El debate sobre la reforma electoral quedó abierto una vez que se cumplieron los tiempos previstos, y el gobierno hizo su propuesta final. Ahora todo está en manos del Congreso de la Unión. Dadas las propuestas, serán necesarias reformas a la Constitución y luego ajustar los cambios en la legislación secundaria. Normalmente, el proceso de reforma debería tomar algunas semanas de debate parlamentario y de construcción de acuerdos entre las comisiones. Sin embargo, ello podría simplificarse si Morena y sus aliados imponen su mayoría y dejan fuera a la oposición, como ha ocurrido hasta la fecha.

En todo caso, prevalece la intención de aprobar una reforma que reduzca los costos de la democracia y el financiamiento a los partidos políticos; que modifique el modelo de la representación política y el tamaño de las cámaras que componen el Congreso de la Unión, incluyendo una revisión al sistema de representación proporcional para su integración, y otras múltiples propuestas. Al momento de escribir estas líneas, lo que conocemos son algunas premisas de las que parte el oficialismo para sostener su propuesta.

Por un lado, Arturo Zaldívar escribió en Milenio (13 de enero) lo siguiente: "Tras el fracaso de la denominada 'transición' —que no trajo igualdad ni democracia— y con la llegada de la Cuarta Transformación, México cambió". Para el asesor presidencial no ha habido democracia, por lo que se podría decir que incluso los triunfos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum no fueron democráticos. La democracia es producto de un conjunto de prácticas que se desarrollaron al compás de la construcción de instituciones que la hicieron posible. Gracias a ello llegaron al poder, democráticamente, quienes hoy gobiernan. Con todo, el oficialismo no es capaz de reconocer el más mínimo aporte de las instituciones que ellos mismos, en su momento, ayudaron a construir. Esa premisa solo anuncia que prevalecerá la concepción de democracia que tiene hoy el grupo en el poder, que no incluye a la oposición en la toma de decisiones.

Por otro lado, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó su propuesta a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez no tuvo empacho en declarar que no estaba de acuerdo con la autonomía de las autoridades electorales, pero sí con su independencia para ser imparciales. Para entonces, el Instituto Federal Electoral (IFE), y después para el INE, la autonomía significó la capacidad de dictar sus propias reglas de funcionamiento y de toma de decisiones, con base en el marco general establecido en la ley. La autonomía permitió que no hubiera imposiciones externas para organizar el trabajo electoral, en especial de parte de algún gobierno. Para el IFE y el INE, la autonomía significó la posibilidad de reforzar su independencia. Eliminar la autonomía recuerda aquella época en la que la Secretaría de Gobernación presidía el Consejo General, a pesar de que los consejeros fueran nombrados por el Congreso. El augurio de Pablo Gómez no es bueno, pues anuncia una mayor intervención gubernamental en la vida interna de la autoridad. En todo caso, para corregir al INE de sus eventuales errores e interpretaciones alternativas de la ley, el sistema proveía un Tribunal Electoral también autónomo e imparcial para dictar la última palabra.

Todos los detalles legales que se deriven de las premisas de las que parte el oficialismo serán pasos en reversa de nuestra joven democracia. Es un error pensar que elecciones baratas es sinónimo de democracia. Lo importante es construir un modelo en el que las elecciones sean limpias, los resultados creíbles y transparentes, y la ciudadanía esté cabalmente representada en los órganos de gobierno. Durante febrero, el Congreso morenista decidirá si realmente está interesado en la democracia. Hoy no lo parece.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)