Expediente Abierto
► Alumbrado Público ♦ Opinión
Los municipios tienen a su cargo la prestación de ciertos servicios de interés local, inherentes a la satisfacción de las necesidades primarias de las personas y a su calidad de vida, entre ellos, el alumbrado público.
El alumbrado público tiene algunas características distintivas; es un servicio de acceso universal y de uso directo, en el que basta con que el usuario se coloque en un espacio público iluminado para recibirlo, a diferencia, por ejemplo, del suministro de agua potable que habitualmente depende de una relación contractual entre el organismo operador y el usuario; es también un servicio intermitente que solo tiene sentido que se preste durante la noche, a diferencia del uso de las calles o de los parques, que suele ser permanente.
El servicio de alumbrado público genera, además, una condición peculiar: cuando una persona se ubica en un espacio público iluminado, se convierte no solo en usuaria del servicio, sino también, lo quiera o no, en objeto de este. Dado que su principal propósito es mejorar la visibilidad del entorno en horario nocturno, es evidente que toda persona ubicada en un sitio iluminado no solo puede ver mejor, sino que también puede ser vista.
Por ello, el alumbrado público es considerado, sobre todo, como un servicio indispensable que está directamente relacionado con la seguridad de las personas que utilizan las vialidades y los espacios públicos en horario nocturno. Este servicio provee, además, un componente importante en el mejoramiento de la imagen urbana, lo que, a su vez, redunda en el incremento al valor de la propiedad inmobiliaria colindante con áreas públicas iluminadas.
Lo anterior sustenta la creciente demanda para que las vías y espacios públicos estén iluminados de manera permanente, regular, continua, uniforme y adecuada, con la consecuente presión financiera sobre los gobiernos municipales para atender esta necesidad inherente a la calidad de vida de las personas.
Todo reto representa una oportunidad, y esta no es la excepción; los gobiernos municipales se encuentran en una situación privilegiada para impulsar la transición hacia un uso más eficiente de la energía, a fin de mejorar los servicios urbanos, estimular el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, hacer más eficiente la aplicación del gasto público y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) ha calculado que podría alcanzarse hasta un 50 por ciento de reducción en el consumo de energía con la instalación de luminarias eficientes en la red de alumbrado público, y hasta un 40 por ciento mediante el uso de bombas de agua más eficientes y la implementación de programas de eficiencia y sostenibilidad energética en edificios municipales.
Para implementar estas inversiones es necesario superar algunas barreras aún imperantes, como ciertas restricciones de tipo regulatorio, la falta de conocimiento local sobre intervenciones redituables, así como la limitada capacidad institucional para implementar esta clase de proyectos; sin embargo, la oportunidad está servida.