Por Martha Palma

Alcaldes de México | 6 de junio de 2020.- La propuesta de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público está orientada a fortalecer la planeación, promover e incrementar la competencia económica e incorporar mecanismos para controlar la corrupción en los tres niveles de gobierno.

Esta iniciativa surge de un trabajo colaborativo entre la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.

La propuesta de Ley de Contrataciones plantea seis puntos centrales a fin de renovar el marco normativo:

1. Desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y el Instituto Nacional de Contrataciones Públicas. Una plataforma digital, completamente transaccional, y una estructura institucional que permita ordenar y consolidar un Sistema de Contrataciones Públicas a nivel nacional y abatir las complejidades de los múltiples sistemas en los ámbitos locales.
2. Establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, identificación y prevención de posibles conflictos de interés. Mediante la implementación de sistemas de información estructurados, se facilita la identificación de riesgos de corrupción y de potenciales conflictos de interés u otro tipo de conductas que afecten la integridad de las contrataciones públicas.
3. Fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas. Se ordena que los procesos de planeación se realicen con base en la disponibilidad presupuestal e investigaciones de mercado completas; y que los procesos de contratación se realicen de manera oportuna y viable.
4. Introducir mecanismos para aumentar la competencia por los contratos. Se limitan las causales para entregar contratos de forma directa, y se sanciona con inhabilitación, hasta por cinco años, a empresas que se coludan en concursos públicos. Adicionalmente se hace obligatoria la declaración de oferta independiente, pertenencia a Grupo de Interés Económico e intención de subcontratación como requisito de participación en un proceso de contratación.
5. Tener controles para las contrataciones de gran magnitud y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas. La propuesta incorpora procesos específicos para la planeación, ejecución y vigilancia de estos procedimientos. Se faculta además a la COFECE para emitir opinión previa vinculante sobre las propuestas, además de requerir a los participantes el acreditar sus políticas de integridad corporativa.
6. Mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos. Se establece la obligación de que los entes públicos registren en tiempo real el seguimiento de la ejecución de los contratos; la puesta en marcha de auditorías externas e internas con base en riesgos, así como ampliar los alcances de la participación de testigos sociales y ciudadanos para monitorear el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos.

Los especialistas estiman que durante 2020, el gobierno federal y las entidades federativas podrían gastar más de 2 billones de pesos para la contratación de bienes y servicios, mismos que pueden contribuir a la recuperación económica y permitir la reactivación de empresas y negocios.

“Queremos que el gobierno compre mejor para que los recursos alcancen para más, lograr un sistema eficaz, eficiente, íntegro y en beneficio de todos los mexicanos”, subrayó la titular de la COFECE, Alejandra Palacios, en videoconferencia.

Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que en México existen 122 formas de vender y comprar desde el gobierno. “Necesitamos estándares de información pública que sean prácticos para transparentar procesos y disminuir riesgos de corrupción”.

Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, reconoció que en los gobiernos locales existen obstáculos para la competencia económica. “Algunos municipios cuentan con gobierno digital mientras que otros no, entonces tenemos que trabajar fortaleciendo las capacidades de cuenta pública a través de incentivos como la reelección”.

La propuesta de Ley de Contrataciones ha sido enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión, en el marco del ejercicio de Parlamento Abierto que se desarrollará durante el mes de julio.