Los diputados federales se autorizaron –por conducto del Comité de Administración integrado por todos los grupos parlamentarios– un salario de 105 mil 378 pesos en términos brutos, al cual se adicionan 45 mil 786 para asistencia legislativa y 28 mil 772 para atención ciudadana; en total, 179 mil 953 pesos.

A este monto se agregarán 141 mil 289 pesos por concepto de subvenciones, rubro que la actual legislatura ofreció eliminar a partir del próximo año, con lo cual en términos globales se destinarán recursos públicos por 321 mil 225 pesos mensuales a cada diputado. Es decir, por cada representante de los partidos políticos en San Lázaro la erogación anual ascenderá a 3 millones 854 mil 700 pesos.

Al consultar al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, acerca del acuerdo del Comité de Administración del pasado 25 de septiembre, replicó: A eso le vamos a recortar.

Ese comité –cuya tarea es vigilar el destino del dinero del gasto de la Cámara (que los propios diputados aprueban cada año)– alcanzó una serie de acuerdos y lineamientos avalados por los diputados Moisés Ignacio Mier (Morena), Armando Tejeda (PAN), Ivonne Álvarez (PRI), Armando González (PES), Reginaldo Sandoval (PT), Alberto Esquer (MC), Claudia Reyes (PRD) y Carlos Puente (PVEM).

Los diputados decidieron asignarse un aguinaldo de 140 mil 504 pesos y sus empleados, por concepto de atención ciudadana-apoyo de fin de año, recibirán 38 mil 363 pesos. El acuerdo prevé el pago de 58 mil 297 pesos a cada legislador para organizar su informe de actividades legislativas.

Al respecto, Mario Delgado advirtió: Habremos de quitarlo.

El Comité de Administración avaló también mantener las subvenciones a los partidos, a pesar de que este rubro se ha manejado en la opacidad, porque no se comprueba su destino, y no obstante que la actual legislatura ofreció suprimirlo como parte de su oferta política.

El comité aprobó el reparto y el beneficio mensual que recibirá cada legislador: 141 mil 289 pesos, y que en total suma 847 millones 774 mil.

Además, los grupos parlamentarios representados en el comité incluyeron una docena más de acuerdos sobre gasto de distintos alcances y montos.

Entre éstos, se incluyen los apoyos administrativos para los diputados sin partido Carlos Alberto Morales (Chiapas) y Ana Lucía Riojas (Ciudad de México). Cada uno dispondrá de una secretaria con sueldo bruto mensual de 10 mil pesos, computadora, extensión telefónica, impresora, oficina y televisión.

Además, el comité autorizó asignaciones mensuales para fondos revolventes (cantidad de dinero en efectivo rembolsable) con la siguiente cuantía: secretaría general, 25 mil pesos mensuales; servicios administrativos, 15 mil; servicios parlamentarios, 15 mil; contraloría interna, 15 mil; direcciones generales de finanzas, 30 mil; recursos materiales, 150 mil; resguardo y seguridad, 15 mil; comunicación social, 15 mil; asuntos jurídicos, 15 mil, y programación y presupuesto, 15 mil.

Incluso los ocho diputados del Comité de Administración autorizaron recursos presupuestarios mensuales para ellos mismos: el de Morena recibirá 39 mil 500 pesos entre fondo revolvente y fondo fijo; el del PAN, 27 mil; el del PRI, 20 mil; y para los de PES, PT, MC, PRD y PVEM, 13 mil cada uno. Esas cantidades se repitieron en la misma cuantía para los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En el caso de quienes llevarán las cuentas financieras de los partidos en la 64 Legislatura, el Comité de Administración concluyó: Se estima que se deben mejorar las condiciones de organización, funcionamiento y operatividad administrativa de dichos grupos en beneficio de sus responsabilidades administrativas, así que autorizaron los siguientes salarios:

Para Morena, PAN y PRI, el salario de sus administradores será de 151 mil 457 pesos brutos, suma que resultará de un sueldo neto mensual de 105 mil 28 pesos; para el resto de partidos, PT, PES, MC, PRD y PVEM, las percepciones brutas de cada uno de ellos serán de 106 mil 416 pesos, con un resultante neto de 75 mil 336 pesos.

Además, esa instancia protegió a la Cámara de Diputados de responsabilidad legal en materia de pago de indemnizaciones a los trabajadores contratados bajo el concepto proempresarial de honorarios asimilados a salarios.

Queda bajo la estricta responsabilidad de éstos (grupos parlamentarios) determinar el porcentaje que, de sus subvenciones, asignará a la contratación de personal de honorarios asimilados a salarios, siendo obligatorio que se lleven a cabo las acciones necesarias para que la Cámara de Diputados quede totalmente excluida de cualquier responsabilidad laboral o de cualquier otra naturaleza, con respecto a las contrataciones que se realicen. Los grupos parlamentarios serán los únicos responsables de las relaciones laborales que se generen.

Con información de: La Jornada