Mientras la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos va en aumento, la capacitación y el desarrollo óptimo de las policías locales, así como un sistema penitenciario que garantice la reinserción social adecuada de los reos, son tareas que los tres órdenes de gobierno deben atender para hacerle frente a la inseguridad

En los últimos años, el clima de inseguridad en México ha aumentado considerablemente. La encuesta sobre seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicada el martes 17 de octubre de 2017, que recaba información desde octubre de 2016, informa que la percepción de inseguridad ha aumentado un 4 por ciento en el lapso de los 12 meses pasados.

En México, 76 por ciento de las personas declaró sentirse insegura en sus ciudades de residencia: de octubre de 2015 al mismo mes de 2016, la cifra era de 71.9 por ciento de la población. En 2017, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que se denunciaron 1 millón 817 mil 61 delitos de todo tipo ante las agencias del Ministerio Público, lo que representa a poco más de 1,470 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe), que elabora el Inegi, se estima que en 2016 fueron poco más de 465 millones de delitos cometidos en ese año, de los cuales se denunciaron alrededor de 29.3 millones, lo que quiere decir que 93.7 por ciento de los delitos no son denunciados.

El incremento de la incidencia delictiva en México, según datos del SESNSP aumentó 10.26 por ciento con respecto a 2016, año en que registró 1 millón 628 mil 438 delitos. En el mismo reporte se indica que, en el primer bimestre de 2017, en lo que respecta a los delitos de alto impacto, de las 10 transgresiones analizadas por la institución, ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte).

CAPACITACIÓN, AÚN NO ES SUFICIENTE

A nivel nacional, de enero a abril de 2018 se registraron 13 mil 994 homicidios dolosos y culposos. Ante el aumento en la percepción de inseguridad y el también lamentable incremento en la violencia que se vive en el país, el Director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, comenta que no hay información veraz que indique que el trabajo realizado con los cuerpos policiales disminuya la inseguridad y, por ende, la percepción de inseguridad.

“Hoy, a 10 años de la implementación del nuevo esquema policial, seguimos sin tener suficientes policías, sin la capacitación adecuada y sin los resultados esperados, no se ha avanzado en la construcción de instituciones funcionales, lo que se debe a procesos de simulación”, sostiene.

Lo anterior se refiere al trabajo que se lleva a cabo en el campo, sin embargo, en la tarea de disminuir la corrupción e impunidad, María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, asegura que existen beneficios al preparar mejor a los cuerpos policiales y las instituciones encargadas de impartir justicia. “Existe una relación directa y positiva entre una policía mejor capacitada como factor para la disminución de la corrupción, pero sobre todo de la impunidad”, asegura.

Morera reconoce que los cuerpos policiales sí se han capacitado, pero que esta preparación no cumple con lo que se requiere “a pesar de que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) y luego el SESNSP reportaron que en la etapa de implementación del Sistema Penal las policías recibieron al menos un curso, éste fue de pocas horas teóricas y casi cero de práctica”.

Por su parte, Patricia Bugarín, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, asegura que las acciones por parte de los gobiernos Federal, estatales y municipales han dado resultados. “El trabajo de los tres órdenes de gobierno ha sido un factor importante que ha impactado en los índices delictivos de manera positiva.” Asimismo, asegura que la coordinación entre el Gobierno Federal y organizaciones de la sociedad civil para la implementación de una Estrategia Nacional Antisecuestro “ha significado enfrentar y combatir el delito en una dinámica de auténtica coordinación entre la Federación y los estados, lo que constituye el mejor ejemplo de coparticipación”.

Causa en Común llevó a cabo un Índice de Desarrollo Policial en 2017, con el que realizó una evaluación sobre el cumplimiento de las policías estatales y la Policía Federal, sustentado en lo que establece la ley para el desarrollo policial. Uno de los indicadores fue el de la profesionalización, “donde se encontraron algunos pendientes que tienen los cuerpos policiales, no sólo en cuanto a esta materia sino en los cinco ejes que se consideran en el documento de desarrollo policial antes mencionado”.

Al respecto, Morera asegura que, por ejemplo, México no cuenta con un servicio profesional de carrera, que permitiría a las policías desarrollarse profesionalmente. “De las policías estudiadas, 19 no enviaron un catálogo que describa adecuadamente los requisitos, funciones y capacidades necesarias para cada cargo; 26 corporaciones no cuentan con academias que tengan todas las instalaciones necesarias para la formación y capacitación de los policías; los correctivos disciplinarios para policías son impuestos discrecionalmente; 20 de las 33 corporaciones analizadas no tienen un catálogo que determine las faltas policiales, así como las sanciones correspondientes; en 30 corporaciones de 33 les suspenden el sueldo a los elementos cuando son sujetos a una investigación, sin que se haya determinado su culpabilidad, y 31 de las 33 corporaciones evaluadas incumplen la ley porque tienen mandos y elementos operativos sin control de confianza vigente.”

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, comenta que uno de los principales problemas del sistema de justicia en México es la distribución de los recursos económicos. “México gasta 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en las instituciones de seguridad pública, mientras que Colombia gasta 2.2 por ciento, lo que deja ver el poco interés del gobierno.”

Sin embargo, Hope reconoce que la capacitación y las estrategias de control de corrupción pueden ayudar, pero no son la solución. “No se trata de una varita mágica que soluciona todo. Es necesario analizar el verdadero problema de fondo y el problema es un asunto de diseño del sistema de seguridad pública. El problema no es el mando, sino la gestión administrativa de las policías.”

CONTROL DE CONFIANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En cuanto a la impunidad que impera en el país, México tampoco se encuentra bien evaluado. En un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), publicado en 2018 y que recaba información de 2017, se destaca que la media nacional de impunidad es de 69.84 puntos, muy por arriba de la media internacional estimada para el índice global de impunidad que es de 55.3. Otro dato a resaltar es que el nivel más alto de impunidad en México entre los estados es de 80.063 puntos, mientras que a nivel global el máximo llega a 74.6; el mínimo del país es de 45.068 y a nivel mundial la cifra baja hasta 36 puntos.

Lo anterior alimenta la percepción de inseguridad y corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional, que recopiló información de todo el año, colocó al país con una calificación de 29 puntos sobre 100, como la nación peor evaluada entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A nivel internacional, México se ubica desde finales de 2017 en la posición 135 de 180 naciones que son evaluadas por la organización internacional. En años anteriores el país mantuvo la calificación de 35 puntos en el periodo de 2014 y 2015, mientras que en 2016 bajó a 30 y en 2017 disminuyó un punto más.

México ha implementado, con la finalidad de disminuir los índices de inseguridad, la corrupción y la impunidad, mecanismos de control de confianza en las policías. La certificación de las policías está establecida en el Artículo 21 de la Constitución y se reglamenta en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Sistema Integral del Desarrollo Policial.

Los llamados controles de confianza consisten en una serie de evaluaciones que se realizan al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con lo que se pretende garantizar que el personal que se va a incorporar o que quiere permanecer y ascender en dichas instituciones cumpla con el perfil requerido.

María Elena Morera asegura que los controles establecidos para quienes se desempeñen en funciones policiales y procuración de justicia son esenciales, así como la investigación socioeconómica de los implicados. “Es importante que se cumpla con los preceptos que marca la ley en el sentido de no contratar o no dejar en funciones a ninguna persona que no cuente con el certificado de control de confianza aprobado y vigente.” En cuanto al tema socioeconómico, indicó que “se debe verificar que el nivel de vida de los mandos policiales corresponda con sus ingresos y patrimonio”.

Por su parte, Patricia Bugarín asegura que “los exámenes de control son esenciales y fundamentales para el mejor funcionamiento de los cuerpos policiales”, ya que dichos procesos permiten que exista un parámetro más estricto para la contratación y permanencia de los servidores públicos que conforman las instancias policiales y de procuración de justicia federal, estatal y local, a lo cual se suma el contacto permanente con las unidades a través de reuniones por región y visitas de verificación permanente.

Francisco Rivas comparte la idea de que no existen soluciones con acciones individuales, “tiene que ser un modelo incluyente en el cual también es necesario sancionar a las instituciones, se tienen que establecer sanciones a las autoridades que no cumplan con su trabajo en términos de construcción de instituciones, no hay que olvidar que la mayor parte de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Hace 10 años la fuerza policial y las instituciones de justicia no eran capaces ni suficientes, hoy día continúan las mismas condiciones”.

De igual manera, Alejandro Hope concuerda con que el control al interior de las instituciones policiales es necesario, aunque refiere que “la forma en la cual está diseñado el control al interior de las policías no es el más adecuado. No se ha desarrollado la certificación de habilidades ni la certificación de desempeño, se han enfocado mucho en el control de confianza”, apunta Hope.

DESAFÍOS DEL SISTEMA CARCELARIO

El tema de las penitenciarías en México es otro de los grandes retos en materia de seguridad. De acuerdo con José Patricio Patiño, Presidente de la Asociación Internacional de Prisiones y Correcciones (ICPA por sus siglas en inglés) capítulo Latinoamérica, “el sistema penitenciario ha demostrado ser un fracaso, ya que el objetivo principal de las cárceles debe ser la reinserción social, no únicamente el de contener a los reos”.

Asimismo, el especialista comenta que los recursos que los gobiernos destinan a los sistemas penitenciarios, en especial a los programas de reinserción, son escasos, lo que demuestra el poco o nulo interés de los pasados y presentes gobiernos y, peor aún, de los candidatos presidenciales.

Un botón de muestra es que, en 2015, de acuerdo con datos del Inegi, 0.77 por ciento del presupuesto total de las entidades federativas se destinó a prisiones estatales. “De tal forma que los datos advierten que el sistema penitenciario sigue, en los hechos, alejado de las preocupaciones presupuestales de los estados”, asegura el estudio Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario Estatal en México, elaborado por dicho instituto.

Por otro lado, refiere que en ese año Baja California fue el estado que realizó la erogación más alta de su presupuesto total a su sistema penitenciario: 1.79 por ciento de su presupuesto total lo asignó a su sistema penitenciario. En contraste, en los últimos seis años, Aguascalientes es quien menos ha asignado a este rubro: 0.4 por ciento.

En cuanto a los programas dedicados a reinsertar a los reos una vez fuera de la cárcel, Patricio Patiño sostiene que “no son funcionales y desde hace décadas, están sobrepasados”.

Durante 2016, de acuerdo con el Inegi, 91 por ciento de los establecimientos penitenciarios ofrecieron actividades relativas a la recreación y 81 por ciento de éstos brindaron acondicionamiento físico. No obstante, las actividades relacionadas con la certificación de habilidades laborales fueron de las que en menos centros se impartieron a las personas recluidas: 116 de los 267 centros penitenciarios estatales mencionaron que ofrecieron este tipo de certificaciones y, en menor grado, 33 por ciento implementaron campañas de empleo.

Debido a las dificultades relacionadas con la reintegración de las personas privadas de su libertad, sostiene el estudio el Inegi, las estrategias de reinserción social deben considerar los factores de riesgo de cada individuo e incorporar medidas dirigidas al problema de reincidencia. “Una estrategia completa debe tomar en cuenta que la seguridad pública es afectada por crímenes cometidos por personas que ya han enfrentado sanciones penales pero no han desistido del crimen.” ]

Adicionalmente, señala que no obstante que la legislación del país considera servicios pospenales que deberán establecer centros de apoyo para los liberados y sus familias con el fin de lograr una reinserción óptima en la sociedad y evitar que reincidan, y que se suscriban convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas que puedan ayudar a las personas liberadas, sólo 15 entidades reportaron contar con un programa pospenitenciario, cuyas actividades varían entre suscripción de convenios para conformar bolsas de trabajo, asesoría periódica a la población egresada, tratamiento de adicciones y albergues para la población que ha sido liberada.