Expediente Abierto

►Transparencia Proactiva ♦ Opinión

Cada cambio de administración gubernamental, sin importar el nivel, oscila la misma promesa, la misma pregunta: ¿Qué pueden hacer diferente?

Sin embargo, algo que pocas veces cuestionamos y que está intrínsecamente relacionado con esta premisa es cómo los evaluamos. Y es ahí, también, donde el cambio al gobierno digital cobra particular relevancia.

La tecnología tiene el poder de democratizar el acceso a la información y, por tanto, dar a los ciudadanos el poder de interactuar con las instituciones bajo el amparo de la transparencia y la confiabilidad. El gobierno digital va más allá de la automatización y simplificación operativa, es también una herramienta para medir las acciones, facilitar la rendición de cuentas y realizar proyectos centrados en resultados, haciendo de los datos un factor clave en la toma de decisiones.

Aunque en los últimos años hemos visto cada vez más ejemplos de aplicaciones y procesos digitales, los gobiernos en el mundo aún tienen importantes limitantes, como la infraestructura, la seguridad, y claro, el presupuesto. En contraste, los beneficios resultantes de la digitalización podrían construir un futuro mucho más positivo para la administración pública, ayudando a fortalecer la confianza y transparencia de las instituciones, al tiempo que crean servicios más eficientes al apalancar inteligencia de datos y simplificación de procesos.

La adopción de nuevos dispositivos y nuevas tecnologías puede ayudar a reducir costos, especialmente bajo esquemas de arrendamiento, minimizando gastos relacionados con la puesta en marcha, configuración, reparación e incluso en el propio consumo eléctrico de los equipos, sin importar que se trate de soluciones de cómputo personal o en servidores e infraestructura de red.

Adicionalmente, los sistemas modernos cuentan con capacidades de seguridad avanzadas, garantizando la integridad de los datos, de personas e instituciones públicas, al estar mejor protegidos ante brechas y ataques informáticos.

Es decir, con la mera actualización de la base instalada, estableciendo una estrategia de digitalización en ciernes, la administración pública puede incentivar la confianza en las instituciones y sus proyectos, simplificar la ejecución de tareas de una forma flexible y ágil, así como desarrollar inteligencia operativa a partir del capital de datos a su alcance.

En este panorama, los datos aparecen como un activo central para habilitar el progreso digital, brindando información contextualizada, indicadores, patrones de uso y termómetros de opinión pública que ofrezcan al gobierno un conocimiento más profundo de los problemas locales, ayudándolos a atender de manera óptima las preocupaciones de la comunidad.

Contando con soluciones ágiles y confiables, la administración pública comienza a construir capacidades de escalabilidad e inteligencia, empleando tecnologías de conectividad y procesamiento en la nube que pueden aprovechar el capital de datos para desarrollar estrategias ciudadanas eficientes, cubriendo los requisitos fundamentales de normatividad, confidencialidad y privacidad de la información.

Apalancando la revolución digital, hoy más que nunca, los gobiernos tienen a su alcance una serie de herramientas sin precedentes para impulsar el crecimiento económico y la productividad, mejorando la calidad de vida de las personas de una manera más cercana y eficiente.

*Director de Comercial y Ventas de AMD en México, Centroamérica y el Caribe.