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Impulsan castigo al reclutamiento infantil
El legislador local promueve reformas en materia de transporte sostenible y para homologar los reglamentos de tránsito municipales, con mayores penas a quienes provoquen siniestros viales
► Por Martha Palma Montes
FOTO: ROSALÍA MORALES
De enero a abril de este año, las personas de entre 15 y 19 años encabezaron el primer lugar en desapariciones, según datos de 122 reportes del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco, siendo la causa más probable el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
El hecho de que grupos delictivos recluten de forma voluntaria o forzada a personas menores de 18 años no tiene una repercusión legal dentro de la normatividad vigente, debido a la falta de reconocimiento jurídico en la materia.
Para solventar esta carencia, el Diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 164 Ter al Código Penal Federal, el cual señala que se comete el delito de reclutamiento criminal cuando las bandas, asociaciones o pandillas incorporen miembros de manera voluntaria e involuntaria con el propósito de delinquir, y se aplicará pena de siete a 12 años de prisión y de 800 a dos mil 500 días de multa.
Cuando el reclutamiento criminal de personas recaiga en menores de 18 años o mayores de 60 o que, por cualquier otra circunstancia, no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, se aumentará hasta en un tercio la pena señalada en el párrafo anterior.
“Tipificar el reclutamiento es un acto de justicia social para los niños de este país al castigar severamente a quienes realizan esta actividad sin derecho a libertad condicional”, resalta el legislador.
PROTECCIÓN PATRIMONIAL
En otro aspecto de justicia social, en este caso para salvaguardar el patrimonio de las personas adultas mayores, Núñez Aguilar propone incrementar hasta en un tercio la pena de tres meses a cinco años de prisión, correspondiente al delito de robo y despojo, cuando la víctima sea un adulto mayor o con alguna discapacidad.
“Constantemente, vemos a adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos, siendo víctimas de hurto en sus casas, despojo de sus pertenencias o bajados de sus vehículos con mayor facilidad, pensando que no pueden defenderse. Este grupo sigue siendo vulnerable y se necesitan sanciones más severas contra quienes abusan de ellos”, comenta el Diputado.
Ernesto Núñez Aguilar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Desarrollo de Michoacán. Se ha desempeñado como Secretario General del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Diputado local en la LXXV Legislatura del Congreso de dicha entidad y Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia.
PREVENCIÓN DE LA EXTORSIÓN
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que, en 2023, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de cinco mil 213 extorsiones por cada 100 mil habitantes. En el 85.6 por ciento de los casos la extorsión fue telefónica, y pagada en el 12.9 por ciento de las ocasiones.
Ante ello, el legislador propone crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, a fin de reconocer a quienes cometen este delito y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.
En ese sentido, su iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción XLII BIS al Artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que este registro recabará el número telefónico correspondiente a la línea adquirida, nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP) y número de identificación oficial con fotografía.
En el caso de menores de edad, el registro deberá ser acompañado de una persona adulta que proporcione los datos requeridos, y en el caso de turistas extranjeros, se les requerirá su nombre, nacionalidad y número de pasaporte.
Añade que el mal uso de este registro será sancionado conforme a los términos que establece la Ley y demás disposiciones aplicables.
“Esta iniciativa coincide con la propuesta presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Considero que es un tema urgente en nuestro país, especialmente porque los casos de extorsión van al alza; hay quienes delinquen desde el interior de las cárceles y las investigaciones se entorpecen por no contar con el nombre de la persona que adquirió la tarjeta SIM”, refiere el legislador.
