Cannabis legal, nuevos escenarios y retos

►Por Martha Palma Montes
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El 4 de marzo de 2020, las comisiones unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, aprobaron en lo general el dictamen que expide la Ley para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Sin embargo, la discusión de las reservas en lo particular se suspendió debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El dictamen para la regulación del consumo lúdico, comercial y medicinal de la marihuana prohíbe el consumo a menores de edad, permite la portación individual de hasta 28 gramos y propone crear el Instituto Mexicano del Cannabis.

Este hecho generó posiciones encontradas entre sectores que se han manifestado en favor de regular el consumo de esta droga y entre quienes se oponen a ella, o quienes consideran que debe hacerse mediante otros mecanismos.

El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, expresa su total rechazo a dicho dictamen, promovido por el senador Julio Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia.

“Es un modelo que busca controlar la semilla, misma que debe ser legal para su producción, el problema es que todas las semillas de nuestros productores nacionales son ilegales, los únicos que tienen semillas legales son los productores internacionales, es decir, los canadienses”.

Explica que comprar semillas a grandes trasnacionales provocará que los campesinos no puedan competir en el mercado. “Ese es el peor escenario para México, porque mantendremos un mercado negro enorme, con la represión penal que recrudece el dictamen y abre la producción a las empresas internacionales. En caso de aprobarse, el mercado lícito sólo estaría abierto a la exportación”, añade.

Este dictamen, puntualiza, también exige que la producción para autoconsumo se haga con semillas lícitas, y el costo de importar desde Canadá es de 120 mil pesos, por lo que ningún cultivador casero tendrá esa cantidad, es una forma también de inhibir los clubes cannábicos.

Sostiene que en Canadá ya hay una industria legal que fue construida sobre semillas ilegales y es un absurdo de la nueva ley exigir que la cepa sea legal, porque en el momento de eliminar la prohibición, se asume que todas las semillas dejan de ser ilegales y se pueden usar.

Por su parte, el Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo advierte que el dictamen aprobado en lo general en el Senado, necesita precisiones técnicas en los conceptos. “El costo del diseño para la regulación que ahí se plantea es muy alto, es difícil pensar que un agricultor vulnerado por el crimen organizado, tenga la capacidad de adquirir una licencia o contratar personal para cumplir con los lineamientos correspondientes”, analiza la presidenta del organismo, Eda Myrna Martínez Pazarán.

Afirma que el esquema propuesto en el Senado contiene barreras muy altas para la participación de personas económicamente vulneradas, lo que llevaría al país a una dinámica de consumo, en vez de un modelo mixto con la intervención del gobierno y del sector privado.

“Sin embargo, no favorece a ningún sector gracias a las licencias excluyentes, es decir, se rompe la verticalidad del mercado, un agricultor no puede ser al mismo tiempo quien procese, transforme o comercialice al usuario final”.

Un punto relevante del dictamen es la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, instancia encargada de emitir las licencias, verificar la calidad del producto, la evidencia y manejo de riesgos, además de las visitas de verificación, que sea dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). “El reto es evitar duplicar funciones con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, señala Eda Martínez.

Por su parte, Alejandro Madrazo propone un modelo mixto, donde haya producción y venta privada de cannabis pero la intermediación estaría a cargo del Estado, es decir, monopolizando la compra de esa producción privada al mayoreo y la venta a pequeños distribuidores para llegar a los consumidores al menudeo. “Este modelo permite integrar tanto a los productores, campesinos y distribuidores que suelen ser pequeños comerciantes en los barrios más pobres de las ciudades”.

Afirma que campesinos y pequeños productores podrían integrarse al mercado legal, además de calcular que hay 200 mil familias dedicadas a la producción y el cultivo, las cuales no pueden quedar excluidas del nuevo mercado lícito.

“A quien sí necesitamos excluir es a los narcotraficantes, que el Estado monopolice la compra al mayoreo y mantenga relativamente pequeñas a las empresas, de forma que éstas no corrompan al organismo regulador como lo hicieron las tabacaleras”.

En este modelo mixto también propone la creación de un órgano regulador diferente a la Cofepris y un órgano monopolista de compras al mayoreo y distribución a menudistas.