“A veces resulta que ni nosotras mismas podemos dar nombre a las cosas (conflictos de violencia), así que las historias que han estado viviendo las mujeres, como los hechos de discriminación, primero hay que empezar a nombrarlas y a contarlas anecdóticamente, porque lo que no se cuenta no existe”, reitera la senadora.

Aun cuando en 2007, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reto más grande en la materia, según la entrevistada, persiste en los estados y municipios, donde se requiere de una legislación, y sobre todo de reglamentación local que asegure el respeto de los derechos a la no violencia contra las mujeres.

La agresividad no se detiene ante la edad, nivel socioeconómico o cultural, las brechas generacionales y la liberación femenina tampoco han logrado terminar con ella, por lo que la ley federal es un avance importante en el tema.

No obstante, de acuerdo con la senadora, ésta es sólo una batalla ganada en una guerra que aún tiene mucho por delante, toda vez que las entidades enfrentan problemas, como la insuficiencia de recursos presupuestales para atender el conflicto, carencia de sistemas de atención óptimos para las víctimas, así como la falta de mayor sensibilidad y capacidad de respuesta de las autoridades locales.

A CUENTAGOTAS

Para la senadora Judith Díaz, esta ley es como un gran paraguas de conceptos, que ha ayudado a las entidades a crear sus propias leyes en la materia; pero en localidades donde golpear o maltratar a una mujer es algo cotidiano que forma parte de la relación de pareja o familiar, y que es una “situación personal” en la cual “uno no tiene por qué meterse”, es difícil permear los conceptos y concienciar a las autoridades estatales, y sobre todo municipales, de que se trata de un delito grave que debe castigarse conforme a derecho.

“Ha sido un proceso largo plantear esos conceptos porque, primero, en nuestro país hemos sido bastante irrespetuosos con el orden constitucional y con la autonomía de los municipios”. Explica también, que los municipios no han tenido, principalmente, la libertad presupuestaria, y en algunos casos de acción, para atender el problema. Así, la senadora enfatiza que las asignaciones presupuestales deben ir de la mano con la toma de conciencia de atención a las mujeres.

“Te puedo decir, por ejemplo, que en muchos estados ha costado gran trabajo que se establezcan institutos estatales de las mujeres, ha sido un proceso muy lento, y lo que he oído de muchos municipios es que no tienen recursos para abrir una instancia de ese tamaño”, expone.

Por otro lado, también se debe trabajar en la capacitación de las autoridades municipales para dar seguimiento a los casos, dado que las víctimas, en ocasiones, huyen de sus hogares con sus hijos, y la primera instancia a la que acuden es la policía local, y posteriormente al juez municipal. Por ello, “hecha esta ley a nivel federal, el paso que sigue es que hagamos homologaciones estatales, y esto ha sido un gran reto de las comisiones de Equidad”, agrega Díaz. En algunas entidades, reconoce, ya está elaborada y aprobada la ley respectiva para la no violencia contra las mujeres, pero todavía faltan los reglamentos; en tanto que, en algunas otras, están pendientes diversas modificaciones en materia administrativa.

De esta forma, tras la aprobación y publicación de la ley federal, los integrantes de las comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y del Senado, se han dado a la tarea de acudir a los estados y municipios para promover la elaboración de leyes y reglamentos locales, y disminuir así el maltrato contra las mujeres.

“Ir a los estados y decirles: ‘debes tener una legislación igual’, porque las mujeres no existimos sólo en la Federación, las mujeres estamos, vivimos en los estados y municipios, es en lo que estamos concentrados. Entonces, como son delitos del fuero común tendríamos que homologar nuestra legislación”, puntualiza.

El trabajo de los legisladores con las autoridades estatales se ha enfocado en analizar y realizar los cambios necesarios en los códigos penales y civiles estatales, y en los códigos de procedimientos para que la violencia contra las mujeres quede tipificada como un delito, y se establezcan así las sanciones y penalizaciones correspondientes para quienes atenten contra ellas. “La tarea consiste en que los estados se comprometan a elaborar políticas para las mujeres, que les permitan acceder a la atención pública cuando éstas sean agredidas”, expone.

GRANDES AUSENTES

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), lamenta que en el Estado mexicano exista una falta importante de atención a las víctimas de los delitos, por lo que las mujeres golpeadas o maltratadas son las grandes ausentes, tanto en la legislación federal como en la local. De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido algún tipo de violencia. Por otro lado, 43.2 por ciento de las mujeres sufrió maltrato a lo largo de su última relación, por parte de su pareja o de su ex pareja; 37.5 por ciento violencia emocional; 23.4 por ciento económica; 19.2 por ciento física y 9 por ciento violencia sexual.

El primero de febrero de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual permitió tipificar el maltrato contra las mujeres como un delito autónomo, además de establecer diferentes tipos de éste, como son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, o “cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.

Dicha ley busca que la autoridad sea responsable también de atender a estas mujeres y, que a su vez, la persona que las violenta asuma su responsabilidad, menciona Judith Díaz, y agrega que es preciso que la mujer violentada ejerza su derecho a la reparación del daño o a la atención que necesita cuando ha sido constantemente maltratada. Pero, lo más importante para la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, es prevenir estos hechos, ya que los abusos contra las mujeres, en el seno familiar o en el ámbito laboral, se traducen posteriormente en entornos de violencia social que finalmente tienen que enfrentar y resolver las autoridades locales.