Estudio revela opacidad en programas sociales

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Alcaldes de México

El Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados emitió un reporte denominado “Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas”, en el que se advierte que de los mil 927 programas sociales que operan en las 32 entidades federativas, la mitad de ellos carecen de transparencia en el uso de recursos asignados.

Por tal motivo, los legisladores integrantes de dicha comisión suscribieron un proyecto de reformas a la Ley de Transparencia para homologar la información de los programas sociales y obligar a los tres órdenes de gobierno a publicar y actualizar el listado de beneficiarios con nombre y apellidos, debido a que los programas que carecen de dicha información facilitan actos irregulares y corrupción de servidores públicos.

El presidente de la comisión legislativa, José Francisco Coronato, aseguró que no hay claridad en las dependencias sobre los destinos de los programas sociales: la información en disímbola y no homogénea, genera confusión y limita la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, como consecuencia, a los programas.

El propósito de la iniciativa, remarcó el legislador, es asegurar la transparencia en los registros de beneficiarios, ya que solo 55.3 por ciento (mil 66) de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios y apenas 53.6 por ciento (mil 32) da a conocer sus respectivos presupuestos.

Con el estudio realizado por la comisión legislativa se identificó que los programas sociales carecen de transparencia en los trámites, gestión de recursos y el otorgamiento de apoyos a la población más vulnerable, debido a que solamente 57.1 por ciento (mil 101) de los programas sociales de las entidades federativas presenta un informe sobre el ejercicio de los recursos del erario y 66.9 por ciento (mil 289) entrega un informe anual de resultados.

Con base en el estudio, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública pone en entredicho la institucionalidad de la política social a escala de estados y municipios, y evidencia la falta de coordinación de los programas sociales entre sectores y órdenes de gobierno.

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