La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con 332 votos en pro, 41 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto donde se determina que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2016.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Porfirio Muñoz Ledo, pidió publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación. “Les recuerdo que, en consecuencia, se rechaza la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016”.

Además, solicitó remitirlo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

El dictamen, que ayer martes fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, instruye a la ASF continuar el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2016, y en su caso, sancionar las faltas administrativas que le competan, en los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Precisa que el Ejecutivo federal ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos (mdp), y reporta que al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a siete billones 447 mil 963.4 mdp, esto es, 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.

Detalla que de los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior se determinaron ocho mil 69 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones; sin embargo, existieron irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y de los recursos transferidos a estados y municipios.

Es decir, continúa, los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente. Asimismo, señaló, “el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto establecida de 3.1 por ciento, alcanzando solamente 2.3 por ciento”.

El documento menciona que de forma reiterada se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33.  En el ejercicio 2016, afirma, no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios.

Además, no se consumaron los objetivos de la política de gasto; igualmente, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, “por lo que no existe elementos suficientes para aprobarla”, reitera.

Resalta que las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Presupuesto y Cuenta Pública coordinarán una Mesa de Trabajo en la que se atenderá y dará seguimiento a las observaciones de la ASF, relativas a las áreas clave con riesgo, identificadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, con la finalidad de priorizar áreas de mejora normativa.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua (Morena), señaló: se observó que durante el mencionado  ejercicio fiscal, las condiciones de la economía mexicana resultaron decepcionantes, y no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, pues los avances en el cumplimiento de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en el beneficio de la sociedad.

La inflación anual fue de 3.36 por ciento mayor en 1.23 por ciento a la alcanzada en 2015, y rebasó el límite de 3 por ciento establecida por el Banco de México. En cuanto a los ingresos presupuestarios del sector público, durante 2016 estos se ubicaron en 24.8 por ciento del PIB, cuatro billones 845 mil 530.3 millones de pesos, cifra superior en 16.6 por ciento a la prevista originalmente, y en 8.6 por ciento  real a la registrada en 2015.

“Si se excluye en ambos años el entero del remanente de las operaciones de Banco de México y los ingresos asociados a las exportaciones patrimoniales del gobierno federal, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, los ingresos fueron inferiores a los registrados en el año anterior en 0.9 por ciento real”, aseguró.

Precisó que los ingresos del gobierno federal alcanzaron un total de tres billones 571 mil 281.2 millones de pesos, cifra que rebasó en 7.4 por ciento real a lo obtenido en el año previo.

La recaudación no petrolera resultó superior en 24.7 por ciento a lo previsto, en 12.8 por ciento real a lo registrado en el año precedente. Los ingresos tributarios no petroleros excedieron en 12.8 por ciento a lo pronosticado y presentaron un crecimiento en términos reales del 10 por ciento.

La variación se explica principalmente por la mayor recaudación del sistema-renta, por 176 mil 844.1 mdp, debido al aumento en los pagos anuales definitivos, un incremento en la base de contribuyentes y la actividad económica del Impuesto Sobre la Producción y Servicios por 62 mil 444.4 mdp, del IVA por 49 mil 711.5 mdp, asociados a la evolución del consumo y del impuesto a la importación por 14 mil 264.3 millones de pesos, como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio, explicó.

Los ingresos no tributarios, no petroleros, excedieron lo previsto en 337 mil 954.1 millones de pesos, debido a los ingresos de la naturaleza no recurrentes por 239 mil 93.8 mdp, por el entero del remanente de operaciones del Banco de México, detalló.

Campos Equihua indicó que se destaca que en el 2016 se realizó, por segunda ocasión, el ajuste al gasto público por 164 mil millones de pesos. No obstante, el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado y se derivó en ampliaciones netas por 613 mil 975.6 mdp, los cuales se cubrieron con ingresos excedentes.

Además, continuó, el gasto en comunicación y transportes se incrementó en 28 mil 144.5 millones de pesos, como resultado de los recursos aportados, a través del programa presupuestario Proyectos de Construcción de Aeropuertos, al Fideicomiso el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Mencionó que el programa de Proyectos de Infraestructura Ferroviaria destinó cinco mil 177.5 mdp para el proyecto de inversión denominado Construir el Tren Interurbano México-Toluca, primera etapa.

De igual modo, al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos; es 952 mil 884.7 mdp superior al informado un año antes.

Conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Banco de México anunció el monto del remanente de operación que sería entregado al gobierno por un monto que resultó de 239 mil 94 millones de pesos. El remanente se utilizaría: 167 mil mdp, equivalente al 70 por ciento del entero, a recomprar la deuda existente del gobierno federal y disminuir el monto de colocación, de los cuales hasta 103 mil mdp se utilizarían para realizar recompras de valores gubernamentales y al menos 64 mil millones de pesos para la reducción de la colocación.

Puntualizó que la esencia de la fiscalización superior es la revisión de la Cuenta Pública, por el número de las graves irregularidades; la mayoría se concentró en el gasto federalizado. Destacan, por el número de observaciones, los estados de Nayarit, Michoacán, México y Baja California Sur; “los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación”, indicó.

En las intervenciones, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) mencionó que en el análisis se puede ver que hubo un gasto irresponsable y discrecional por parte del gobierno federal; en 10 años, sostuvo, no se revisaron 10 cuentas, no se ha hecho el trabajo ni cumplido con esta responsabilidad. “Son más de 100 mil millones de pesos que no se ha aclarado su destino”.

Su compañero de bancada, diputado Irineo Molina Espinosa comentó ¿cómo aprobar  esta Cuenta Pública “cuando a muchos de nosotros nos tocó ver que Sagarpa entregaba apoyos a gente que ni siquiera se dedica la campo”? Agregó que el daño al erario público recae también sobre pasadas legislaturas que protegieron al Presidente. “Esto nos debe servir de precedente y debemos asumir la responsabilidad para  evaluar de la misma formas las siguientes cuentas”.

De esa misma fracción, la diputada María Geraldine Ponce Méndez señaló que la ASF establece áreas claves con riesgo en la gestión del sector público, y los resultados en la parte financiera no se ajustan a los  criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública.

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, también de Morena, indicó que, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, los padrones gubernamentales son el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de mayores carencias sociales. “Cuando se hacen las revisiones, se determina la procedencia, y si fueron bien utilizado o no los recursos”.

Su compañero, diputado Marco Antonio Andrade Zavala, dijo que el informe presentado por la Auditoría presenta observaciones respecto a la ejecución del gasto público en programas asistenciales, debido a la falta de claridad en los padrones de beneficiarios y la duplicidad de acciones. Dentro de diferentes programas o en distintos niveles de gobierno, existe dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistemas de evaluación funcionales.

Del PAN, el diputado Xavier Azuara Zúñiga indicó que en el 2016 el gato neto total se incrementó, respecto al presupuesto autorizado, por más de 613 mil millones de pesos y solo el gasto corriente se incrementó en 4 por ciento, en relación con la estimación original; también, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2016, se detectaron 5 áreas de riesgo en la gestión del sector público.

El legislador Fernando Galindo Favela (PRI) expresó que faltó considerar, en el informe de la Cuenta, la creación de casi un millón de empleos en el 2016; una inversión extranjera de 27 mil 526 millones de pesos; un incremento del consumo del 2.6 por ciento; el aumento de las exportaciones y 55 millones de beneficiarios en el seguro popular. Además, “se cumplieron todas las metas fiscales que autorizó el Congreso de la Unión”.

Su compañero de bancada, diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández sostuvo que el dictamen no menciona los logros palpables del combate a la pobreza ni valora que, debido al cambio de política social, 1.3 millones de mexicanos superó el rezago educativo. “El ejercicio responsable del gasto público nos atañe a todos. No hagamos de este proceso de fiscalización un juicio sumario que busca poner en duda la honradez y capacidad de todo funcionario público, por el simple hecho de no compartir la misma ideología política”.

De esa misma fracción, la diputada Marcela Velasco González, afirmó que los resultados económicos favorables y tangibles registrados durante 2016 y su impacto positivo en las familias mexicanas, contrastan con las conclusiones del dictamen. Añadió que durante ese año, el PIB se expandió y se redujo el desempleo; hubo mayor inversión extranjera; disminuyeron los ingresos petroleros y aumentó la recaudación.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado del PES, refirió que hay más de ocho mil observaciones de la ASF; el Ejecutivo federal incumplió sus metas, logrando solo el 75 por ciento de lo que se había propuesto, y la gente señala que sus impuestos no son ejercidos de manera eficiente. Por ello, agregó, no se debe aprobar la Cuenta Pública 2016 y pidió que la ASF continúe con los procedimientos jurídicos de sanción apegados a la ley.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) expresó que los resultados no correspondieron a las aspiraciones económicas y sociales del país y no cumplieron los objetivos de los programas, por lo cual siguió creciendo la pobreza, mientras la economía y el empleo se estancaron. “La no aprobación de la Cuenta Pública 2016 es una decisión que honra la exigencia popular de transformar la vida pública de México. El gobierno no solicitó el aval de la Cámara de Diputados para decidir a cuáles ramos y programas asignar los ingresos presupuestaros, pues se decidió favorecer rubros como comunicación social”.

Su compañero de bancada, diputado Benjamín Robles Montoya, destacó que no se aprobará esta Cuenta Pública 2016, “la de la Estafa Maestra y del uso de recursos discrecional del Presidente con fines políticos”, y lo que se debe exigir es continuar con los procedimientos jurídicos y responsabilidades correspondientes. “México necesita desterrar la corrupción y los privilegios, no más simulación ni acuerdos. Nadie quedará impune. Se acabaron los negocios al amparo del poder público”.

Por MC, la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández calificó de abismal el daño al erario público, pues se trata de un boquete económico de poco más de 103 mil millones de pesos, con los que se pudo haber construido y equipado más de 200 hospitales generales y edificar 68 universidades públicas.  “Que no queden en la impunidad las posibles irregularidades en el manejo de los recursos del erario; esperamos que la labor de la ASF se vea reflejada en acciones legislativas, encaminadas a resarcir estos daños; por ello, apuntó, debemos fortalecer a la Auditoría”.

También de esa fracción, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo resaltó que no se han evitado actos de corrupción que involucran grandes sumas de recursos públicos, como la “Estafa Maestra” y la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se pronunció por subsanar la totalidad de las observaciones realizadas por la ASF.

Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, señaló que el documento revela que el gobierno federal cayó en excesos; por ello, dijo, “estamos a favor de rechazar la Cuenta Pública 2016, pues no podemos dejar pasar temas recurrentes y graves daños al erario; discrepancia entre los resultados prometidos, esperados y los obtenidos; discrecionalidad en el manejo de los recursos; información contable incorrecta e insuficiente, y vulnerabilidad en las finanzas públicas”.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) planteó un análisis adicional para “buscar, sí, aprobar esta Cuenta Pública, ya que, además de la situación internacional adversa de la economía en 2016, se obtuvieron resultados significativos e importantes, dada la oportuna intervención de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, para mantener vivos a los programas sociales. Queremos un voto de confianza a esta Cuenta aprobándola, entendiendo que las irregularidades se siguen por separado, tanto en la PGR como en la Secretaría de la Función Pública”.

Por ese mismo grupo parlamentario, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, diputado del PVEM, se pronunció en contra del dictamen, porque no tiene las características técnicas y de objetividad que establece la ley, pues “es la suma de juicios de valor”. Añadió que el gobierno gastó con criterios sociales, dado que hizo un buen uso de los recursos y logró que la economía fuera estable.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre, a las 11:00 horas.