Por increíble que parezca, a la entrega de estas líneas aún no ha llegado al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma electoral prometida para finales de enero pasado. Si ha de aprobarse la reforma, como insiste la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a estas alturas, en pleno marzo, usted ya debe conocer al menos sus principales contenidos. El tiempo debe haberse convertido en un elemento de presión, dado que a los cambios constitucionales seguirán los cambios legales. Para finales de mayo todo debe haber concluido y las autoridades electorales empezarán a preparar el proceso de 2026-2027.

La incertidumbre siguió siendo la tónica durante las primeras semanas de febrero, por lo que al leer el proyecto el primer análisis versará sobre qué tuvo que ceder el gobierno ante las protestas de sus partidos aliados, especialmente en su financiamiento público y la representación de las minorías mediante el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión. O bien, la pregunta sería qué obtuvieron los partidos aliados a cambio de aceptar las propuestas gubernamentales.

Con todo, es evidente que la lucha por los contenidos definitivos de la propuesta no solo fue difícil, sino que también generó discrepancias importantes entre partes del grupo gobernante. Es posible que aún durante marzo esas discrepancias permanezcan y que sea en la definición de las reformas legales donde las partes logren limar asperezas. En todo caso, las características de la elaboración del proyecto fueron tan atropelladas que generaron una pérdida de confianza sobre los objetivos que persigue el gobierno con los cambios, incluso sobre la imparcialidad y autonomía que podrían verse afectadas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En este sentido, al leer el proyecto de reforma, uno podría preguntarse qué elementos generadores de confianza y certidumbre se incorporaron en la norma para mitigar la crítica y dar algún espacio de confianza a la oposición, que ha reclamado su exclusión en las deliberaciones del proyecto. En reformas anteriores, la búsqueda del concurso de la oposición fue uno de los motores de los cambios. La meta consistía en establecer más y más mecanismos de seguridad para mitigar las desconfianzas y garantizar mejores condiciones para la competencia. Incluso, las reformas anteriores vinieron acompañadas de la modificación en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Así ocurrió en 1994, 1996, 2008 y 2014.

¿Qué medidas de este tipo incluyeron ahora? Aquí el punto no es solo que Morena y sus aliados pudieran hacer lo que quisieran con sus mayorías en ambas cámaras. La cuestión consiste en establecer contenidos que proporcionen un mínimo espacio a la oposición para dar credibilidad y certeza a los próximos comicios. A nadie, empezando por la Presidenta de la República, le conviene tener elecciones poco confiables que recuerden las épocas de conflictos poselectorales interminables. Es mucho lo que está en juego en la próxima elección, dado el contexto de tensión e inseguridad que prevalece. Sean quienes sean los ganadores de las próximas elecciones, el reto debe ser que ganen bien, sin intervenciones gubernamentales y sin recursos mal habidos, solo por la fuerza de los votos. Por eso hay que buscar en la lectura de la reforma elementos que apunten al consenso, aunque los votos estén garantizados para Morena y sus aliados.

Por lo pronto, siguen multiplicándose los grupos que buscan evitar la aprobación de una reforma electoral regresiva. Tal es el caso del Frente Amplio Democrático, el cual junto con otras manifestaciones de grupos similares ha expresado su preocupación por lo que podría significar dar marcha atrás en nuestra joven democracia. La reacción del oficialismo ha sido la descalificación. Ojalá que diputados y senadores entiendan la trascendencia de las decisiones que tomarán durante marzo para nuestra democracia.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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