El portal digital Animal Político, dio a conocer una mecánica de defraudación a partir de la supuesta creación de empresas protegidas por la administración de Javier Duarte, para presuntamente apropiarse del dinero público.

Se calcula que las empresas, 21 en total, se habrían embolsado 645 millones de pesos, muchas de ellas cobraban y desaparecían.

Daniel Moreno, director de Animal Político precisó en entrevista para Radio Fórmula, que esos 645 millones de pesos fueron entregado a empresas que no existen, con socios falsos, con direcciones fiscales inexistentes, “645 millones que además estaban destinados para los más pobres”.

Dijo que se hizo una revisión de 73 contratos, que fueron obtenidos a través de transparencia, “lo que hicimos fue ver a quiénes les dieron estos 73 contratos, que son solo una pequeña parte”.

Apuntó que 19 empresas de las 21, se fundaron cuando ya estaba el sexenio de Javier Duarte, mismas que se fundaron para competir en licitaciones. Empresas constituidas, mismas que se dedicaban o a vender pañales o cemento, empresas que tenían las mismas direcciones o los mismos socios, que están registradas con los mismos correos electrónicos.

Señaló que se visitaron los domicilios fiscales, mismos que no existían; algunas de ellas eran casas del Puerto de Veracruz, otras supuestas empresas están en una panadería o una herrería.

Indicó que se revisaron los 21 domicilios, y los mismos 21, son falsos; se buscaron a los socios, a la mayoría de ellos se localizaron.

En uno de los casos que se visitaron, el dueño de una propiedad señaló que en su domicilio, no existe alguna empresa, sin embargo, en algún tiempo le llegó correspondencia de estado de cuenta a nombre de las empresas que ganaban las licitaciones, dicha persona declaró que recibió los estados de cuenta, de cuatro empresas.

Apuntó que en búsqueda de los socios, en todos los casos, son personas que no tienen nada que ver con una empresa, que tienen el nivel de nivel de vida de sectores populares.

Respuesta del gobierno de Javier Duarte

En una carta Alberto Silva Ramos, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del estado, señala que todas las empresas señaladas en el reportaje con las que trabaja el Gobierno de Veracruz estaban debidamente registradas y las licitaciones se realizaron conforme a la ley.

Añade que las empresas estaban registradas en un padrón de proveedores y contratistas, y que deben cumplir con requisitos como acta constitutiva, alta ante la Secretaría de Hacienda, comprobante de domicilio de la empresa y estados financieros auditados, entre otros.

El gobierno de Veracruz señala que los contratos fueron licitados conforme a la Ley de Adquisiciones, que las empresas siguen activas y que en el momento de su contratación contaban con la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

En cuanto a los bienes y productos que se compraron a estas empresas, el gobierno señala que éstas cumplieron con las metas de los contratos y que cuenta con fotografías que demuestran que los bienes y productos contratados fueron aplicados.

La respuesta de Animal Político:

1. El reportaje menciona que en efecto, las empresas se registraron en el padrón de proveedores para recibir los contratos en 2012 y 2013. Pero la ley marca que dicho registro se renueva anualmente y, hoy en día, las compañías involucradas ya no están en ese padrón.
2. El reportaje menciona que los contratos se licitaron conforme a la ley  Sin embargo, en ningún caso hubo una licitación abierta y en las licitaciones simplificadas los ganadores siempre fueron estas empresas.
3. El reportaje no hace ninguna referencia -ni en esta ni en las entregas posteriores- respecto a que el RFC de las compañías esté inactivo, ni que no contaran con la documentación al momento en que fueron contratadas. En el papel las empresas existen, pero las sedes donde dicen están ubicadas, no. Tampoco quienes aparecen en el papel como socios de estas compañías, aceptan serlo.
4. El reportaje no afirma que el gobierno del Estado no haya pagado los contratos. Tampoco menciona que el proveedor no haya entregado al gobierno lo contratado, sino que los beneficiarios para quienes iban dirigidos no los recibieron o no se entregó una constancia vía transparencia a Animal Político de ello, como se solicitó oportunamente.
5. Animal Político solicitó vía transparencia el soporte documental que ampare que los bienes de estos contratos en específico llegaron a los beneficiarios y que éstos los recibieron. Las respuestas (que serán publicadas) iban desde que no había lista de damnificado, hasta que había un padrón de beneficiarios pero no se podían transparentar firmas de recepción para no revelar “datos personales”. Hay bienes que se distribuirían en tiendas comunitarias que, como documenta el reportaje, no existieron. Y en el caso de la entrega de materiales a las escuelas, la única referencia que se entregó fue que llegaron a “diversas escuelas del estado” , in ofrecer ningún dato que pueda ser verificable. Animal Político visitó 10 escuelas al azar, ante la falta de una referencia mínima, y en ninguna de ellas se recibieron estos productos.
6. El contrato no hace ninguna referencia a las cuentas por cobrar.
7. La tesis del trabajo es que se contrataron a empresas y que los bienes adquiridos no llegaron a manos de los beneficiarios. Se documentó la naturaleza de las empresas y se solicitó vía transparencia el amparo de que los bienes llegaron a manos de los beneficiados. Las respuestas fueron en el sentido ya descrito.

Cabe señalar que desde la semana pasada Animal Político entregó toda la información de este reportaje al Gobierno de Veracruz en espera de una respuesta. Se señaló que no se daría ni siquiera un posicionamiento por la “veda electoral”.