PANORAMA ELECTORAL RUMBO A 2026-2027

►Por Lucero Almanza Escalante
FOTO: DREAMSTIME

En 2026 y 2027 se realizarán elecciones en diversas entidades del país, incluyendo la renovación del congreso local de Coahuila y el cambio en 17 gubernaturas, respectivamente, lo cual representará –sobre todo los comicios de 2027–, una etapa de transición y redefinición del mapa político nacional, donde la seguridad continuará siendo un riesgo para las candidaturas locales, de acuerdo con especialistas del sector.

Si bien los estudios de opinión muestran que Morena, el partido en el poder, tiene alta aprobación y respaldo social, sobre todo en el ámbito federal, también es cierto que se percibe un desgaste, tanto de actores políticos como de su eficiencia como gobierno, señala Ricardo Escutia Miranda, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana (Ibero). "Esta percepción se deriva de la incapacidad de traducir su legitimidad electoral en eficacia gubernamental; vemos las calles descuidadas y obras que no aportan a mejorar la calidad de vida, por lo que el país podría entrar en una etapa de fragmentación del voto y de competencia más abierta", expone.

En junio de 2026 se llevarán a cabo comicios en Coahuila para la elección de diputados locales. En tanto, en 2027 se realizarán elecciones para el cambio de 1,088 diputaciones locales, 680 presidencias municipales y 17 gubernaturas, éstas últimas en los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Escutia Miranda considera que ningún partido político por sí solo podrá lograr mayoría o predominancia, especialmente para una influencia nacional, por lo que las coaliciones y candidaturas conjuntas (por ejemplo, Morena-PT-Verde o PAN-PRI-PRD-MC en distintas combinaciones) serán una estrategia recurrente que les permita capitalizar sus esfuerzos a través del voto.

Asimismo, la volatilidad del electorado y el voto de castigo marcarán la tendencia general. "En 2027 entraremos en un periodo de reacomodo político y quizá hasta estructural respecto al sistema de partidos, lo que podría traer reformas interesantes que apunten a la democratización", sostiene el especialista.

También agrega que existe apertura a nuevos polos de poder, por lo que el deterioro de la imagen institucional de Morena podría traducirse en la pérdida de votos en espacios urbanos y de la clase media, a quienes han dejado en el olvido.

Otros aspectos para considerar, que incidirán sobre la imagen del partido oficial, son el desencanto generalizado ante la falta de resultados en seguridad, salud, infraestructura y economía a nivel nacional, así como las tensiones internas entre facciones locales, que abarcan corrientes, liderazgos, movimientos de base y oportunismo político.

Al cierre de esta edición, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de la Cámara de Diputados prepara un anteproyecto de iniciativa que no tiene fecha de presentación, el cual impulsará cambios en el modelo electoral y de partidos, que sin duda impactarán los liderazgos políticos.

EL RIESGO LATENTE

Para los próximos comicios locales, el tema de seguridad continuará como una constante. Armando Vargas Hernández, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, considera que este año el proceso electoral será de baja intensidad: "Solo Coahuila renovará su Congreso local, en un contexto en el que el riesgo de violencia político-criminal se considera reducido".

La dinámica de competencia partidista en ese estado es estable y su aparato de seguridad local mantiene niveles relativamente altos de profesionalización. "En cambio, las expectativas para el proceso electoral de 2027 son considerablemente más complejas", asegura. El especialista de México Evalúa menciona que el riesgo de que se repita un clima de violencia político-criminal en 2027 es alto, aunque diferenciado territorialmente.

Las agresiones, indica, se concentran en entidades donde convergen disputas entre grupos delictivos y fragmentación política, como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas; mientras que estados con instituciones más estables, como Querétaro o Aguascalientes, presentan un riesgo bajo.

La información de México Evalúa muestra que 2024 cerró con 610 víctimas de violencia político-criminal, lo que implica un incremento de 7 por ciento respecto a 2023, y de 256 por ciento respecto a 2018, confirmando que la violencia electoral ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una característica estructural de la política local.

"Este riesgo obedece a la consolidación de regímenes criminales locales, en los que las organizaciones delictivas ya no actúan como actores marginales, sino como intermediarios de poder. Los grupos criminales han desarrollado capacidad para regular economías, castigar disidencias y determinar la composición de los gobiernos municipales", comenta Vargas Hernández. En este contexto, cada proceso electoral se convierte en un momento de riesgo sistémico. "El crimen organizado no solo busca rentas económicas, sino también continuidad política y control institucional", señala.

Es así que recuperar la confianza ciudadana, renovar cuadros políticos y construir liderazgos auténticos, enfrentar la violencia política y el crimen organizado, así como ofrecer plataformas de gobierno realistas y medibles, son los retos a superar para quienes contiendan por los próximos cargos locales.