Por Isaías Ocampo

Alcaldes de México | 20 de noviembre de 2020.- Las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito con las que se busca fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para agilizar casos y bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de terrorismo o lavado de dinero, permitirá detener las estructuras financieras de los grupos delictivos, afirmó Santiago Nieto Castillo en el programa Elecciones México de Alcaldes TV.

El titular de la UIF aseguró que el Gobierno de México cuenta con estrategias adecuadas para combatir los “cada vez más sofisticados mecanismos de lavado de dinero y ‘empresas fachada’, prácticas que nos hacen perder cerca de 354 mil millones de pesos al año, según el Sistema de Administración Tributaria (SAT)”.

Dijo que en México y el mundo hay procesos cada vez más complejos de lavado de dinero, no sólo vinculado al tráfico de drogas.

Entre dichos procesos se encuentran temas vinculados a la corrupción como el caso Odebrecht; el uso de criptomonedas, donde México tiene uno de los ecosistemas más grandes de América Latina junto con Brasil; el lavado de dinero vinculado al comercio exterior, en la venta de arte, vehículos, compra y venta de metales preciosos y en el sistema financiero, sobre todo en centros cambiarios.

“Nuestra evaluación nacional de riesgo 2019-2020 permite tener una estrategia antilavado, relacionada con la impartición y procuración de justicia”, señaló el funcionario.

“Tenemos que combatir la corrupción política que da cobijo a los grupos delictivos, combatir la corrupción judicial y ministerial para evitar que se genere impunidad”, expuso Nieto Castillo.

Explicó que la coordinación interinstitucional es fundamental para el combate al lavado de dinero, por lo que a la fecha ya se han establecido convenios de colaboración con 27 entidades del país, 20 con fiscalías estatales y 3 convenios a nivel municipal, con Escobedo en Nuevo León, Mexicali en Baja California y con Benito Juárez en Quintana Roo.

Combate al financiamiento ilícito en elecciones

En materia electoral detalló que también existe un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, debido a que en ese ámbito existen diversos mecanismos de corrupción que inician en los procesos electorales.

“En ocasiones hay aportaciones de empresas particulares con la finalidad de tener contratos una vez que el candidato llegue al gobierno; de grupos delictivos para financiar procesos electorales y poder controlar las zonas territoriales para el trasiego de drogas, armas o trata de personas”, refirió.

También explicó que existen mecanismos que tienen que ver con el peculado electoral, con el desvío de fondos públicos para campañas con el fin de obtener impunidad de servidores públicos.

Advirtió que en el tema de la reelección existe vulnerabilidad toda vez que se pueden llegar a usar fondos de carácter estatal, municipal o de los congresos para desviarlos hacia procesos electorales, por lo que se pronunció a favor de que los aspirantes a una reelección dejen su cargo para poder competir electoralmente.

“Soy absolutamente respetuoso del INE, creo que es uno de los órganos más relevantes del país, creo que es una obligación respetar esa autonomía; la colaboración de la UIF será ante peticiones que realice el INE y en los términos que los autorice”, acotó.

Dijo que la responsabilidad es evitar que la corrupción inicie en los procesos electorales porque hay temas vinculados con el ejercicio de los recursos públicos y deben participar en coordinación varias instituciones para dar mejores resultados.

Santiago Nieto enumeró cuatro retos en el tema electoral:

1. El combate a la violencia política de género y el fortalecimiento de los planteamientos de paridad.
2. Que en la reelección no se utilicen recursos públicos
3. La fiscalización de los recursos, atendiendo al convenio de colaboración entre el INE y la UIF y al mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos.
4. La innovación tecnológica en un proceso electoral en medio de la pandemia, con medidas sanitarias y modificar parámetros para que las elecciones ya no se realicen como hace treinta años.

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