El Ayuntamiento de Mérida deberá pagar 203 millones de pesos a la empresa ABC Leasing, por presuntamente haber cancelado de manera ilegal un contrato para la instalación de alumbrado público.
Así lo determinó el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado tras varios meses de litigio por parte de la empresa que obtuvo el triunfo legal.
Una de las razones del fallo en contra del ayuntamiento, según los magistrados fue la falta de competencia, porque varios de los funcionarios que cancelaron el contrato no estaban facultados y no existe una norma que se los permitiese o indicase.
También se determinó que el ayuntamiento violó los derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa para aportar pruebas antes de ser privada del contrato.
Además se concluyó que el ayuntamiento realizó un peritaje deficiente al utilizar una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.
Ante el fallo, el municipio de Mérida informó que acudirá ante tribunales federales al considerar como “inconcebible” que el Tribunal “continúe demostrando ir en contra de los intereses colectivos para favorecer a unos cuantos particulares”.
