Blindaje contra la corrupción para servidores públicos

 

Los funcionarios del país tienen la responsabilidad de cumplir con diversas normativas anticorrupción, pues existe el riesgo de ser imputados por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

   

►Por Redacción Alcaldes de México
FOTOS: ROSALÍA MORALES

En el servicio público, prevenir la corrupción evita muchos problemas penales y para ello es importante que quienes toman las decisiones tengan la intención de erradicar las conductas ilícitas a través de manuales de cumplimiento, señalaron expertos del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca, durante el seminario virtual “Blindaje para servidores públicos”, organizado por Alcaldes de México.

Los abogados panelistas explicaron que los servidores públicos de México están obligados a respetar la Constitución y cumplir con los tratados internacionales que el país ha firmado en materia anticorrupción, a fin de no incurrir en delitos en la materia.

Detallaron que, a partir de la reforma constitucional de 2019, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa aplica a los servidores públicos imputados por el delito de corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, como es el uso de programas sociales con fines electorales, cohecho, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago indebido de remuneraciones, concusión e intimidación, entre otros.

“Antes, la prisión preventiva solo se consideraba para los delitos de alto impacto, como secuestro, delincuencia organizada y homicidio doloso, y ahora también aplica en materia de corrupción”, explicó Marco Chávez Vaca, Socio de Martínez Ocampo & Chávez Vaca.

Cuando un servidor público no es responsable de la conducta que se le está imputando, pero el Juez de control determina cierta probabilidad, la duda razonable opera hasta la sentencia definitiva, en tanto, el servidor público estará privado de la libertad sin que pueda cambiar la medida cautelar de prisión preventiva, agregó.

“En México, la vinculación a proceso tiene un estándar aprobatorio mínimo, solo requiere rendir declaración, formular imputación y dar cuenta de la investigación por un Juez de control; el proceso se lleva en una cárcel, lo que es sumamente difícil para los servidores públicos.”

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
De acuerdo con Jorge Martínez Ocampo, Socio Director de Martínez Ocampo & Chávez Vaca, del compliance han derivado nuevas normas, como las de la Organización Internacional de Normalización (ISO), presentes en más de 200 países y cuyo objetivo es promover la aplicación de estándares internacionales en calidad, seguridad y responsabilidad social.

El compliance gubernamental es el cumplimiento de la normatividad para prevenir y detectar riesgos de corrupción, detalló el abogado, y agregó que su finalidad es generar una cultura basada en la integridad y gestión responsable, además, contribuye a una mejor toma de decisiones.

“Las concesiones son muy importantes porque inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, en cuestiones que son responsabilidad del Estado mexicano. Y son necesarios protocolos de revisión y vigilancia que aseguren que las concesiones han sido otorgadas con apego a los lineamientos legales y principios éticos”, apuntó.

BLINDAJE DE GESTIÓN
Para cumplir con las normativas y prevenir la corrupción, la labor de un oficial de cumplimiento es fundamental para que los servidores públicos estén preparados y libres de responsabilidades penales ante auditorías y fiscalizaciones.

“Lo importante es que, cada vez más, se vaya creando un ideal ético sobre el servicio público, además, el manual de compliance, con el paso de los años, puede convertirse en una obligación para implementar en todos los municipios”, advirtió Jorge Martínez Ocampo.

“El compliance representa, además, una transición de poder aseada y ordenada, ya que permite que haya claridad en la revisión de cuentas”, agregó Marco Chávez.