Por Martha Palma

Alcaldes México | El 70 por ciento de las denuncias son por discriminación en centros de trabajo y el 31% de éstas se deben a despidos por embarazo, informó Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

De las 725 asesorías que registra el consejo este año se abrieron 117 expedientes de prácticas discriminatorias, llegando a 19 conciliaciones; diez de éstas a causa de despido por embarazo.

“Identificar las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y sus causas, es un proyecto que tenemos este año y en 2020. Para atender las denuncias mantenemos una sinergia constante con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación”, señala la presidenta.

Para el COPRED es muy importante conocer en qué sectores de la industria se presentan estas prácticas y por qué motivos.  Un 18% de las denuncias se deben a despidos por condiciones de salud y un 10% por alguna condición de discapacidad.

Cuando no es posible lograr un convenio de conciliación entre las partes, el consejo abre una etapa de investigación para determinar cuáles fueron los hechos, así como el reglamento o políticas de determinada empresa.

Posteriormente se emite una opinión jurídica donde la COPRED aporta todos los elementos para decir por qué se discriminó a la persona, qué fue lo que sucedió, si la empresa envió algún informe o no. Con esta investigación se determina el tipo de discriminación y emite recomendaciones.

“Estas recomendaciones las hacemos públicas con los medios de comunicación para visibilizar estos actos de discriminación, que en el consejo determinamos contrarios a la ley de derechos humanos y convivencia establecidos en la constitución”, explica Geraldina González de la Vega.

En caso de que las denuncias no sean del ámbito de competencia de la COPRED, se acompaña a la víctima ante la autoridad competente como la Procuraduría General de Justica (PGJ) o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Con un presupuesto anual de 27 millones de pesos, el consejo realiza acciones para prevenir y erradicar la discriminación, que van desde la capacitación, difusión de mensajes de igualdad y sensibilización de todos los funcionarios del gobierno de la ciudad.

En el Instituto Educativo Nelson Mandela, se imparten cursos y talleres en materia de igualdad y no discriminación para funcionarios y público en general. 

Educación Incluyente

El derecho a la educación inclusiva debe ser un principio general constitucional para que todas las niñas y niños estudien juntos sin ser discriminados por presentar alguna discapacidad.

La COPRED junto con organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado solicitando que la reforma educativa no reconociera como un derecho la educación especial, sino como una garantía excepcional, ya que todas las niñas y niños necesitan estudiar juntos como parte de su integración a la sociedad.

“Como sociedad debemos convivir todos juntos en la medida de lo posible y la educación no puede tener un régimen separatista, un niño autista puede convivir en una escuela tradicional aplicando medidas positivas, de nivelación e inclusión”, dice la funcionaria.

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que la educación especial debe aplicarse en casos excepcionales que requieran otro tipo de atención como la enseñanza de la lengua de señas.

El consejo solicitó al Congreso de la Unión incluir un artículo transitorio que estableciera realizar un diagnóstico y posteriormente, un plan o proyecto de inclusión  de niños y niñas en las escuelas tradicionales, a fin de tenerlo listo en el año 2030, conforme a los objetivos de desarrollo sostenible.

“Ya se está trabajando en la planeación pero estamos preocupados porque aparentemente no se hará una consulta abierta, lo cual es violatorio a los derechos de personas con discapacidad que necesitan emitir su opinión en todo lo que tenga que ver con sus derechos y el hecho de que no se abra la consulta es preocupante”, afirma Geraldina González de la Vega.

Reitera que es muy importante que la constitución establezca en un principio la inclusión y a partir de ahí, revisar los casos excepcionales.

Criminalización del trabajo sexual

La postura del Consejo ante el trabajo sexual es reconocerlo como un trabajo no asalariado en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, jamás criminalizarlo y distinguirlo de la trata de personas.

“Emitimos un pronunciamiento de claro rechazo a lo que establece el artículo 27 de dicha ley que continúa criminalizando el trabajo sexual, cuando en realidad es un trabajo que muchas mujeres y hombres realizan de forma voluntaria para sostenerse a ellos mismos y a sus familias. Necesitamos distinguirlo del sexo servicio, prostitución o trata de personas”, dice la presidenta.

Asimismo, la COPRED asesora a los grupos de personas no asalariadas sobre sus derechos, quienes piden acceder a la seguridad social, servicio de guardería, pensión por jubilación, seguro de desempleo y pensiones por invalidez.

“La Constitución de la Ciudad de México reconoce la figura de trabajo no asalariado y por esta razón las personas pueden acceder a estos derechos, no debemos criminalizar el comercio ambulante ni estigmatizarlo, ya que el empleo informal no implica realizar actividades ilícitas”, advierte.

Movimiento #MeToo

Las agresiones sexuales son actos de discriminación en términos de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Por eso es importante impulsar estrategias como el movimiento #MeToo para atender los casos de hostigamiento sexual en el espacio laboral y en el espacio educativo, opina Geraldina González de la Vega.

“Le llamamos hostigamiento porque en si bien en la Ciudad de México existen los delitos sexuales que son abuso, acoso y violación; no está tipificado como hostigamiento las violencias sexuales en los espacios laborales y educativos. Hemos tratado de separarlo para que se entienda que la COPRED no atiende cuestiones penales pero si este tipo de hostigamientos”.

Explica que el movimiento #MeToo es un acto cívico de denuncia pública ciudadana que visibiliza la violencia sexual hacia las mujeres. Sin embargo, estas denuncias no forman parte de un procedimiento reglamentado ante una autoridad jurisdiccional y al ser  denuncia pública, no se puede exigir que presente pruebas o considere el principio de presunción de inocencia.

A su vez, la COPRED junto con la CDHDF y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, inició una campaña en redes sociales para legitimar el movimiento MeTooMx, donde las mujeres pueden denunciar acoso, hostigamiento, abuso sexual, violación y otros tipos de violencia.

El consejo recibe denuncias de mujeres que sufren hostigamiento por parte de compañeros de trabajo, jefes, maestros y administrativos. Revisa las políticas internas en los espacios laborales y educativos, a fin de elaborar propuestas, establecer medidas de no repetición y atender las condiciones del entorno que propician el hostigamiento.

“El objetivo es definir un protocolo que garantice que la mujer no recibirá represalias y que el hostigador lo dejará de hacer y se le aplicará una sanción interna o será transferido”.