El Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó el estudio Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos, en el cual señala que el proceso electoral 2017-2018, estuvo marcado por la violencia política y por la incidencia de presuntos delitos electorales.

El documento advierte que estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro. Prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros.

El Director General del ONC, Francisco Rivas, advirtió sobre los riesgos que corremos como sociedad al normalizar conductas como la venta o el condicionamiento del voto, o la muerte de un candidato por su género y su filiación política. Ambas, constituyen conductas que están lejos de ser parte de procesos democráticos limpios y apegados al Estado de Derecho.

El documento destaca que las cifras proporcionadas por el SESNSP hasta julio de 2018 indican, que Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí fueron los estados con mayor número de carpetas de investigación por delitos electorales en el fuero común. Antes del mes de la elección, en mayo y junio se presentaron los incrementos más importantes de todo el año.

En el fuero federal y durante el mismo periodo, el SESNSP reportó que Quintana Roo, Baja California Sur, Chiapas y Campeche fueron los estados en donde se abrieron más carpetas de investigación por estos delitos.

Francisco Rivas destacó que los principales esfuerzos para prevenir e investigar los delitos electorales los encabeza la FEPADE. Entre 2013 y 2017, 87 de cada 100 expedientes judiciales iniciados y 95 cada 100 expedientes determinados pertenecieron al fuero federal. Poco más de la mitad de las denuncias por delitos electorales que recibió la FEPADE, dijo, provienen o del INE o de los organismos públicos
locales (OPL).

El documento señala que a pesar de que la FEPADE ha obtenido sentencias condenatorias en la mayoría de los casos judicializados, el grueso de las carpetas de investigación no alcanza etapas más avanzadas del proceso penal. Indicó que antes de aumentar las sanciones por estas conductas, es necesario saber qué está fallando en las investigaciones y cuáles son los obstáculos en materia de impartición
de justicia.

Respecto a la violencia política cometida en contra de las mujeres por razón de género, Rivas advirtió que el incremento de la presencia de las mujeres en cargos de elección popular debe ir acompañada de leyes que garanticen sus libertades políticas. Sentenció que, hasta la fecha, la falta de un ordenamiento ha debilitado la respuesta institucional en materia de procuración de justicia.

Es necesario, añadió, que el Congreso de la Unión retome las iniciativas de ley que tipifiquen este tipo de actos a la luz de las 185 agresiones en contra de mujeres cometidas durante el proceso electoral recién concluido.

Además de publicar el estudio, el ONC presentó el micrositio del proyecto y lanzó la segunda etapa de Por Un México Seguro. En esta etapa, serán incorporados todos los gobernadores en turno y se aplicarán diversos cuestionarios para saber cómo ha sido la implementación de las políticas de seguridad y justicia.

El ONC refrendó su compromiso con contribuir a la formación de una ciudadanía informada, comprometida y responsable con la construcción de un Estado de Derecho. Una democracia en la que solo cuentan los votos sin importar la aplicación estricta de las reglas no es una democracia en el pleno sentido de la expresión, sentenció Francisco Rivas.