La Secretaría Ejecutiva del Sipinna sugirió acciones para involucrar, en mayor medida, a autoridades estatales y municipales en la protección de los derechos de las y los adolescentes responsables de la comisión de algún delito.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes –promulgada en 2016– marca que la reintegración social y familiar de la población adolescente en conflicto con la ley, es un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un delito.
En este sentido, el director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Francisco Castellanos García, explicó que la reinserción se llevará a cabo a través de programas socioeducativos que incidan en los factores internos y externos, como los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y tener un rol constructivo en la sociedad.
Durante el ‘Taller de Reinserción Social de Adolescentes’, impartido por la Secretaría Ejecutiva del Sipinna en Zacatecas, Francisco Castellanos García sugirió acciones para involucrar, en mayor medida, a autoridades estatales y municipales en la protección de los derechos de las y los adolescentes como autoridades de contacto directo con el grupo de población para atender sus necesidades y prevenir sus riesgos.
Aunado a cumplir los acuerdos contraídos por el pleno del Sipinna, y que fueron asumidos por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en 2017 y 2018, mismos que dan respuesta a las recomendaciones internacionales y fijan la visión de política hacia 2030.
Añadió cumplir también el mandato constitucional de establecer un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tratarles como sujetos de derechos y de protección integral.
Igualmente, adecuar leyes para que contengan un enfoque preventivo y no punitivo, así como que se establezca una visión de seguridad humana, reinserción social y reintegración familiar.
Asimismo, fortalecer las acciones encaminadas a la desnormalización de los estereotipos y prejuicios existentes contra las y los adolescentes, cuyo resultado es la limitación para el pleno ejercicio de sus derechos.
Castellanos García, señaló que, de acuerdo con datos del Observatorio del Instituto de Justicia Procesal Penal, de los 13.4 millones de adolescentes de 12 a 17 años que hay en México, en 2019 se detuvieron a 22 mil 246. Ellas y ellos representan 1.6 por ciento de la población que entra en conflicto con la ley.
Con el auspicio de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Zacatecas, precisó que, a partir de estas cifras, se detecta que de las conductas por las que se detiene a las y los adolescentes, las dos terceras partes se deben solo a diversas faltas administrativas y se canalizan a juzgados de justicia cívica.
En el caso de los hombres las principales razones son por alterar el orden público, ingerir bebidas alcohólicas e inhalar sustancias tóxicas, mientras que en las mujeres son por comercio informal, alteración del orden público e ingerir bebidas alcohólicas, entre otras faltas administrativas.
El director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia apuntó que a solo un tercio de las y los adolescentes se le canaliza a justicia penal por las siguientes acciones:
En hombres por narcomenudeo, robo, violación y lesiones, en tanto que, a las mujeres por violencia familiar, narcomenudeo, robo y lesiones.
Subrayó que, en general, las y los adolescentes son en realidad una población que vive condiciones de alta vulnerabilidad, en riesgo y no infractora de la ley.
Mencionó que en 2017 se registraron 234 homicidios contra adolescentes entre 10 y 14 años, y 2 mil 403 contra personas entre 15 y 19 años.
La Secretaría Ejecutiva del Sipinna asume la importancia de colaborar con las y los juzgadores para que el enfoque de derechos se haga realidad en todo el Sistema de Justicia para Adolescentes, siempre mediante análisis y discusiones que permiten diálogos como el que tuvo lugar en este taller.
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