Por Martha Palma

Alcaldes de México | Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.- Con políticas públicas definidas en común acuerdo entre el estado y la sociedad, es posible disminuir la desigualdad y generar oportunidades, priorizando la inversión en el desarrollo de capacidades desde la educación preescolar, además de mejores servicios básicos, concluyeron directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), durante la presentación del Índice de Competitividad Internacional 2019.

Manuel Molano, director general del IMCO, dijo que un sistema de seguridad social universal puede lograr que la productividad de México aumente, acompañado de una educación preescolar eficiente y equitativa, fortalecimiento de los policías locales con capacitación, salario y vivienda digna. Sin olvidar construir mecanismos de evaluación y retroalimentación para transparentar los resultados de las políticas públicas.

La desigualdad y pobreza son factores constantes dentro del índice de competitividad, porque impiden que las personas desarrollen su potencial por la falta de oportunidades, explicó.

El índice realizado por IMCO mide a 43 países, 126 indicadores y diez subíndices, considerando la innovación, el derecho, relaciones internacionales, economía, medio ambiente, sociedad, sistema político y gobierno.

México ocupa el lugar 34 del índice, debido a su falta de competitividad en producción, inversión y población económicamente activa con educación superior.

“El desempeño de México es deficiente, las principales debilidades están en los indicadores que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, por ello es fundamental dar prioridad a la infraestructura y servicios públicos, orientados al bienestar”,  expuso Fátima Masse, coordinadora de proyectos de IMCO.

Las transferencias de recursos mediante programas sociales no son suficientes para reducir la desigualdad; la desigualdad de los ingresos es la primera barrera a vencer, al igual que la discriminación, para que la gente se incorpore a la actividad económica, agregó Manuel Molano.

El directivo propone pensar en un concepto de infraestructura social, donde los beneficios sociales sean mayores que los costos de obras y programas. “Necesitamos políticas públicas efectivas con un impacto real, servidores públicos con criterio independiente, que evalúen lo que se hace en estados y municipios”.

Desigualdad en Salud

El índice señala que el lugar de nacimiento de una persona determina cuánto tiempo vivirá, considerando si tiene acceso a una clínica de salud, medicamentos, doctores y atención preventiva oportuna.

La diferencia de expectativa de vida entre los estados de Nuevo León y Chiapas es de cuatro años, donde Chiapas tiene una expectativa de vida similar a países africanos y Nuevo León se compara con naciones europeas, advirtió Alexandra Zapata, directora general adjunta de IMCO.

“La calidad de los servicios de salud en México es cada vez menor, debido a la insuficiencia presupuestal ante el número de derechohabientes, así como el desabasto de medicinas, insumos y mala calidad del servicio”, agrega. 

Desigualdad en educación

Alexandra Zapata dijo que para cerrar las brechas de desigualdad, es necesario invertir en la educación inicial desde los tres años de edad. En el país no existe un esquema universal, porque el tipo de educación se basa en la fuente de empleo de los padres, ya sea formal o informal.

De igual forma, explicó que el lugar de origen determina los años de estudio.

“En México, los jóvenes se gradúan de la preparatoria con conocimientos de primero de secundaria y más de 5 millones de personas en diferentes zonas del país, no saben leer ni escribir”. 

Desigualdad en el sistema de justicia

Sobre la falta de oportunidades en la impartición de justicia, IMCO resalta lo siguiente:

• El 79% de la población vive con miedo, ya que en el transcurso de 2019 han ocurrido más de 857 mil robos y asaltos.
• Todos enfrentan un sistema de justicia injusto, pero las personas en pobreza deben superar muchas más barreras, como diferencias en el idioma, falta de un buen abogado o de recursos para el pago de trámites y fianzas.
• El 70% de los reclusos son jóvenes con bajo nivel educativo que cometieron el delito de robo, que provienen de ambientes precarios y cuentan con pocas oportunidades de desarrollo.