Pese a la incertidumbre y a la caída esperada en los ingresos operativos que se generó en el 2020 por la Covid-19, Fitch Ratings dio a conocer que el grupo de municipios en la categoría crediticia “A(mex)” presentó robustez en las métricas de deuda.

Por medio de un reporte especial, la agencia informó que luego de revisar las calificaciones de 31 municipios (Acolman, Altamira, Atizapán de Zaragoza, Benito Juárez, Boca del Río, Cajeme, Centro, Durango, García, General Escobedo, Gómez Palacio, Huixquilucan, Los Cabos, Mazatlán, Metepec, Navojoa, Salamanca, San Juan del Río, San Luis Potosí, San Luis Río Colorado, San Miguel de Allende, San Nicolás de los Garza, San Pedro Tlaquepaque, Solidaridad, Tampico, Tepatitlán de Morelos, Tultepec, Tultitlán, Tulum, Valle de Bravo y Zacatecas) destacó la dinámica de los endeudamientos, se afirmaron las calificaciones de 26 entidades y se modificó la Perspectiva a Estable desde Positiva para uno de estos.

“Fitch evalúa la sostenibilidad de la deuda mediante tres métricas en el escenario de calificación: la razón de repago (deuda neta ajustada/balance operativo), la cobertura real del servicio de deuda (balance operativo/servicio de deuda) y la carga de la deuda fiscal (deuda neta ajustada/ingresos operativos). Una entidad obtuvo una sostenibilidad de la deuda en categoría en ‘aaa’; 29 en ‘aa’ y una en ‘a’”, expuso la agencia.

De acuerdo con la metodología, Fitch evalúa la sostenibilidad de la deuda mediante la métrica primaria de razón de repago; asimismo, la métrica secundaria de cobertura real del servicio de deuda o cobertura real es determinante para obtener el puntaje de sostenibilidad de la deuda, en conjunto con la carga de la deuda fiscal.

“Estas métricas se proyectan en el escenario de calificación; un escenario a través del ciclo que incorpora una combinación de estrés en los ingresos, costos y riesgos financieros (costo de la deuda)”, reiteró. Ante esto, uno de los factores que beneficiaron a los municipios fue la dinámica la tasa objetivo del Banco de México. “Las entidades se beneficiaron de la baja gradual de la tasa objetivo suscitada durante el 2020, esta pasó de 7.25% en diciembre del 2019 a 4.25% en diciembre del 2020”.

Otro factor que generó sostenibilidad en los endeudamientos fue el marco regulatorio establecido por la Ley de Disciplina Financiera, ya que ha sido efectivo para mantener niveles de deudas sostenibles en la mayoría de los gobiernos locales.

“Asimismo, permite que haya mayor certidumbre en las proyecciones de deuda al establecerse techos de financiamiento neto de acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas. Lo anterior explica el por qué la métrica primaria de razón de repago sea menor de 5.0x (‘aaa’) en el escenario de calificación de Fitch para emisores con perfiles de riesgo ‘Rango Medio Bajo’ y ‘Más Débil”, precisó la agencia.

Comportamiento

Derivado de los indicadores macroeconómicos y los supuestos particulares de endeudamiento de corto y de largo plazo de cada municipio, Fitch observó que Boca del Río, Metepec, Tampico y Tultitlán mejoraron en el rango de sus coberturas de endeudamientos con respecto a las revisiones pasadas.

Mientras que Acolman, Atizapán de Zaragoza, Los Cabos y Navojoa presentaron coberturas y razones de repago menos favorables que en su última revisión.

“A razón del repago de los municipios del grupo se encuentra dentro de los puntajes ‘aaa’ y ‘aa’, mientras que las coberturas registran un comportamiento distinto según el perfil de riesgo de la entidad; en el ‘Rango Medio Bajo’ se proyectan coberturas entre 0.7x y 4.2x, mientras que para los municipios con perfil ‘Más Débil’, las coberturas proyectadas rondan entre 0.9x y 11.3x”, precisó el reporte.

En el caso de Altamira, si bien la cobertura mínima corresponde a un nivel inferior al de la razón de repago (‘aa’ y ‘aaa’, respectivamente), “no se aplica el ajuste en la sostenibilidad de la deuda, ya las coberturas son consistentemente superiores a 4.0x en cuatro de los cinco años proyectados, y a que la entidad no tiene empleada deuda de largo plazo ni corto plazo”.

A liquidar  

Fitch rating recordó que la Ley de Disciplina Financiera obliga a que se liquide la deuda bancaria de corto plazo a tres meses antes de los cambios de administraciones locales, “por lo que se asume que existe una concentración de pago elevada en el año que esto ocurre y un mayor riesgo de incumplimiento al ser quirografaria”.

“Dentro del grupo, se consideró endeudamiento de corto plazo en las proyecciones de 17 entidades”, señaló el informe.

De acuerdo con el Sistema de Alertas de la SHCP, al corte del 31 de diciembre del 2020 Atizapán de Zaragoza tenía un saldo de 158.9 millones de pesos correspondientes a dos créditos de corto plazo, los cuales tendrán que ser amortizados en el 2021, tres meses antes del cambio de administración.

Al primer trimestre del 2021, Durango reportó 50 millones de pesos por el mismo concepto, el cual será pagado antes de finalizar el año.

Por su parte, Tulum presentó una recurrencia hacia créditos de corto plazo, el más reciente fue contratado en mayo del 2020 por 40 millones de pesos y fue amortizado en su totalidad. En el caso de Centro, al cierre del año pasado, 50 millones de pesos restaron del crédito de corto plazo que por ley debe quedar finiquitado tres meses antes del cambio de administración.

Asimismo, General Escobedo adquirió un crédito de corto plazo por 40 millones de pesos con Banco Afirme, el cual ya fue liquidado.

Impacto

La agencia recordó que como consecuencia de la pandemia, para el 2020 se consideró que las participaciones federales y la recaudación local podrían reducirse debido a la contracción de la actividad económica; asimismo, se proyectaron presiones en el gasto operativo.   A la par, precisó que la recaudación federal participable cerró en cerca de 3 billones de pesos, en contraste con los 3.3 billones estimados a principio de año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El Fondo General de Participaciones, la principal transferencia no etiquetada proveniente del gobierno federal, pertenece al Ramo 28 y ha presentado generalmente un comportamiento alineado con el crecimiento del PIB, en el 2020 el Fondo General de Participaciones decreció 5.7% en términos reales”, expuso. Al retomar los datos de la SHCP del 2020, la calificadora ahondó en que las participaciones federales transferidas a estados y municipios sumaron 843,300 millones de pesos, 11.4% menos de lo estimado para este año y 4.1% por debajo de lo recibido en el 2019.

En el 2020, las aportaciones federales transferidas a los gobiernos locales y regionales fueron de 769,700 millones de pesos, 1.3% mayor que lo presupuestado y 3.5% por encima de lo reportado en el 2019. Para el 2021 se presupuesta transferir 1.1% mayor que lo otorgado en el 2020.

“En el 2020 se activó y potenció el Fondo de Estabilización de Ingresos para las entidades federativas para compensar la baja en las participaciones federales, tal como sucedió en el 2009, debido a una recaudación federal participable menor a la estimada. Dado que la caída de las participaciones federales no fue tan profunda como la del 2009, solo se dispusieron cerca de 43,000 millones de pesos de la potenciación, lo que dejó una reserva de 30,600 millones para el 2021”, ahondó.

Con información de: El Economista

 

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