Por Martha Palma Montes.

Alcaldes de México | 13 de abril de 2022.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED), insta al Estado Mexicano a adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, erradicar la impunidad y abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.

 

Foto: CNDH.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.

El informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones, en las que se señala:

• La necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva. Debe contener acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados. Con esta finalidad, deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas.

El diseño de la política nacional debe involucrar a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes.

• Fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación.
• Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones.
• Remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
• Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial.
• Reconocer el papel de las víctimas.
• Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública. El Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado Mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.

Respecto al último punto, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.

Asimismo, en 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional se encontraban entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y Sedena y la Secretaría de Marina se encontraban entre las 5 autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite.

En ese sentido, el Comité advierte que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución.

Desapariciones forzadas en México

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, entre 2006 y 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98 por ciento tuvo lugar en dicho periodo.

El Comité de la ONU explica que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), durante el que se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios.

De este modo, si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y las fuerzas armadas cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos sociales de oposición, a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas.

Agrega que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.

Además, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas, dentro o fuera del ámbito familiar. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.

El Comité considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, al tiempo que sufren los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones y, además, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.

También resalta su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. De ellos ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances.

Las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones. Estas ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados, con diferentes niveles de involucramiento o aquiescencia de servidores públicos.

El Comité nota con inquietud el aumento de desapariciones de personas a la altura del kilómetro 26 de la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, principalmente conductores de vehículos de transporte pesado y sus acompañantes (206 casos de 2010 a 2021).

Asimismo, el Comité recibió información sobre un importante número de desapariciones relacionadas con el tráfico de combustibles en el Norte del país o del involucramiento de autoridades estatales y municipales de Nayarit, para apropiarse de los bienes de las personas desaparecidas.

En Jalisco y Coahuila, el Comité recibió alegaciones de desaparición de personas tras su internamiento en centros de tratamiento de adicciones.

Impunidad

El Comité afirma que en México, hay una impunidad casi absoluta de las desapariciones, ya que al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.

Crisis forense

El Comité expresa su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, concentran entre el 71 y 73 % de los cuerpos no identificados.

No existe una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas.

Según varios expertos entrevistados por el Comité, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.

 

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