En todo el mundo, existen órganos que regulan a las instituciones públicas y privadas, con las cuales se combate a la corrupción. Se les conoce como Agencias ACA y son dependencias públicas cuyo deber es centralizar y vigilar que ninguna persona física o moral, o aparato gubernamental pueda realizar actos de corrupción.

En Latinoamérica,  por ejemplo,  las agencias anticorrupción dependen en su mayoría del Poder Ejecutivo, y son muy pocos los que tiene una base constitucional que se origina por Decreto Legislativo. Cuentan con mesas de diálogo  y participación activa de representantes de la sociedad civil.

Según un análisis del Banco Mundial sobre la materia, hay cuatro modelos de Comisiones alrededor del mundo:

En Primer sitio, está el modelo universal de la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC), que fue la primera en su tipo y con excelentes resultados; en segundo lugar está el modelo de investigación que tiene pequeñas agencias en Singapur; en tercer lugar, está el modelo parlamentario que tiene comisiones  y reportan a comités legislativos y no son parte de la rama judicial.

El modelo multi-agencias supone la existencia de oficinas independientes y tiene una red administrativa judicial.

Hay aproximadamente 98 agencias anticorrupción en el mundo. México, por ejemplo, tiene la Secretaria de la Función Pública, encargada de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno de nivel federal, además tiene a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI), que tiene como función restablecer la confianza pública mediante la formulación y evaluación de políticas en materia de transparencia, rendición de cuentas, cultura de la legalidad, integridad y participación ciudadana, y es dependiente de la Procuraduría General de la República.

El pasado 4 de noviembre el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa anticorrupción y se instaló una mesa de trabajo para elaborar un proyecto común por petición de Enrique Peña Nieto, donde en una acontecimiento histórico, los legisladores de las tres principales fuerzas políticas PRI, PAN y PRD superaron sus diferencias y aprobaron un decreto de ley para ser llevada al congreso.

Según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en 2010, las mordidas para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos, alcanzaron los 32 mil millones de pesos. En el mismo año, el Índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77% de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país.