Las implicaciones técnicas que resultarían de la posible cancelación del proyecto del corredor troncal de transporte masivo de La Laguna, conocido como Metrobús, son: retrasar la urgente inversión en movilidad sustentable y generar pérdidas de los recursos públicos y privados invertidos; anular la oferta de un sistema de movilidad metropolitana, fundamental para el acceso al trabajo y por tanto el desempeño económico de la región; así como la desatención de la necesidad de la población lagunense de mejorar las condiciones del transporte público.

Así lo refirieron el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México, por su sigla en inglés) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), organizaciones civiles especializadas, luego de las declaraciones del pasado 16 de junio por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la posible cancelación del proyecto en Durango (el gobierno de Coahuila ha declarado que en el estado continúa la obra).

“A la fecha no se ha oficializado ninguna decisión de retirar la inversión federal. Sin embargo, exponemos algunos de los elementos a tener en cuenta para la toma de decisiones en caso de requerirse”, refirieron en un comunicado.

El proyecto de Metrobús de La Laguna involucra la conectividad de dos estados, Coahuila y Durango, y cuatro municipios: Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. Está diseñado para atender diariamente entre 122,000 y 170,000 viajes de lagunenses que, en promedio, representan 40% del total de viajes diarios de la región (350,000), refieren los organismos.

Una implicación de la cancelación del proyecto retrasaría la inversión en movilidad sustentable y generaría pérdidas de los recursos públicos y privados invertidos.

Actualmente, la situación de los municipios que conforman esta región económica y zona metropolitana es crítica en al menos tres aspectos, para los cuales la inversión en infraestructura urbana se vuelve relevante: productividad, equidad e inclusión social y sostenibilidad ambiental.

De igual manera, se calcula que en los últimos años más de 80% de la inversión federal en movilidad se ha destinado para beneficiar al automóvil privado en la zona metropolitana de La Laguna, a pesar de que 51% de los lagunenses no tiene acceso a ese modo de transporte.

El corredor sería la primera inversión en transporte masivo en La Laguna y, de acuerdo con la estructuración financiera del proyecto registrado en el 2014, contempla la participación del sector público federal de 470 millones de pesos, además de una participación estatal de 893 millones y privada de 800 millones de pesos. Retirar los 470 millones federales pone en riesgo la inversión de los 1,693 millones de pesos restantes.

“La planeación y gestión de este proyecto lleva cinco años en marcha, tiempo durante el cual se han realizado estudios y diagnósticos técnicos para su conceptualización y diseño, éstos pueden estar por el orden de los 20 millones de pesos”, se lee en el documento.

Acceso al trabajo

Otra implicación del anuncio presidencial sería anular la posibilidad de ofrecer un sistema de movilidad metropolitana, fundamental para el acceso al trabajo y, por tanto, el desempeño económico de la región.

En La Laguna buena parte de la población (entre 15 y 70 años) labora en un municipio o estado distinto al de su residencia. Tal es el caso de Matamoros y Lerdo, donde 34.3% y 31.9% de esta población, respectivamente, labora fuera de su municipio de residencia, 48% de los torreonenses que trabajan en otro municipio lo hace en Gómez Palacio y 45% de los gomezpalatinos labora en Torreón. “Esto significa que la movilidad metropolitana es vital para su desempeño económico”, añaden el WRI y el ITDP.

Condiciones

También, la cancelación del proyecto desatendería la necesidad de la población lagunense de mejorar las condiciones del transporte público.

Actualmente, éstos no realizan sus desplazamientos en condiciones de satisfacción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi, en el municipio de Torreón sólo 38% de los usuarios se siente satisfecho con el servicio, mientras que, en Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo los porcentajes son aún más bajos, de 34%, 30% y 36%, respectivamente. Lo anterior, muestra que en el caso de estos cuatro municipios más de 50% de los usuarios de transporte público no se siente satisfechos con el servicio brindado.

“Esta decisión retrasaría la modernización del sistema de transporte, lo cual implica que una importante proporción de la población seguirá siendo atendida por autobuses convencionales con una edad promedio de entre 21 y 23 años, con necesidades significativas de mantenimiento y de actualización tecnológica para reducir sus altas emisiones contaminantes”, detallan las organizaciones.

La última implicación corresponde a que el sistema está diseñado para mejorar las condiciones de viaje: menores tiempos de traslado y emisiones y mayor seguridad.

Los Sistemas de Autobuses Rápidos han demostrado que, cuando se planean e implementan adecuadamente, traen beneficios directos para la población y el medio ambiente. Tal es el caso del Metrobús de la Ciudad de México, implementado por el actual presidente durante su gestión como jefe de Gobierno, el cual, entre otros beneficios, ha reducido hasta en 50% los tiempos de traslado, 35% los accidentes y en el caso de emisiones, más de 145,000 toneladas de dióxido de carbono por año, precisan WRI y el ITDP.

Con información de: El Economista