, pero se enfrentó con un problema de derechos colectivos e individuales que le impidieron llegar. Pese a ese tropiezo, ahora es diputada local y presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca.
Mónica Orozco y Juan Martínez, éste último también investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), coinciden en que en muchos casos hay exclusión de género y contradicción entre los usos y costumbres y las garantías individuales. Lo anterior, porque en la mayoría de las comunidades indígenas los hombres dictan que no puede gobernarlos una mujer, agrega Orozco.
OAXACA, FOCO DE ATENCIÓN
A finales de 2010 se abrió otro expediente en Oaxaca que aún no se cierra. Se trata de la indígena Evic Julián, una mujer de 30 años, pasante de la licenciatura de derecho, cuyo triunfo impugnaron los hombres que contendieron por la presidencia municipal de San Juan Lalana. “Fui la primera mujer que salió del voto de una asamblea comunitaria, en la que se me otorgó el bastón de mando”, asegura la afectada.
En entrevista, recuerda que el 29 de diciembre de 2010 el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca le dio la constancia de mayoría, por lo que tomó protesta el 1° de enero de 2011. Sin embargo, le fue revocada la constancia por parte del Tribunal Estatal Electoral. El problema fue que el Tribunal consideró que las actas no estaban pormenorizadas, esto es debidamente integradas, una irregularidad que implicaba anular la elección.
Pero la decisión de esa institución no respetó la autonomía de la comunidad, y lo peor del caso es que el documento de revocación estuvo muy mal redactado, asevera la indígena zapoteca. Aunque Evic Julián presentó un recurso de reconsideración en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se le admitió, y en abril la comunidad nuevamente realizó elecciones.
Dijo que en la contienda, en la que perdió contra su adversario Celestino Pérez, se presentaron diversas irregularidades que impugnó en mayo pasado ante el Tribunal Estatal Electoral, sin que hasta la fecha se haya resuelto.
“Las mujeres están muy enojadas viendo que no se respeta la voluntad de la colectividad. No sólo es mi derecho”, declara Evic Julián, y agrega que en San Juan Lalana sigue habiendo segregación, discriminación, aunque admite que “poco a poco los hombres reconocen a la mujer”.
Otro caso de violación a los derechos políticos de las mujeres indígenas ocurrió en San Juan Cotzocón, Oaxaca, municipio del que se destituyó de la Tesorería a Evitelia Pacheco y a Elia Castañada, quienes inclusive fueron privadas de la libertad a principios de 2011.
La consigna para hacer lo anterior fue: “En este pueblo mandamos los hombres”, refiere Mónica Orozco, quien estima que “con esta afirmación se refleja un uso abusivo de los usos y costumbres indígenas y, sobre todo, una manifestación clara de sexismo y discriminación de género”.
CONTEXTO NACIONAL
Atender este problema no es tan simple como desaparecer los esquemas de usos y costumbres indígenas, porque aún son viables en esas localidades y garantizan la vida comunitaria. Además, es innegable que se requiere cambiar estructuras de fondo en la sociedad mexicana, reflexiona Víctor Leonel Juan Martínez.
Porque aun con la democracia partidista, hay casos en los que se da la simulación, como en 2009, cuando ocho diputadas federales —las llamadas “Juanitas”— renunciaron para dejar su lugar a sus suplentes hombres.
Orozco hace ver que ni siquiera a nivel nacional es fácil la participación política de las mujeres, ya que no se ha cumplido cabalmente el compromiso de los partidos políticos de otorgar cuando menos 30 por ciento de las curules del Congreso de la Unión a las mujeres. Actualmente, en la Cámara de Senadores las legisladoras constituyen sólo el 22 por ciento y en la Cámara de Diputados el 27 por ciento.
En los cabildos “la situación es más complicada y desigual, porque sólo 5 por ciento de las presidencias municipales están presididas por mujeres, ya que ocupan 100 de las 2,441 alcaldías del país”, comenta la funcionaria de In mujeres.
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