El ex gobernador priísta Mario Anguiano Moreno anunció que se entregará a las autoridades al no poder pagar los 515.1 millones de pesos que le impuso el congreso del estado por haber adquirido un crédito de 638 millones de pesos en 2015.

En rueda de prensa, el ex mandatario señaló que se considera un “perseguido político” de la administración del también priísta Ignacio Peralta Sánchez ya que la contratación del crédito contó con su aval, incluso el gobernador pidió a varios diputados de ese entonces aprobar el empréstito, como sucedió en septiembre de 2015.

El ex mandatario señaló que sus abogados analizan la posibilidad de impedir el cobro de los 515.1 millones de pesos que ya sentenció un tribunal federal. “Mis abogados me han dicho que este expediente transgrede cualquier derecho humano”, e insistió en que se entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE) este próximo jueves 13 de febrero a las 17:00 horas.

Recordó que su gestión fue auditada cuatro veces “y en todas las auditorías, presentamos pruebas y no pudieron comprobar ninguna irregularidad”.

Sin embargo, en la adquisición de un crédito por 638 millones de pesos se le impuso una sanción millonaria junto con sus excolaboradores Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández a quienes sí los amparó la justicia federal.

Agregó que vio “una incongruencia” por parte de la justicia federal ya que se presentaron los mismos elementos de prueba en los tres expedientes y “sólo a mí se me sanciona”.

Aunque su administración ya no ejerció ese crédito sino el gobernador interino Ramón Pérez Díaz en donde el actual secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, estaba ya en la administración estatal.

Pidió a la población que le exijan al congreso investigar al menos tres casos de probable corrupción en el gobierno de Ignacio Peralta: la adquisición de créditos de corto plazo, la compra de los Terrenos de la Campana, en donde a él se le ofrecieron a 90 millones de pesos en 2014 y que Peralta Sánchez pagó en 170 millones de pesos en 2016, y la supuesta compra de la exzona militar ubicada en Calzada Galván por 200 millones de pesos en donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los registros del Diario Oficial de la Federación establecen que fue una donación a título gratuito.

Añadió que su patrimonio asciende a dos millones de pesos pero que todo se puede comprobar, “ya que el gobierno estatal tiene toda mi información en la Contraloría General”.

Negó que su marcha a la Fiscalía General del Estado (FGE) sea “un show mediático” pues aunque es una sanción administrativa, acudirá hasta esa instancia a entregarse pues no puede pagar la multa de 515.1 millones de pesos “ni en esta, ni en 15 vidas más”.

Con información de: La Jornada