La urbanización es un proceso tendencial e irreversible que produce muchos y graves efectos ambientales, económicos y sociales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta por el continuo crecimiento de las zonas urbanas en el país en forma dispersa, desconexa y expansiva, que ha ocasionado la fragmentación del espacio urbano y aumentado las distancias y tiempos de traslado, lo cual evidencia que el modelo de movilidad que ha acompañado este proceso de crecimiento es claramente insostenible. La urbanización es un proceso tendencial e irreversible que produce muchos y graves efectos ambientales, económicos y sociales.

Para la Comisión Nacional, si bien se advierte una fuerte inversión en el desarrollo de complejos residenciales de interés social, en muchas ocasiones éstos no atienden las necesidades de la población, toda vez que se encuentran alejados de los centros de trabajo o bien en situación de abandono, lo que se traduce en falta de aprovechamiento de los recursos destinados a las políticas de desarrollo de vivienda, sin que se garantice el derecho humano a una vivienda digna.

De acuerdo con cifras oficiales, el 77% de la población de nuestro país radica en 383 ciudades cuya importancia es creciente, ya que el 90%del Producto Interno Bruto (PIB) nacional se produce en ellas y corresponde al 70% de las mismas.

Asimismo, en materia de medio ambiente y cambio climático, se observa un reducido número de municipios que cuentan con programas de acción climática y ordenamiento ecológico, lo que dificulta la adecuada provisión y saneamiento del agua, drenaje y alcantarillado, la recolección y disposición de residuos sólidos, el ordenamiento ecológico, la protección civil y los cambios de uso de suelo.

En ocasión del Día Mundial de las Ciudades –31 de octubre—, la CNDH demanda incentivar el uso eficiente de los recursos a través de presupuestos públicos diseñados con perspectiva de derechos humanos, para apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional, así como mitigar el cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, además de poner en práctica las gestión integral de los riesgos de desastre en todos los niveles.

Por ello el Organismo Autónomo llama a la acción para que autoridades, organismos públicos y privados, así como organizaciones de la sociedad civil, busquen las mejores condiciones de vida para las personas, y pongan especial énfasis en aquéllas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin dejar a nadie atrás, de acuerdo con el Objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Al respecto, esta Comisión Nacional hace referencia a la Recomendación General 32, emitida en julio pasado, que puede consultarse en esta liga, por violaciones a los derechos humanos a la salud, nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública, ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana. En ella dio cuenta de la falta de revisiones exhaustivas y actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud ambiental, por lo que recomendó a la Secretaría de Salud la adopción de estándares de la Organización Mundial de la Salud para elevar los parámetros de protección en salud en todo el país.

Asimismo, se pronunció sobre la inadecuada implementación y/o funcionamiento de las estaciones y redes de monitoreo atmosférico a nivel nacional y señaló la importancia que reviste el transporte público urbano en los centros de población y las alternativas de movilidad al uso intensivo del automóvil, por lo que recomendó a las autoridades estatales y municipales la revisión de vehículos y concesiones de transporte público para detectar unidades altamente contaminantes y estudiar la viabilidad de su reemplazo por unidades cero emisiones, e incentivar la utilización de unidades libres de contaminantes para transitar a un transporte público urbano accesible, eficiente, asequible y no contaminante, que garantice el derecho a un nivel de vida adecuado.

La CNDH recuerda que, en conjunto con la UNAM, promovió el desarrollo del Estudio Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, que puede consultarse en esta liga, el cual analiza el derecho a la vivienda, en busca del mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las personas, con el fin de que sean considerados por las autoridades en los programas, políticas y toda actividad en dicho ámbito temas como seguridad jurídica, habitabilidad, adecuación cultural, entre otros, como parte de una perspectiva de derechos humanos.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015, cerca de 4,000 millones de personas vivían en ciudades y se prevé que ese número aumente a 5,000 millones para 2030. Las ciudades a nivel mundial ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.

La ONU decidió enfocar los trabajos de este año a “Construir ciudades sostenibles y resilientes”, debido a la afectación que han sufrido millones de personas por desastres naturales. En este sentido, resulta crucial que las ciudades desarrollen su capacidad para sobrellevar las amenazas actuales, por lo que en las políticas públicas se debe incentivar el concepto de ciudades resilientes que, mediante una correcta evaluación y planificación, busque prepararse y responder a los riesgos de origen natural y derivados de la actividad humana, repentinos y de inicio lento, esperados e inesperados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció la importancia y el objetivo de esta fecha de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la relevancia de contribuir al desarrollo urbano sostenible, y llama a la sociedad en general sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales, y las consecuencias del uso intensivo de combustibles fósiles, como un factor que intensifica los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica urbana, e invita a una participación más activa en las medidas de mitigación y control de la contaminación, en aras de un entorno más limpio, como espacio público y colectivo.