El Gobierno de Jalisco vetó las reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley de Movilidad, que planten entregar concesiones a taxistas que acrediten una antigüedad de 10 años y que permiten la operación de plataformas como Uber y City Drive en Jalisco.

En el documento, el Ejecutivo pidió a los diputados que eliminen del artículo 113 el esquema de entrega de permisos de manera “inmediata” a los taxistas, ya que se podría registrar un descontrol en el número de concesiones autorizadas.

“Que no sea automático porque se podría sentir como una anarquía totalmente, sino, en una forma lineal, previo a convocatoria, previo a estudio, al tema de sustentabilidad y la agenda verde que estamos promoviendo”, señaló el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara.

Asimismo, solicitaron que el proceso de adquisiciónde permisos se realice mediante una convocatoria en donde los chóferes con una década de servicio obtengan un trato preferente y el número de concesiones sea determinado mediante los estudios de demanda del Instituto de Movilidad.

En el caso de los artículos que autorizan la regularización de Empresas de Redes de Transporte, el Poder Ejecutivo realizó siete observaciones, entre las que destacan la prohibición de cobrar en efectivo. Por lo que se propone que el pago se realice únicamente vía tarjeta de crédito.

Respecto a la tarifa dinámica, el Ejecutivo tendrá la facultad de impedir el alza en el costo del servicio conforme al incremento a la demanda, siempre y cuando exista una causa de interés social.

Por otro lado, se propone modificar el destino del fondo verde a una bolsa para las víctimas del transporte, debido a que la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente prevé una bolsa para este fin. Este planteamiento fue realizado por la organización civil Víctimas de la Violencia Vial.

Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno, dio a conocer cuáles eran las observaciones hechas  a la Ley de Movilidad conocida también como Ley Uber.

Las observaciones al rubro de las Empresas de Redes de Transporte (ERT) o taxis ejecutivos fueron las siguientes:

1. La ley que aprobaron los diputados omite sanciones a conductas no autorizadas.

2. No se garantiza al estado el pago de infracciones de tránsito cometidas.

3. Los pagos por el servicio serán de manera electrónica.

4. Se sugiere que el Poder Ejecutivo tenga la atribución para imponer tarifas y evitar que los precios por el servicio se disparen.

5. Se precisa que los vehículos deben seguir prestando el servicio y éste no debe ser limitado por una antigüedad de 8 años para vehiculos a gasolina y a 12 años para los vehículos híbridoscomo los diputados locales lo habían considerado.

6. El fondo económico que los legisladores habían propuesto para destinarlo a acciones delmedio ambiente, el Poder Ejecutivo consideró que mejor los recursos sean destinados al desarrollo de infraestructura vial y la atención a  víctimas de accidentes viales.

7. También el Poder Ejecutivo detectó deficiencias en la redacción de la ley e hizo los ajustes necesarios.

En lo referente a los taxis tradicionales el Secretario General de Gobierno  anunció las siguientes observaciones:

1. El Poder Ejecutivo sugiere que las concesiones se hagan a través de una convocatoria.

2. Que la antigüedad no sea el único factor por el que se otorguen  las concesiones.

3. La autoridad debe tener  la facultad para controlar y limitar el número de concesiones. En caso de establecer el criterio de antigüedad para otorgar la concesión es necesario revisar que no haya otros competidores que garanticen la seguridad y protección al medio ambiente.

4. El otorgamiento de concesiones deberá estar sustentada en estudios técnicos.

5. La reforma que aprobaron los diputados no garantiza el derecho a contar con un medio ambiente sano.

6. Que se consideren características técnicas ambientales y de seguridad de la unidad vehicular.

Con información de: Unión Jalisco y El Informador