En 340 municipios de 15 estados, las autoridades locales han restringido el paso para evitar contagios de coronavirus, advirtió la Secretaría de Gobernación (Segob).

Esto, acusó, forma parte de medidas ilegales y violatorias de los derechos humanos que están implementando gobiernos estatales, municipales o comunitarios.

En el documento: “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”, afirmó que las principales acciones son cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y medidas restrictivas al libre tránsito.

Dichas medidas, consideró Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, no son competencia de autoridades locales, sólo federales.

“Los Gobernadores, como autoridad sanitaria, están facultados para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, algunas acciones que éstos han adoptado, además de rebasar este ámbito, pueden representar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos”, explicó.

“La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías”.

Por ejemplo, enumeró, se ha dictado “toque de queda” en al menos 31 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León.

En Sonora, Michoacán y Jalisco decretaron aislamiento obligatorio y establecieron multas, arrestos y trabajo comunitario a quien incumpla.

Mientras que en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se cerraron las fronteras con estados vecinos, y es estricto el paso en los 21 puentes fronterizos con localidades de Estados Unidos.

El libre tránsito, advirtió la Segob, está garantizado en la Constitución, y podría representar una problematica puesto que en un País donde la mitad de la población trabaja en el sector informal y alrededor del 42 por ciento vive en la pobreza, estas medidas no son eficaces, sino severas y desproporcionadas, apuntó.

Además, indicó, en muchos casos migrantes quieren volver a su lugar de origen y no les es permitido.

Advirtió que si un servidor público causa dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona puede constituir el delito de tortura, por lo que esto está prohibido.

Sin embargo, recriminó, está sucediendo. Por ejemplo, detalló, en Teloloapan, Guerrero, la Policía Comunitaria golpeó a jóvenes por no quedarse en casa.

Excepto Baja California y Morelos, el resto de los estados que detalla la Secretaría son de otros partidos. Las restricciones también se presentan en estados como Tabasco, Veracruz y Chiapas, donde gobierna Morena.

Con información de: Agencia Reforma