VIGILANCIA CIUDADANA / Corregidora, Qro.

 

MONITOREO VECINAL PARA OPTIMIZAR SERVICIOS

 

La contraloría social ha sentado las bases para que la ciudadanía se involucre en la construcción de obra pública que responda a sus necesidades

 

 

Josué David Guerrero Trápala

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORREGIDORA, QRO.

Por Diana Pinedo Ortega

En el municipio de Corregidora, Querétaro, la vigilancia ciudadana dejó de ser un discurso para convertirse en una herramienta institucional. Desde el inicio de la administración encabezada por el Presidente Municipal Josué David Guerrero Trápala, se puso en marcha un programa de contraloría social que involucra directamente a los ciudadanos en el seguimiento de obras públicas, servicios municipales, programas sociales y, por supuesto, en el monitoreo de los presupuestos asignados.

La idea es sencilla, pero poderosa, organizar comités ciudadanos para que supervisen la calidad, el avance y la correcta ejecución de los proyectos que benefician a su comunidad. Esto no solo promueve la transparencia, también empodera a la ciudadanía y fomenta la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

“Se debe democratizar la toma de decisiones y el manejo del presupuesto, considerar ambos como ejes centrales de un gobierno abierto y transparente. Cuando se brinda a los ciudadanos la oportunidad de participar en la vigilancia de lo que se ejecuta en su entorno, pueden evaluar si los trabajos realmente responden a sus necesidades. Este involucramiento genera un mayor cuidado de las obras y una mayor satisfacción entre las personas destinatarias”, afirma el alcalde.

¿Cómo funciona?
Todo inicia con la selección de los comités de contraloría social, formados por vecinos voluntarios. Para encontrarlos, se realiza una convocatoria puerta por puerta en las colonias donde se llevará a cabo una obra, mejora de servicios o un programa social. En una junta vecinal se explica el proyecto, incluyendo el monto de inversión, el periodo y el método de ejecución. Después, los vecinos interesados pueden postularse para formar parte del comité. La selección se realiza por votación a mano alzada, y el comité queda integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales.

A continuación, los integrantes reciben capacitación técnica y jurídica por parte del gobierno municipal. Aprenden a revisar presupuestos, validar avances físicos, levantar reportes y canalizar observaciones. Una vez capacitados, a cada comité se le asigna formalmente la obra o proyecto al que se postularon y que deben monitorear, desde su inicio hasta su conclusión.

El trabajo de cada comité se realiza en coordinación con la Secretaría de la Contraloría Municipal y el área técnica correspondiente. Al término del proyecto, se entrega un informe ciudadano de evaluación. Si se detectan observaciones, estas se canalizan de inmediato para su atención.

Durante la presente administración se han conformado 30 comités ciudadanos: 11 en el último trimestre de 2024 y 19 en el primer semestre de 2025. Sumados a los establecidos desde 2021, son un total de 181 comités activos.

Estas agrupaciones han supervisado desde pavimentaciones, rehabilitación de parques, construcción de aulas escolares hasta programas de entrega de apoyos sociales. Sin embargo, quedan excluidas aquellas obras que tengan un periodo de ejecución menor a 30 días naturales, las de carácter reservado, las realizadas en contingencias sanitarias o los proyectos y estudios técnicos.

Asimismo, el municipio ha incorporado el Presupuesto basado en Resultados (PbR), una metodología que vincula los recursos asignados con los resultados obtenidos, a fin de optimizar el gasto público. Este modelo incluye un indicador que reporta trimestralmente el número de comités integrados respecto al número de obras contratadas, lo que permite medir la participación ciudadana en la gestión pública.

El municipio también ha innovado con la figura de Contralores Sociales Infantiles, una estrategia que promueve la participación cívica entre los menores, quienes evalúan aspectos como limpieza, seguridad y equipamiento en sus escuelas.

El modelo de contraloría social reduce quejas, fortalece la participación vecinal y la confianza en las instituciones locales.

Hay 181 comités ciudadanos adscritos a la contraloría social que supervisan la ejecución de obras y programas.

Más del 80% de las recomendaciones emitidas por los comités fueron atendidas y permitieron corregir fallas en las obras.

FOTOS: CORTESÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CORREGIDORA

Legitimidad
La figura de la contraloría social no es nueva, está contemplada en la Ley General de Desarrollo Social y es promovida por la Secretaría de la Función Pública federal. Sin embargo, no todos los municipios del país la han implementado de forma sistemática.

En Corregidora se diseñó un modelo propio que adapta esos principios a la escala municipal. Incluye reglamentos internos, formatos estandarizados y un sistema de seguimiento digital que permite registrar los avances de cada comité. También se ha capacitado a servidores públicos para acompañar a los ciudadanos sin interferir en su autonomía.

“Esto contribuye a transparentar la inversión de los recursos mediante la vigilancia ciudadana en casi el 100 por ciento de las obras realizadas con recurso municipal”, explica Carlos Olguín González, Secretario de Control y Evaluación municipal.

Los comités ciudadanos reciben capacitación técnica y jurídica para aprender a revisar presupuestos y validar avances de los proyectos

Resultados
De acuerdo con la Secretaría de Control y Evaluación, más del 80 por ciento de las recomendaciones emitidas por los comités ha sido atendida, lo que ha permitido corregir fallas durante la ejecución de obras, mejorar la calidad de los materiales utilizados y resolver problemas en la entrega de apoyos sociales.

Carlos Olguín recuerda uno de varios casos en ese sentido. Fue durante la obra de un acceso vehicular en la colonia Filosofal, Los Overa. “Aunque el propósito original de la obra era mejorar la accesibilidad a la colonia, gracias a la intervención del comité se realizó una inversión mínima adicional para colocar tubería que separara el drenaje pluvial del sanitario. Esto resolvió la problemática de saturación del drenaje, especialmente en épocas de lluvia, que generaba inundaciones y molestias a los vecinos”.

Además, se ha reducido el número de quejas formales presentadas por los colonos, ya que los reportes ciudadanos se canalizan con mayor rapidez. En este caso, el protocolo de respuesta es de solo seis días, desde que se recibe una queja del comité hasta que la misma debe ser respondida.

“La contraloría social ha sentado las bases para fortalecer el vínculo de comunicación entre el municipio de Corregidora y la ciudadanía, así como para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, lo que enriquece los resultados y la satisfacción de los ciudadanos”, asegura el alcalde Guerrero Trápala.

El objetivo de la actual administración no es solo cumplir con lineamientos administrativos, sino también “promover un ambiente de cercanía y confianza, donde la ciudadanía se sabe escuchada y atendida en sus necesidades y se entusiasma a participar en la vigilancia de las obras y programas de los que son beneficiarios”, añade el edil.

El caso de Corregidora muestra que la contraloría social no solo es viable, sino también efectiva. Involucrar a los ciudadanos como aliados activos del gobierno es una apuesta que requiere esfuerzo constante, pero que rinde frutos visibles: obras mejor ejecutadas, recursos bien utilizados y una ciudadanía más participativa, que ve realmente atendidas sus necesidades e inquietudes.

“Es muy satisfactorio ver que los ciudadanos se involucran en la vigilancia de la ejecución de las obras que son para su beneficio, las cuales también suelen enriquecerse con las aportaciones que realizan los comités de contraloría social”, relata Guerrero Trápala, quien asegura que en Corregidora se seguirá apostando por un gobierno cercano, eficiente y vigilado por su gente, a través de este mecanismo.