El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional representaría una respuesta parcial y sesgada a la violencia e inseguridad, pues las enfrentaría con visión coyuntural y de corto plazo.

Aseguró que no se garantiza, ni contribuye de modo alguno a terminar con la impunidad; por el contrario, debilitaría la institucionalización civil y democrática, a la vez que generaría riesgos de vulneración a los derechos de las personas.

Al participar en las Audiencias Públicas en la materia, en la mesa “Derechos Humanos y Guardia Nacional”, indicó que ese órgano contraviene a sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales de derechos humanos, lo cual generaría alejamiento y ruptura con los organismos de protección y defensa de las garantías individuales.

Propuso que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el Régimen Iberoamericano de Derechos Humanos.

González Pérez refirió que de 2013 a la fecha, son 137 denuncias penales que se han interpuesto por violaciones a derechos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De éstas se encuentran en proceso 20; sentencias condenatorias, seis; absolutorias, cinco, y las demás en proceso. En tanto, la Secretaría de Marina tiene 64 denuncias en proceso; una sentencia condenatoria y  dos absolutorias.

Mientras que las responsabilidades administrativas de 2013 a la fecha, suspensión de empleo o cargo de 30 días, dos; amonestación privada, cuatro, esto en la Marina. Por su parte, a la Defensa Nacional, inhabilitación de un año, dos; destitución e inhabilitación de 10 a 15 años, tres, y amonestación pública, cuatro, “todo esto evidencia parte de la problemática”, expresó el titular de la CNDH.

Externó su preocupación de que las reformas en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial, pues se deja de lado la visión integral e insistió en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, en recursos, capacidades y operaciones reales y efectivas; es decir, “no se trata sólo del perfil de sus titulares, sino se requiere de marcos normativos y operativos adecuados”.

“Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad, si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente; en estas tareas los mecanismos externos de la supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante”, sostuvo González Pérez.

Subrayó que la propuesta no establece ningún componente de garantía para que los integrantes de las fuerzas armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que se repliquen esas acciones.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, invitó a los legisladores a que las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional se realicen de manera pausada, reflexiva y apegada a los tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.

Indicó que preocupan cuatro puntos principalmente: primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el pasado. En segundo lugar, la fusión de Policía Federal con las fuerzas castrenses debilitaría la posibilidad de robustecer a las corporaciones civiles.

También, el impacto sobre la investigación del delito y el sistema de justicia penal, que llegaría a tener la reforma y, finalmente, la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, en función de que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad la violencia en el país se ha disparado.

Afirmó que el documento que crea el nuevo órgano de seguridad no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Plantea la participación de las fuerzas armadas, pero no de forma extraordinaria y hace permanente lo que tiene que ser temporal; además, su actividad se propone de manera preponderante y no complementaria”.

Explicó que en una sentencia, la propia Corte reafirma que la seguridad ciudadana debe estar asignada a los cuerpos civiles, y sólo cuando las circunstancias lo ameriten pueden involucrarse instituciones militares, pero con una participación regulada mediante protocolos del uso de la fuerza.

Destacó la necesidad de establecer un mando directo civil para la guardia y quitar la facultad de investigación a los militares. “El documento, como está, abre la posibilidad de detener a una persona en instalaciones castrenses”.

Se desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe a la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la guardia. Agregó que tampoco se contempla facultad del Congreso para legislar con alcance nacional sobre el nuevo organismo.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la propuesta aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara para crear una Guardia Nacional implica la constitucionalización de la militarización del país.

Dijo que la  clave está, sobre todo, en una porción de lo que sería un nuevo párrafo  del artículo 21 de la Constitución, citó; la Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal a través de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta a la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación.

Lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte, ahora se pretende imponer con una reforma a la Norma Suprema; por ello, me permito realizar un respetuoso llamado, a la congruencia por parte de aquellos hoy legisladores, que en su momento se opusieron a la aprobación de aquella legislación, expresó.

A título personal, comentó que la intervención de las fuerzas militares, como se ha dicho, en tareas de seguridad en los estados constitucionales, debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil; eso es lo que dice la teoría constitucional moderna.

Sin embargo, expuso que la reforma constitucional que se propone, aunque técnicamente al menos en principio, estaría blindada contra los controles jurisdiccionales de constitucionalidad, por su contenido, y apartarían al Estado mexicano del paradigma del constitucionalismo moderno.

“Hoy la apuesta debe ser por el fortalecimiento de las policías civiles, por la utilización de la Constitución vigente, por ejemplo, de su artículo 29 y usar a los cuerpos castrenses cuando sea inevitable y, al mismo tiempo, por el paulatino regreso de nuestras fuerzas armadas a las funciones constitucionales que les corresponden”, concluyó.

María Elena Morena Miltre, presidenta de la organización civil, Causa en Común, consideró que la propuesta de militarizar la seguridad pública tiene repercusiones en el sistema político, por lo que es necesario que se promueva la prevalencia del poder civil sobre el militar. “Hay evidencias contundentes que donde están las fuerzas armadas aumenta la violencia y no bajan los delitos; lo que se debe hacer es no disminuir los recursos para las policías municipales y la federal”.

“Me parece grave que en lugar de aceptar que se está militarizando se nos quiera engañar que significa exactamente lo contrario; es ofensivo que esta militarización legal, presupuestal y operativa ahora se venda como un proyecto de desmilitarización”.

Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que el dictamen que crea la Guardia Nacional socaba el régimen constitucional y el federalismo.

Afirmó que la guardia no funcionará para traer seguridad, pues la evidencia es que la militarización exacerba la violencia. “Está visto que ante mayores delitos, más se justifica la reducción de los derechos humanos, y los datos indican que la tasa de homicidios se disparó luego de llamada guerra contra el narco”.

La letalidad de las fuerzas armadas es grande y existe una práctica extendida por todo el país. También ha crecido la tortura y el maltrato; por ello, dijo, se tienen que exigir cuentas al Ejército y la Marina sobre su actuar en los últimos 12 años. “Se les exime de entregar sus índices de resultados y no informan sobre los civiles muertos desde 2014”.

Indicó que es posible establecer una Guardia Nacional de carácter civil sin trastocar la Constitución y arropar legalmente a los militares activando el artículo 29 constitucional, de otra forma, ese órgano de seguridad será un instrumento del gobierno central, advirtió.

Añadió que en el cuerpo del dictamen debe quedar claro que la guardia será civil, así como el régimen transitorio para la utilización del Ejército y su retiro de las calles. Asimismo, robustecer las facultades de fiscalización y solicitud de información a la guardia por parte del Senado.

Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, señaló que la iniciativa que crea la Guardia Nacional mantiene la extrema autonomía y casi total falta de rendición de cuentas que ha caracterizado a las Fuerzas Armadas en México desde 1946.

Indicó que las fuerzas armadas ciertamente no han intervenido de manera directa y violenta en la política, sin embargo lo que sí se tiene en México es una larga historia de autonomía militar extrema y sin controles.

Manifestó que si se va a recurrir a las fuerzas armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, la encomienda debe ser que sea estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, rigurosamente acotada temporal y materialmente, tener un plan de salida explícito y detallado que incluya la vuelta a la normalidad democrática, es decir, al control de la seguridad pública por parte de policías y no de las fuerzas castrenses.

Alejandro Hope Pinson, consultor y especialista en temas de seguridad nacional, propuso a los legisladores votar en contra de este dictamen, derrotar el proyecto y regresar a la mesa de diseño, pues éste se aleja de los modelos que invocan como inspiración y exige procesos administrativos sumamente complejos; es decir, la nueva corporación no tendrá un impacto notable en las condiciones de seguridad del país.

Detalló que la argumentación de la Guardia Nacional es frágil y si bien su aprobación resolvería el problema de constitucionalidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de la seguridad pública, se haría de una manera complicada, pues implica homologar rangos, sueldos y prestaciones al transferir 38 mil elementos de la Policía Federal, 10 mil de la policía naval y luego, en cinco años, regresar a este personal, más 35 mil policías militares, “más los que se sumen” a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Marcos Pablo Moloeznik, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, consideró que crear la Guardia Nacional sería firmar el acta de defunción a la Policía Federal, que es la única corporación civil disciplinada. También reduciría fuerza a la policía naval, lo cual tendría consecuencias, en virtud de que México es un país portuario.

Refirió que las fuerzas armadas sí pueden intervenir en la seguridad pública; sin embargo, se deben cumplir puntos como la declaratoria de Estado de excepción; reconversión profesional de los elementos que participen en tareas de seguridad pública, y  cambiar reglas de enfrentamiento por códigos de actuación apegados a la ley.

Recomendó apartar a las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, de la toma de decisiones en materia de seguridad pública. “Para ese tipo de seguridad se requiere prevención y reacción, pero las fuerzas armadas son de choque y sólo cumplirán con reacción”.

Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, comentó que aprobar la Guardia Nacional sin una ponderación de riesgos en el uso de la fuerza a partir de la evidencia disponible, implicaría una terrible irresponsabilidad.

“La Guardia Nacional, con lo que sabemos hasta este momento, se parece mucho más a un modelo que la teoría conoce como Fuerza de Ocupación y no al texto o discurso oficial alguno que la asocie con un servicio propio de las policías”.

El presidente de la República, de manera muy afortunada, habla de construir un servicio policial que en efecto proteja a la gente pero, de manera muy desafortunada, opta por la vía que no sirve para eso, la militar. El dictamen a discusión no debe ser aprobado, agregó.

El coordinador de Investigación en el Programa de Periodismo del CIDE, Carlos Bravo Regidor, estimó que la guardia propuesta no rescata ni remotamente una visión social del problema de la seguridad. “Sabemos que en las encuestas el uso de las fuerzas armadas es popular, aunque no lo sea tanto la evaluación de su desempeño”.

En este sentido, expuso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de dar a las fuerzas armadas tareas permanentes de seguridad pública, por ello, la respuesta no puede ser reformar la Carta Magna para darle la vuela a esta decisión. Pidió “procesar la emergencia conforme a lo que dice la Constitución y no constitucionalizar la urgencia de seguridad”.

Cuestionó: “Por qué la guardia tendría mando militar cinco años; será para que sea el siguiente gobierno el que se haga cargo, porque lo mínimo sería acortar este plazo a dos o tres años para que sea este propio gobierno el que tenga que hacerse cargo de ese tránsito de la Sedena a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.