El Congreso Mexiquense exhortó por unanimidad a Jesús Tolentino Román Bojórquez, presidente municipal de Chimalhuacán, para que implemente estrategias y acciones que contrarresten la delincuencia y violencia en la localidad, y solicitó la destitución de Cristóbal Hernández Salas, director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, por su poca efectividad en el cargo.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Xóchitl Flores Jiménez, en nombre del grupo parlamentario de Morena, quien señaló que, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, más de 50% de la población del municipio reporta la existencia de pandillerismo violento, 90% reporta robos frecuentes en los alrededores de su vivienda y 66% que se registran disparos de arma de fuego en las calles.

Como ejemplo de la situación en el municipio, la diputada recordó que el 3 de marzo en la colonia San Juan Zapotla allanaron varios domicilios, entre ellos el hogar de la madre de Pablo García Colores, precandidato de Morena a la alcaldía, quien al confrontar al grupo de agresores fue despojado de sus pertenencias y golpeado hasta quedar inconsciente, por lo que exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Agregó que, de acuerdo con el informe anual de actividades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Chimalhuacán se encuentra entre los 10 municipios con mayor incidencia en robo con violencia y extorsión, además de ser uno de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Genero y uno de los siete municipios con doble alerta por desaparición.

Indicó que de 2017 a 2020, el presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios aumentó 73% en Chimalhuacán, por lo que puntualizó que no es la falta de dinero lo que detiene las investigaciones de delitos, si no la falta de voluntad de las y los servidores públicos, además dijo que la población señala a un amplio sector de la policía como ajena y apática ante los temas de seguridad y que incluso hay videos donde se visualiza el abuso de autoridad, atropellos, agresiones físicas y verbales contra la ciudadanía.

Sociedad civil se suma a exigencia de seguridad

Por su parte, representantes de la sociedad civil de Chimalhuacán, alzaron sus voces frente al edificio de Palacio Nacional para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, fortalecer los operativos de la Guardia Nacional en las zonas más conflictivas en la localidad y se restablezca el orden constitucional roto por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Organización Antorcha Campesina.

Explicaron que en los últimos 20 años los gobernantes emanados de Antorcha han violado de manera sistemática las garantías individuales y hecho de la tortura su principal arma para fabricar delitos. “Ya no se debe permitir que la ola de violencia siga desangrando a Chimalhuacán”—manifestaron.

Chimalhuacanenses entregaron a la Dirección de Atención Ciudadana un documento en el que piden se investigue al personal del Ministerio Publico del municipio, a la Policía de Investigación, a la Estatal y a la Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, a fin de detectar sus vínculos con la Organización Antorcha Campesina, y de comprobarse su responsabilidad en algún ilícito sean destituidos.

Los habitantes de Chimalhuacán recalcaron que desde el 18 de agosto del 2000, cuando Antorcha se hizo del poder por medio de la violencia, la cual ocasionó más de 10 muertos, se vive un estado sin ley.

En el texto se menciona que el promotor de la inestabilidad e ingobernabilidad que prevalece en la alcaldía es Jesús Tolentino Román Bojórquez, quien ha contado con la protección de los regímenes priistas de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y los últimos cuatro años, con el Alfredo del Mazo Maza.

Asimismo, los representantes de la sociedad civil exigieron el esclarecimiento de los asesinatos de José Luis Vargas, Juan Carlos Canto y Gabriel Chavarría, así como la agresión a Pablo Colores para deslindar responsabilidades y llevar a los responsables ante la justicia.

Aseguraron que los órganos de procuración y administración de justicia han sido rebasados y se percibe complicidad entre los asesinos y policías, lo cual explica el grado de impunidad y abuso de poder corrupto, de los aparatos de justicia.

La Fiscalía de Justicia y los titulares de los Ministerio Público de Chimalhuacán, se han coludido para proteger a los delincuentes y garantizar impunidad en delitos como secuestro, despojo de tierras y casas habitación, violaciones a menores de edad, homicidios, extorsión a comerciantes, asaltos en el transporte público, cohecho, abuso de autoridad, contrabando, tráfico de mujeres, robo de niños, tráfico de órganos y asociación delictuosa.

De la misma manera, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Chimalhuacán, se encuentra cooptada por el grupo en el poder, pues a designado en todas las administraciones antorchistas, a personas allegadas a la administración municipal.

Alertaron sobre la posibilidad de que, con el inicio del proceso electoral, se recrudezca la violencia, por lo que externaron su preocupación por la falta de garantías para ejercer sus derechos a la participación política y libertad de expresión. “Queremos garantías y medidas de prevención para que en caso de que la ciudadanía decida un cambio de gobierno en el municipio, éste sea de manera pacífica e institucional”.

Finalmente señalaron que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) sostiene que en el Estado de México y, en especial, en Chimalhuacán, se han incrementado los feminicidios, de los cuales el 95 por ciento han quedado sin castigo.

 

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