En octubre inicia el segundo año de gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Como la mayoría de los presidentes mexicanos en su primer informe, Sheinbaum celebró logros, presumió avances y proyectó un México mejor para los próximos años. Está en su papel, y difícilmente podría ser de otra manera. El problema está en la perspectiva que nos espera para 2026. Por lo pronto, después de los festejos patrios, el debate se centra en el presupuesto para el año entrante, las posibilidades de crecimiento y las nuevas reformas que se esperan en el Congreso de la Unión.

El proyecto presupuestal anuncia con optimismo más de lo mismo. Los programas sociales siguen siendo la prioridad de este gobierno, respaldados en la medición de la pobreza que anunció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el mes pasado. Los analistas saben que los números de la reducción de la pobreza son ciertos y que la medición se hizo con una metodología probada por el desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo, esto no significa que el rezago educativo se haya reducido o que el acceso a los servicios de salud haya dejado de ser una de las mayores carencias de la población en situación de pobreza. De hecho, según los datos del Inegi, 44.5 millones de personas presentan hoy esta carencia, cuando en 2016 eran solo 18.8 millones, lo que afecta principalmente a la población infantil y a las personas en pobreza extrema. Además, la distribución geográfica de la pobreza sigue siendo la misma: las entidades más pobres se mantienen igual o peor. De ahí el énfasis en destinar más presupuesto a los programas sociales, cueste lo que cueste, aunque, lamentablemente, el gasto en salud y educación siga reduciéndose.

Por otra parte, en materia de energía se mantiene la premisa de “más de lo mismo”. El énfasis está en rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya deuda seguirá siendo apoyada por el Estado; se insiste en destinar recursos a la refinación del petróleo en lugar de generar un proyecto equilibrado de exploración y extracción, y se condiciona fuertemente cualquier intervención de la iniciativa privada. Hasta ahora, el gobierno ha logrado mantener el crecimiento de los programas sociales, el financiamiento a Pemex y las obras faraónicas, a pesar de haber agotado los fideicomisos y fondos existentes. La pregunta es si el dinero alcanzará para mantener esta estrategia económica y política. Para la Presidenta y Morena, la experiencia demuestra que, aun sin mayor crecimiento económico, esta estrategia sí genera votos. El problema es qué perspectiva de crecimiento tiene nuestra economía en estas circunstancias.

En todo caso, el debate sobre el presupuesto estará presente durante las próximas semanas y comenzará la rebatinga por las reducciones en cada rubro. En ese sentido, habrá que observar cómo queda el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), pues 2026 será un año electoral —al menos de septiembre en adelante— y, además, está en ciernes una reforma electoral orientada a reducir el financiamiento a los partidos políticos y el costo de las elecciones, según ha declarado la Presidenta Sheinbaum.

Por lo pronto, el anuncio de la reforma electoral desató numerosas reacciones en los ámbitos académico, intelectual y de la sociedad civil, mientras que la Comisión Presidencial para dicha reforma se tomó su tiempo para arrancar las consultas. El debate se intensificará semana tras semana. En cualquier caso, el error seguirá estando en creer que, con reducir el presupuesto del INE, desapareciendo a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y quitándoles recursos a los partidos, nuestra democracia mejorará. Octubre nos dará algunas pistas al respecto, pero la decisión final se reflejará en el presupuesto.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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