Desde el fin de semana pasado, los pobladores de San Miguel Canoa decidieron prohibir la entrada a la comunidad de personal del Sistema Estatal y Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la Secretaría de Salud (Ssa) y del ayuntamiento de Puebla.

Cerraron los accesos principales a personas ajenas a San Miguel Canoa, debido a que temen más detenciones contra habitantes, luego de la detención, la semana pasada, del edil auxiliar de Canoa Raúl Pérez Velázquez.

Origen del conflicto

La relación entre Gali Fayad, alcalde de la ciudad de Puebla, y Raúl Pérez Vázquez, edil auxiliar de Canoa, se vio afectada cuando el alcalde poblano quiso estrenar el programa Progreso a la Puerta de tu Casa en Canoa, pero fue corrido por un grupo de manifestantes encabezados por el edil.

Al asumir la presidencia auxiliar, Pérez Vázquez inició una lucha por controlar el Registro Civil, atenuado por múltiples marchas y amenazas contra el alcalde y disuadirlo de visitar Canoa.

Posteriormente anunció el edil la implementación de su propia Policía comunitaria debido a que eran insuficientes los policías municipales para garantizar la seguridad en la demarcación.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municpal (SSPTM), resguardó la presidencia auxiliar, mientras el edil interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para evitar una posible detención, y a pesar de que lo obtuvo, fue detenido el viernes 31 de octubre.

El arresto

El edil fue detenido luego de ser citado a una reunión de trabajo en el edificio de Obras Públicas del Ayuntamiento. Al salir, un comando armado de 15 elementos ministerios lo detuvo. Según testigos, los uniformados no presentaron alguna orden de aprehensión ni explicaron los motivos de la detención.

Desde la detención del edil auxiliar la población mantiene vigilancia continua, de día y de noche, en la localidad ante la ausencia de autoridad y de Policía Comunitaria.

Apoyo de la Comunidad

Al menos 300 pobladores de Canoa marcharon de la localidad a la alcaldía de Puebla para exigir al gobierno la libertad inmediata de Raúl Pérez.

Desde su ausencia, Rocío Pérez Pérez, hija del edil, asumió la defensa de San Miguel Canoa y permanece al frente de la lucha social de la población.

Exigen la reinstalación del Registro Civil y la derogación a la Ley Orgánica Municipal que dejó en la indefensión a las juntas auxiliares, debido a que la ley aprobada en diciembre del año pasado, desparece algunas facultades de los alcaldes auxiliares como jueces de paz y Ministerio Público adjunto.

Leonardo Báez Serrano, edil de La Resurrección, también fue detenido en fechas pasadas, acusado de usurpación de funciones por mantener el cobro del Registro Civil en su demarcación.