Existe inequidad en las imputaciones penales contra los tres magistrados de la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señaló su abogado defensor, Edgardo Campa Lapizco.

El pasado martes, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) obtuvo auto de formal prisión contra los magistrados Carlos Miguel Moreno Encinas, Lázaro Figueroa Ruiz y Juan Carlos Encinas Valdez.

Lo anterior por supuestamente haber utilizado su cargo para generar un daño de 2,200 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, Campa Lapizco señaló que a los integrantes de la sala regional sonorense se les imputa responsabilidad penal y administrativa por actos que se realizaron de forma idéntica en diversas salas regionales del país.

“Evidentemente en el caso que nos ocupa existe un prejuicio manifiesto en contra de los magistrados que actuaron de la misma forma”.

El abogado defensor explicó que tras diversos juicios de nulidad promovidos por particulares para impugnar los recibos de la CFE, bajo el argumento de que los documentos de cobro no tenían firma autógrafa –cuya ausencia genera la nulidad lisa y llana-, la empresa fue obligada a devolver los pagos efectuados por consumo de energía eléctrica.

Inconforme con el resultado de los juicios, la Comisión Federal de Electricidad presentó denuncia ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente en la Procuraduría General de la República, señalando que “posiblemente” existía corrupción.

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“No existe ni remotamente probado un caso de corrupción en este asunto, sino solamente que el representante de la Comisión Federal de Electricidad dijo que conoció ‘de oídas’, es decir, que ‘le comentaron’ que ‘probablemente’ había corrupción”, indicó a medios de comunicación la defensa de los magistrados.

Abundó que La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los recibos de cobro que expide la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con base en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

En dicha Ley se prevé la procedencia de este tipo de juicio por la vía sumaria, esto es, por un procedimiento más breve, cuando los montos en juicio no exceden cierto límite, o cuando se violan jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La PGR había señalado que “las condenas en contra de la CFE, se dieron de manera sumaria, es decir, las diversas resoluciones condenatorias se llevaron a cabo con la participación de uno solo de los Magistrados, quien admitió, substanció y determinó sin la posibilidad de interponer ningún recurso por parte de la paraestatal”.

Campa Lapizco argumentó que “en los juicios donde se declaró la nulidad de los cobros emitidos por la CFE y que ahora analiza la Juez de la causa, jamás se rompió el equilibrio procesal (nunca se prefirió a ninguna de las partes en litigio) ni se causó daño alguno a la paraestatal, como lo reconoce la Procuraduría General de la República en su comunicado”.

“Los señalados aún no han sido juzgados y ya fueron sometidos al escarnio y vilipendio público”, acusó la parte defensora.