Por Martha Palma

Alcaldes de México | 18 de agosto de 2021.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que provee un mapa de riesgos para las instituciones, al evaluar el grado de desempeño con base en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.

El Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), analiza y detecta prácticas que obstaculizan cualquiera de los principios de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, a fin de identificar riesgos de corrupción en compras públicas de las instituciones que integran la Administración Pública Federal.

El gobierno federal cuenta principalmente, con tres tipos de  procedimientos para realizar compras públicas, que son la licitación pública, la adjudicación directa e invitación restringida mediante concurso, para al menos tres oferentes.

Según el IRC, las instituciones que no priorizan la licitación pública, la participación de varios proveedores y omiten publicar la información y documentos de las compras realizadas, corren riesgos de corrupción. Además de recurrir a prácticas ilegales en las compras públicas.

Las instituciones que gastaron más

En 2020, las instituciones federales que gastaron más de 3 mil millones de pesos, en su mayoría por adjudicación directa, sin documentación completa ni bajo el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, fueron:

• Administración Portuaria Integral de Salina Cruz
• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
• Instituto de Salud para el Bienestar.
• Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.
• Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA.
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
• Secretaría de Salud.
• Seguridad Alimentaria Mexicana.
• Secretaría de la Defensa Nacional.

Hubo un aumento del 59 por ciento en riesgos de corrupción, en comparación al 2018, por la falta de competencia, transparencia e incumplimiento de la ley, al analizar más de 260 dependencias federales en el Índice.

Ante esta situación, el IMCO propone revisar, discutir y reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); asegurar que los convenios entre instituciones públicas estén regulados por la ley y, en todo caso, sea un proceso de excepción; crear un protocolo de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia; asegurar la publicación de los procesos de compra en Compranet en el tiempo establecido y analizar la viabilidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de realizar las compras consolidadas y fiscalizar los recursos públicos.