‘Derecho de piso’ mal en aumento

por | Nov 14, 2014 | Noticias | 0 Comentarios

Una de las modalidades de extorsión que afectan directamente a comerciantes pequeños y grandes en México es el llamado “cobro de piso”. Los delincuentes se presentan periódicamente a los comercios para exigir diversas cantidades de dinero a cambio de garantizar la integridad física de las víctimas.

Estas conductas ilícitas vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas, pues el crimen organizado abarca diversas modalidades en las que pretenden obtener dinero en grandes cantidades a través de la intimidación y violencia.

Delitos como la extorsión a comercios es síntoma de una serie de problemas que se han ido recrudeciendo en los últimos años.

El crecimiento de la delincuencia organizada, la fractura del tejido social, el que políticos y delincuentes actúen en conjunto, debilitamiento de las instituciones de seguridad y la fragmentación de carteles de droga son sólo algunos factores que propician este tipo de delitos.

Ejemplos de hechos recientes

Jalisco

Según el presidente de la Asociación Nacional de Abarrotes (Antab), Víctor Hernández, las extorsiones y el cobro de piso a las tiendas de abarrotes han ido en aumento en la entidad, sobre todo en el municipio de Tonalá.

Cada semana, 70 negocios del municipio son visitados por delincuentes que les exigen el pago de cierta cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño. Las cantidades van desde 3,000 hasta 10,000 pesos mensuales, según el tamaño del negocio.

Guerrero

A raíz de los hechos ocurridos en Iguala, se ha registrado un recrudecimiento en delitos como secuestros, extorsiones y cobro por derecho de piso en comunidades aledañas a Iguala, según informó el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).

Se han registrado cobros por extorsión a farmacias de hasta 30 mil pesos, por lo que las farmacias de la región registran una pérdida en conjunto de 50 millones de pesos cada mes entre pagos por extorsiones y cierre prematuro de negocios.

Estado de México

En la entidad mexiquense se han registrado, entre otros, la pérdida de patrimonios de empresarios que se han negado a pagar por ‘derecho de piso’ al crimen organizado.

Las represalias más comunes a quienes se niegan a pagar las ‘cuotas’ que les exigen los delincuentes, es la quema del negocio. Así sucedió en un negocio de muebles, al que llegaron tres sujetos con botes de gasolina, sacaron a los empleados y rociaron el local con el combustible para luego prenderle fuego.

Por este y otros casos, la procuraduría mexiquense ha iniciado investigaciones por varias denuncias de comerciantes, ferreteros, bufetes de abogados y consultorio médicos que fueron buscados por delincuentes para exigirles dinero a cambio de no hacerles daño.

Morelos

El Presidente de la Industria Restaurantera (CANIRAC), César Bernardo Ríos Fernández,, denunció en julios pasado que al menos 30 negocios de Cuautla han tenido que migrar a otros estados debido a las amenazas de la delincuencia organizada.

Michoacán

En cuatro meses, de octubre a enero de 2014, las extorsiones costaron al estado ocho mil 27 millones de pesos. Así lo dio a conocer Heliodoro Gil Corona, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Los productores agrícolas son los más afectados, al pagar poco más de 94% de las extorsiones, mientras que 220 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), de Michoacán, fueron afectadas por la inseguridad.

Urgente frenar extorsiones

En total, en México, 260 mil empresas son afectadas por la violencia en la modalidad de pago por derecho de piso o extorsión, según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Las extorsiones en el país se han incrementado a un nivel de 600% a lo largo de 13 años, del año 2000 a 2013. Según el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se debe a una deficiente política pública en cuanto a la extorsión, que parte de las fallas en la clasificación y registro de los casos, hasta la ausencia de acciones concretas.

“Desde que se comenzó a observar el incremento constante de la extorsión, como ciudadanos no hemos percibido la intención de las autoridades de abordar integralmente este problema (…) esto evidencia que se trata de un delito que no está siendo atendido con la urgencia y enfoques diferenciados que se requiere (criminológico-victimológico)”, indica el ONC.

Isaías Ocampo Gaona

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