El 30 de abril fue publicado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, cuyo esfuerzo debe concertar y coordinar a los tres órdenes de gobierno. La Ley de Planeación (Artículo 1°, fracción III) contempla la coordinación intergubernamental como ingrediente para encauzar el desarrollo de México.

El Plan reconoce explícitamente que se impulsará la coordinación intergubernamental en las siguientes áreas de política pública: política interior, autodeterminación de los pueblos indígenas, seguridad, control de la corrupción y la impunidad, educación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, cultura física y deporte.

Surgen dudas razonables respecto a otras áreas y que en discursos han sido planteadas como prioridad. Por ejemplo, en la política social cambió el esquema de las delegaciones federales para concentrar funciones en la figura conocida popularmente como “súperdelegados”. O bien, en la política de seguridad se creó la Guardia Nacional que actuará en todo el país sin que esté claro cómo se fortalecerá a las policías estatales y municipales. Tampoco está claro si cambiarán los esquemas de coordinación fiscal o de implementación. Por esta razón vale la pena preguntarse si en temas de política social, seguridad y finanzas habrá un proceso de centralización.

Éste podría entrar en conflicto con el enfoque territorial que compromete el PND para todas las políticas públicas federales, lo cual significa que se diseñarán e implementarán según las necesidades del “espacio donde se desarrollan los reclamos sociales y se establecen los seres humanos” (p. 37 del PND), una región, localidad o barrio.

Para conocer estas necesidades, el Gobierno Federal tendrá que interactuar con los gobiernos municipales. Por lo tanto, los alcaldes deberán velar y acompañar a los habitantes de sus municipios, así como proveerles información para que conozcan los cambios en las políticas públicas federales que les apoyan.

En un texto de más de 200 páginas (me refiero al documento con anexos) la palabra “colaboración” sólo es utilizada tres veces en este sentido. Es crucial aclarar esto en los casos de los municipios más pobres, más violentos o asolados por desastres naturales. Si efectivamente se implementarán acciones de acuerdo con el territorio y las necesidades de la población, todos los niveles de gobierno se deben coordinar para que sean exitosas. Por ejemplo, en mi estado, Nayarit, el gobierno estatal y municipal llegaron con sendas planeaciones en 2017, que quedaron obsoletas ante arcas públicas en bancarrota debido a la corrupción y la ruina causada por el huracán Willa en 2018.

Un México próspero, igualitario y seguro se construye con municipios que promueven las política públicas necesarias en colaboración con los niveles estatales y federales, para ello deben ser guiados por alcaldes activos, líderes y comprometidos con la generación de resultados. Es crucial que los alcaldes participen activamente para que haya coordinación intergubernamental en el desarrollo de México.