La Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instaló la mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en el estado de Puebla, en donde presentó la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas, la cual tiene el objetivo de construir acuerdos específicos para la reducción del rezago en el acceso a la justicia.

Los objetivos específicos de la agenda consisten en la toma de acuerdos de alto nivel a través del trabajo concertado entre las autoridades federales, estatales, y municipales, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos de las mujeres y las niñas.

Definir agendas institucionales y rutas de trabajo

Lo anterior, mediante el desarrollo de mecanismos de mejora y elementos correctivos en el proceso de procuración e impartición de justicia para casos de delitos cometidos contra este sector; así como definir agendas institucionales y rutas de trabajo que se transformen en políticas públicas aplicadas por los gobiernos estatales y municipales, en el corto, mediano y largo plazo, cuya finalidad sea la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Cómo ejes prioritarios se encuentran:

• La prevención de la violencia de género y feminicida.
• El fortalecimiento de los sistemas estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
• La implementación de la estrategia de reacción inmediata coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías estatales.
• El fomento de la estrategia de mujeres constructoras de paz.
• La relación a través del diálogo con colectivas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
• La reducción del rezago judicial.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, designó a la secretaria de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera Álvarez, como secretaria técnica de la mesa estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La entidad ha realizado una serie de proyectos con apoyo del gobierno federal, de una inversión superior a los 6 millones de pesos, entre los que se encuentran la coadyuvancia para las acciones de alerta de género.

 

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