A un año del sismo del 19 de septiembre, ingenieros, arquitectos expertos en seguridad de infraestructura coinciden en que la discrecionalidad en el otorgamiento de licencias de construcción fue uno de los factores clave en la contingencia.

Durante la 5ta. mesa diálogo organizada por SGS México -empresa especializada en inspección, verificación, entrenamiento y certificación- que llevó por nombre Factores clave en la seguridad y calidad de las obras de infraestructura, Efrén Muciño, Presidente de la Asociación de Directores Responsables de Obra (ADOC), señaló que aunque la regulación y la normatividad de las construcciones es suficiente, la discrecionalidad, la falta de ética y la corrupción, tanto de autoridades como de algunas empresas, fue la causa principal de los derrumbes del año pasado.

“La voracidad de algunos desarrolladores para sacar sus proyectos en tiempo meten ‘planos de aprobación’ que son un trato entre la autoridad y el desarrollador” afirmó Muciño.

“Muchas veces los cálculos estructurales no están ligados a la mecánica de suelos, porque se hacen después de cimentar”.

Además, lamentó la modificación realizada a algunos artículos del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, especialmente del artículo 47, que estableció que toda la responsabilidad de la edificación recae en los directores responsables de obra.

“Este cambio abrió la puerta para que los desarrolladores hagan sus proyectos como quieran, sin consecuencias”, consideró.

No obstante, refirió que con el combate frontal a este tipo de “vicios ocultos” México no requiere de empresas extranjeras que vengan a hacer el trabajo de construcción.

Por su parte, Joel Aragón, Subdirector de Vulnerabilidad Estructural del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), consideró que, aunque la reglamentación y normatividad capitalina -que se actualiza obligatoriamente cada cinco años- es suficiente, reconoció que el resto del país carece de una protección adecuada en la materia.

El funcionario precisó que de los dos mil 455 municipios que existen en México, apenas 165 cuentan con una regulación en la materia, a lo que se suma que un porcentaje muy bajo tiene reglamentación secundaria y que no hay una ley homologada a nivel nacional.

Comentó que esto se debe a que cada municipio es libre y soberano, situación que complica la legislación en la materia.

Sin embargo, Efrén Muciño consideró que la reglamentación capitalina puede funcionar como base para una ley nacional, debido a que integra todo tipo de riesgos aplicables a la construcción.

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Un caso particular en materia de regulación de construcciones es el de Colombia, un país con alta actividad sísmica, pues el sector público y privado están obligados a garantizar la calidad de la obra cada 10 años, destacó Carlos Gil, Director  de Soporte Técnico de SGS Colombia.

Abundó que, en caso de incumplimiento, las empresas o el gobierno deberán responder con dinero, activos o seguros para la reconstrucción del bien dañado, aunque todavía está en proceso de adaptación para que todas las obras cuenten con una póliza.

A la par, aclaró que está estipulada la revisión de la obra de forma permanente con contratistas independientes, quienes se aseguran de que la obra coincida con los planos que se entregaron a las autoridades correspondientes.

En esta mesa de diálogo participaron también el Ing. José Luis Nava, Vicepresidente Unión Mexicana De Asociaciones De Ingenieros (UMAI), así como eI Ing. Edgar Tungüí Rodríguez, Miembro De La Academia De Ingeniería De México y Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX.